¿Dónde está Juanito? Desaparición forzada en Guanajuato, repetición, no reparación

En Guanajuato y en México sí hay desaparición forzada, y evidentemente es por parte del Estado. Se reproducen prácticas de terror por parte de las fuerzas armadas, una y otra vez: José Juan Arias Solís, adolescente de 14 años, fue desaparecido forzadamente el 19 de junio pasado por elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional en Valle de Santiago, registrándose la ubicación de su celular en las inmediaciones de la sede de la Fiscalía General del Estado. Los militares, acompañados por ministeriales, privaron al joven de la libertad y se lo llevaron en uno de sus vehículos, después de golpearlo. No se sabe ya nada de él, sus papás lo esperan en casa, que regrese con vida, y hacen un llamado a la sociedad para que no sea indiferente.

Entre el 3 y el 5 de septiembre, en el marco del XIV Congreso Internacional de Historia Oral: Voces y Silencios de las Realidades Contemporáneas, en la ciudad de Morelia, he decidido presentar una temática preocupante, recurrente, irresuelta: la desaparición forzada de personas, cometida directamente por servidores públicos, particularmente las fuerzas armadas y las fuerzas policiacas.

Esto es a partir del trabajo de memoria realizado con la familia de José Salvador Cárdenas Fuentes, quien también fue desaparecido por elementos de SEDENA el 17 de marzo del 2017 en Rancho Nuevo del Llanito, Irapuato, y encontrado sin vida, con un disparo en la cabeza, una semana después. Gracias a un amparo buscador interpuesto el 19 de marzo de 2017 por la familia, el poder judicial pudo realizar investigaciones y diligencias. Es un caso que guarda ciertos parecidos con el de José Juan Arias en Valle de Santiago, en el marco de operativos que, en la práctica y la vivencia de los sobrevivientes, acaban implementando políticas de “tierra arrasada” contra la población.

En el caso de Salvador, en 2017, la investigación judicial demostró la participación directa de las fuerzas armadas, lo cual llevó a una sentencia, derivada del amparo 241/2017 por violaciones graves a derechos humanos, en contra de integrantes XII Zona Militar y el 8vo Regimiento Blindado de Reconocimiento en Irapuato. No es una sentencia penal, pero tiene efectos vinculantes y reconoce las violaciones cometidas y la responsabilidad castrense.

El caso es único. Sentó un antecedente importante la disculpa pública que representantes del Ejército y de los batallones, encontrados responsables de graves violaciones a derechos humanos, aunque todavía no hay nombres de culpables concretos, tuvieron que rendir en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato capital el 18 de enero pasado, como acto de reparación simbólica y restauración de la dignidad y la reputación de la víctima.

La familia en aquella ocasión, por temor a represalias y, asimismo, rechazo a cruzar la mirada con los militares, ni siquiera asistió a la y delegó a dos representantes para pronunciar discursos para hacer memoria sobre el proyecto de vida truncado de su ser querido y exigir justicia a las autoridades.

Pero el caso es también emblemático, ya que a la fecha imperan la impunidad y la simulación: la impunidad, porque la investigación de la FGR no ha dado con los responsables a más de 8 años de los hechos; la simulación, porque a casi 8 meses de la sentencia que obligaba la SEDENA a pagar una indemnización monetaria a la familia, como forma de reparación del daño, más allá de lo simbólico, la Secretaría no ha cumplido, al parecer debió a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal, la CEAV, en completo desacato y retraso, ni siquiera ha avanzado en la valoración y estimación del daño a reparar.

Claro está que, pese a la confusión que manifiestan en sus comunicados algunas instituciones del Estado como el Senado o la CNDH últimamente, podemos hablar de desapariciones forzadas también cuando el responsable directo de la privación de la libertad, del ocultamiento y de la negativa a dar información sobre el paradero de la víctima es un particular que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos.

Además, existen las desapariciones cometidas por particulares en la ley mexicana, es decir, cuando una persona priva de la libertad a otra con la finalidad de ocultar su paradero o suerte, pero no se detecta ninguna participación de aparatos o funcionarios del Estado. Entre víctimas de desapariciones forzadas y cometidas por particulares, para el 30 de agosto, justamente el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en el país había más de 133mil personas desaparecidas en total, y en Guanajuato eran 5,130.

Sin embargo, me refiero aquí explícitamente al tipo de desaparición en que se demuestra la participación directa de militares, policías, ministeriales, marinos o integrantes de otras corporaciones. El pasado 23 de enero, en otra columna, refería momentos de la vida y de los sueños del joven José Salvador, quien, cito, “iba a cumplir veinte años cuando su vida fue interrumpida. Con él asesinaron su proyecto de vida, su fe y el futuro”.

“Se rompió el tejido social de la familia y de la comunidad. En el momento de su desaparición a manos de militares, la noche de aquel 17 de marzo de 2017, y en los días siguientes, mucha gente salió a buscarlo y dio testimonio. Él iba a un baile con su novia en La Calera, localidad vecina, pero nunca llegó. Lo encontraron una semana después, sin vida, sin nombre, lejos de casa, ejecutado extrajudicialmente. Ahora, hoy, este acto de disculpa pública es un primer paso, logrado gracias a un amparo, a la lucha de la familia y al trabajo de una jueza [Karla Macías] que debería ser la norma, y no la excepción”.

Reporto este pasaje porque la localidad de La Calera, municipio de Irapuato, salió en medios nacionales e internacionales hace poco, pues el 4 de agosto la fiscalía localizó una fosa clandestina con 32 cuerpos enterrados en el patio de una serie de inmuebles. Las comunidades que antes eran zonas de esparcimiento para las y los jóvenes de los ranchos, hoy son zonas de ocultamiento masivo de cadáveres.

El 22 de mayo pasado, de hecho, justo a ladito de la cancha de futbol de la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, fue ubicada otra fosa con 17 cuerpos en el interior de una pequeña finca. Pero a pocos centenares de metros, también en las cercanías de la cancha de futbol del pueblo, en San Antonio El Rico, el 6 de diciembre del 2019, otras 16 personas fueron halladas en fosas clandestinas dentro de una casa rural. Y cuatro más fueron encontradas en las mismas condiciones apenas cuatro días después en San Vicente, igualmente colindante con Llanito.

En 2023, hubo otro ciclo de hallazgos: tres fosas en San Vicente y otra más en La Calera, pero esta vez la mayoría fue descubierta por la Brigada Independiente de Búsqueda del Colectivo Hasta Encontrarte gracias a mensajes anónimos que recibió.

Esta “inteligencia comunitaria”, como le llaman en Guerrero, por ejemplo, las y los integrantes de policías comunitarias, junto con las redes (sociales y digitales) y la credibilidad del trabajo humanitario de los colectivos, son factores que permiten localizar fosas e identificar a personas fallecidas, que son buscadas por sus familiares.

Estas prácticas de búsqueda ciudadana, construcción autónoma de saberes y desobediencia civil nos arrojan luces sobre silencios y voces que callan o, por momentos, señalan las violencias, y que son testigos mudos o, a veces, tímidamente hablantes del horror sobre las vidas, los cuerpos y los territorios.

Ahora, en 2025, se reabre un círculo de continuidad de las violencias, de impunidad y hallazgos desgarradores, en los mismos parajes, con las fosas de La Calera y Llanito, repetición de la historia ya vivida.

A la fecha el caso del menor, José Juan Arias Solís, “Juanito”, sigue sin resolverse, aunque fue interpuesto un amparo buscador, como en el caso de José Salvador en 2017, y la ONU abrió un procedimiento de Acción Urgente que obliga a las instituciones a buscarlo.

Los abogados de la familia han solicitado la atracción del caso a la FGR, mientras que varios colectivos se han acercado para brindarle apoyo. Con todo, volvemos a vivir, cíclicamente, historias de abusos y vejaciones, de desaparición y criminalización de la pobreza y la juventud, expresadas por la rabia y el dolor en los rostros de quienes buscan.

¿Dónde está Juanito? ¿Cómo meterse a buscar y encontrar, cómo pedir la restitución con vida, cuando quien desapareció a un joven es un efectivo militar, un grupo de guardias nacionales, que supuestamente deberían estar velando por la protección de las personas?

Es por eso que, difícilmente, podemos hablar, en casi todos estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, de la concreción de principios como la “no repetición” y la “reparación”, cuando parecen cada vez más vigentes, en cambio, los contraprincipios de la “repetición del daño y el agravio” y de la dilación ad libitum de la reparación, que así se vuelve no-reparación, destrucción de lazos, confianza y derechos.

Cierro con un llamado. En un comunicado del 30 de agosto, el colectivo de familiares de personas desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), organizado y en actividad desde hace más de 16 años, ha difundido lo siguiente:

“El artículo 34 es una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas en México. Por eso, hoy hacemos un llamado a quien corresponda: tenemos una oportunidad y necesitamos realizar una acción extraordinaria ante una situación extraordinaria como la que se vive en México”.

Se detalla, asimismo, que “la posibilidad de activar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es una oportunidad para revisar lo que se puede hacer ante estos crímenes contra la humanidad. Dicho artículo establece un procedimiento para que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) pueda llevar una situación a la Asamblea General de la ONU si recibe información con indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un Estado Parte”.

Ante la impotencia de las familias de las víctimas, aun organizadas y movilizadas, y el rezago institucional acumulado en la atención de las desapariciones, en muchas ocasiones el apoyo internacional, sin que ello redunde en injerencias, ha resultado ser una salida viable para impulsar reformas, destrabar casos muy complejos, avanzar paulatinamente hacia formas de justicia y transitar a modelos más participativos y colectivos de toma de decisiones. Así interpreto el llamado de FUUNDEC y el escrutinio externo, como ocasiones para sanar injusticias históricas y afrontar las violencias actuales.