El derecho a aprender también exige transparencia

Por: Ángel Alberto Leyva Murguía. Director de Investigación en Mexicanos Primero Sinaloa

X/Twitter: @angelleyva21 @Mexicanos1oSin

En Sinaloa, la discusión sobre la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública nació con una contradicción de fondo. Una ley destinada a garantizar el derecho de acceso a la información pública no fue construida con la apertura, el diálogo y la deliberación que exigía. Organizaciones civiles agrupadas en la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), así como activistas y ciudadanos, pidieron conocer su contenido, participar en su elaboración y abrir un verdadero parlamento abierto; sin embargo, hasta el momento no han tenido una respuesta favorable por parte de las y los legisladores.

La presentación de esta ley llegó en un momento políticamente delicado. Autoridades de Estados Unidos acusaron al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con corrupción y delincuencia organizada. No se trata de convertir esos señalamientos en sentencia, sino de entender la gravedad del momento: cuando el gobierno enfrenta desconfianza e incertidumbre pública, lo que se necesita es más transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, no más reservas ni una ley que parezca proteger al poder. Si bien la iniciativa deriva de una reforma federal regresiva que eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los órganos garantes estatales de transparencia, incluida la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), la propuesta en Sinaloa incorpora aspectos aún más delicados que han sido denunciados por organizaciones y especialistas al punto de ser llamada “Ley tapadera”.

Los riesgos advertidos son concretos: la iniciativa ampliaría las causales para clasificar información como reservada o confidencial; abriría la puerta a ocultar documentos que sustentan el ejercicio del gasto, como comprobantes fiscales, recibos u otros soportes del uso de recursos públicos; ampliaría de 10 a 20 días el plazo de respuesta a solicitudes de información, con posibilidad de extenderlo aún más; debilitaría o generaría vacíos en obligaciones de transparencia de ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos y universidades; y colocaría a las autoridades garantes dentro de las propias estructuras del poder. En conjunto, habría más margen legal para retrasar, reservar o dificultar información pública y el poder quedaría como juez y parte de su propia transparencia.

Desde Mexicanos Primero Sinaloa hemos señalado por más de una década la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito educativo. Sin esa información habría sido imposible conocer los 12,028 registros irregulares identificados en el estado mediante el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) en 2013; también sería mucho más difícil acceder a diagnósticos sobre infraestructura educativa, planes de mantenimiento y rehabilitación, carencias de servicios básicos y equipamiento escolar, lo que evidencia que en muchas escuelas lo básico sigue sin estar garantizado; o incluso a resultados de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes derivados de pruebas estandarizadas nacionales que hoy ya no tienen continuidad.

El derecho a aprender no se defiende a ciegas. Sin información pública oportuna y pertinente se debilita la posibilidad de saber si las decisiones educativas se toman con criterios técnicos o políticos. Las acciones se vuelven discurso y resulta difícil verificar resultados; los problemas del sistema educativo se niegan o se minimizan; las responsabilidades se diluyen; y las comunidades escolares se quedan con menos elementos para exigir respuestas.

Actualmente, debido al contexto de violencia en Sinaloa, hay numerosos retos por atender. No se cuenta con información pública suficiente para saber con claridad qué escuelas suspenden clases, cuánto tiempo escolar pierden niñas, niños y jóvenes, cuáles son las razones de la interrupción, qué autoridades intervienen y qué acciones se toman para recuperar los aprendizajes. Por eso, más que limitar la información, se requiere mayor transparencia y evidencia pública para tomar mejores decisiones.

Una ley que restringe aún más la transparencia y el acceso a la información rompe con una lógica básica de cualquier democracia sana: que el poder pueda ser llamado a rendir cuentas. Por eso, esta ley debe preocuparnos a todos.

Sinaloa no necesita una ley de transparencia que haga más difícil acceder a la información, al contrario, requiere que la autoridad responda a las exigencias de los ciudadanos; instituciones que no dependan de la voluntad de los funcionarios y reglas claras que generen confianza y certidumbre. La transparencia no es propiedad del gobierno. Lo que está en juego es decidir si Sinaloa tendrá un sistema donde la sociedad pueda exigir explicaciones y defender derechos ante el poder, o uno donde la opacidad quede protegida. Porque cuando una sociedad pierde la posibilidad de llamar a cuentas a sus autoridades, se debilita también la capacidad de defender la educación y el bienestar de niñas, niños y jóvenes.