El SNTE vuelve por sus fueros

Durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari fueron famosas las estrategias distractoras a través de los medios de comunicación, como el famoso “chupacabras”, para ocultar acciones del gobierno que podrían provocar la reprobación popular.  A diferencia de entonces, ahora no se requiere recurrir a inventar notas distractoras porque entre las noticias generadas por la tensión entre el gobierno de México y el de los Estados Unidos –los aranceles, la migración y la guerra contra los cárteles—, y las noticias de la violencia, los medios de comunicación tienen suficiente material para cubrir sus espacios de manera natural. Y por ello casi cualquier otro tema, por importante que sea, tiende a ser percibido como irrelevante, ya sean los relacionados con las acciones positivas del gobierno (como la entrega de obras y beneficios sociales), como otras vinculadas a los retrocesos en la vida democrática, la educación y derechos laborales.

De manera natural, la población está más pendiente de los hechos cercanos de violencia, por su seguridad al salir a la calle, y de las noticias de la relación con Estados Unidos y las deportaciones de familiares, que de los niveles educativos, los derechos laborales, la democracia sindical o las libertades democráticas, sin embargo, no dejan de causar indignación que se suma al malestar provocado por el encierro y la inseguridad. ¿Impactará esto en las urnas en los próximos procesos electorales? Aunque es muy pronto para saber –habría que esperar que para entonces la violencia se haya reducido a niveles manejables—, es innegable que la percepción social que se tenía del gobierno en julio del 2024 no es la misma que se tiene hoy ni la que se tendrá en Sinaloa en el 2027.

Y aunque la oposición en Sinaloa prácticamente es inexistente, lo que hace difícil que pueda generar y articular en el corto plazo una opción política alternativa, el malestar generado por el encierro y el temor de los daños colaterales de la guerra entre grupos de la delincuencia organizada –y el impacto que ésta está teniendo en el incremento de la delincuencia común—, puede volver complicada la próxima elección si no se generan los espacios de expresión que permitan canalizar el malestar social. Porque no es lo mismo la percepción de la realidad, inducida políticamente por la oposición a través de los grandes medios de comunicación, desde donde se critica la acción del gobierno frente a la violencia generada por el crimen organizado desde una distancia relativamente segura –a cientos de kilómetros—, que la percepción que construye en el temor y la zozobra ante el sonido de los disparos.

NO ATIZAR EL MALESTAR

Si bien, los proyectos de desarrollo económico del país –la generación de energías limpias y electricidad, el inicio de operaciones del corredor transítsmico para el cruce de mercancías, como alternativa al canal de Panamá –que ya fue recuperado por Estados Unidos y que prohibió el paso de embarcaciones chinas—  la creación de polos de desarrollo regional y el aumento del empleo, entre otros— así como la continuación de los programas de bienestar –salud universal, becas, pensiones y apoyos para sectores vulnerables— prometen ubicar a México como una potencia económica y mejorar su nivel de vida en el mediano plazo, los espacios en los medios de comunicación nacionales, y particularmente locales, siguen siendo ocupados principalmente por noticias derivadas de los hechos de violencia, que evolucionan pero no ceden en tanto continúa la guerra entre grupos delictivos, incidiendo activamente en la generación de una percepción social altamente crítica del gobierno.

Aunque el gobierno local continúa cumpliendo con su misión en materia de obras de infraestructura y equipamiento urbano, apoyos a los grupos vulnerables y servicios como educación, salud y gestión en favor de diversos sectores sociales y económicos (como los apoyos para la comercialización de la producción agrícola) el problema de la inseguridad sigue incidiendo más que cualquier otro en la percepción social.

Es decir, aunque poco puede hacer el gobierno local para frenar los hechos delictivos derivados de esta guerra entre grupos delincuenciales, más allá de colaborar con las fuerzas federales  –que son quienes tienen capacidad, equipamiento y facultades para combatir el crimen organizado—, la oposición nacional ha focalizado sus baterías en el gobernador de Sinaloa, aprovechando el temor, el dolor y el coraje de la población sinaloense, no porque tenga pruebas de lo que se le acusa ni porque crea que es culpable, sino porque en esta circunstancia lo considera el eslabón más débil del proyecto nacional de transformación y doblegarlo sería un golpe político a Claudia Sheibaum y al gobierno federal, así que Rocha está doblemente obligado a continuar al frente de su gobierno, tanto porque fue electo para mandato constitucional y esta obligado a cumplirle a la gente, como porque es parte de un proyecto político nacional al que se debe y que no puede abandonar y no será él “el hilo más delgado” que se rompa debilitando a la 4T.

No obstante, la situación en Sinaloa sigue siendo difícil y aunque se advierte una decisión firme del gobierno en el combate a la delincuencia –mediante el uso de tecnología, estrategia, inteligencia y recursos—, atacando líneas de suministro de armas, preparación y distribución de droga, comunicaciones y financiamiento, aún es difícil prever cuándo terminará la guerra para devolver la tranquilidad a Sinaloa, ya sea por acuerdo entre los grupos, ahora que Donald Trump los declaró como terroristas y decretó su persecución –lo cual podría ser en un corto plazo— o por agotamiento y dispersión –que seguramente llevaría más tiempo—, sobre todo si se mantienen sus líneas de suministro de armas y financiamiento desde el extranjero, lo cual implica que podrían ser años.

En este escenario, en el que la violencia podría prolongarse indefinidamente con un alto costo social —por la pérdida de vidas humanas— económico (empleos, empresas, patrimonio) y emocional para una generación que está creciendo con el temor a una bala perdida en una balacera, a pesar de los esfuerzos y la inversión del gobierno para recuperar lo perdido, en la medida de lo posible, su desgaste político tiende a ser, naturalmente, más acelerado que en una situación normal, por lo que además de la inversión de recursos económicos en obra, empleo y seguridad pública, se requieren estrategias que transmitan tranquilidad a la población, no aceleradores que aticen el malestar, la indignación y la crítica contra el gobierno, por lo que poco favor la hacen, en estos momentos, las estrategias de afiliación política partidista forzada por el SNTE entre los trabajadores del sector educativo.

Y no es que esté mal una campaña nacional de afiliación a Morena –esa es una estrategia y obligación sustancial del partido—, sino las estrategias de chantaje y amenaza implementada desde las estructuras del SNTE para la afiliación forzosa del magisterio a Morena, a cambio de recuperar prebendas y canonjías para las élites sindicales dirigentes, al margen de la ley, que en el pasado les dieron un inmenso poder, por encima de las propias autoridades, para usar al magisterio como ariete político, en detrimento de sus libertades y derechos laborales, constituyendo un ejército de mercenarios electorales al mejor postor, financiado con recursos desviados del sector educativo, que les correspondían a los maestros, y les habían sido asignados para lograr una mejor educación.

Es decir, Morena, como partido, está en su derecho de buscar afiliar al mayor número de simpatizantes posible, pero es ilegal que el SNTE pretenda vender la afiliación de los maestros a ese partido. Primero, porque atenta contra la libertad sindical consagrada en el artículo 69 de la LFTSE. Segundo, porque va contra la pluralidad política está establecida en sus estatutos. Y tercero, porque condicionar la entrega de beneficios y prestaciones a los maestros a cambio de su afiliación política constituye una violación a la constitución en materia de libertades y derecho al trabajo y un atentado contra la normatividad laboral del sector educativo.

EL PODEROSO MORENA

Morena surgió como un movimiento nacional de convergencia de grupos que llevaron a Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la república pero que no se consolidó como partido. Aunque constituyó formalmente una estructura partidista nacional, sólo operó como un instrumento jurídico electoral controlado y dirigido por administradores, sin liderazgo propio, pero eficientes para acatar instrucciones de su dirección central.

Contra lo que podría haberse esperado en el sexenio anterior, el presidente López Obrador no formó un partido de Estado fuerte, como en su tiempo llegó a ser el PRI, y tampoco le trasfirió poder para influir sobre el gobierno. Morena y gobierno transitaron juntos en el Congreso de la Unión y en los procesos electorales, pero los dirigentes de Morena no tuvieron mayor influencia en las decisiones del gobierno. Las decisiones del gobierno las concentró el presidente. Las dirigencias locales de Morena tampoco tuvieron ninguna relevancia política en las decisiones de los gobierno de los estados, salvo atender los asuntos de la burocracia partidista.

Sin embargo, las señales que ha empezado a enviar Morena en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheibaum sugieren que el partido podría erigirse en una fuerza política real, no sólo como ariete político frente a la oposición, sino frente a los propios gobiernos locales y federal, más al estilo del Politiburó, que decidía las cuestiones urgentes del gobierno de la Unión Soviética.

Si bien, se habla de una campaña nacional de afiliación y credencialización que permita identificar y medir las fuerzas de Morena frente a la oposición, las formas en que se hace esta estrategia sugiere más una campaña anticipada y la formación de un ejército político independiente, dirigido por grupos de poder, enfocado no sólo en los procesos electorales, como en el sexenio anterior, sino que podría buscar presionar e influir en las propias decisiones presidenciales.

LA INCONFORMIDAD DEL MAGISTERIO

En las elecciones del 2018, la mayoría de los maestros votaron por Andrés Manuel López Obrador, en contra de las indicaciones de sus dirigentes sindicales, que apoyaban a José Antonio Meade, del PRI. Los maestros no sólo votaron a favor de AMLO en las elecciones constitucionales, sino que votaron en rechazo de sus dirigentes sindicales –que le entregaron al neoliberalismo gran parte de las conquistas laborales del magisterio y que fueron cómplices de la reforma educativa de Peña Nieto a cambio de negocios y beneficios personales—  en un escenario donde éstos (sus dirigentes) no los podían manipular como lo hacen en las elecciones internas del SNTE. Los maestros tuvieron la razón histórica. Y para ello no necesitaron afiliarse Morena.

Sin embargo, ante el riesgo de perder el control del sindicato, la élite sindical no sólo pactó con Morena para la elección intermedia de gobernadores del 2021, a cambio de que se les permitiera seguir en el poder hasta el 2024, sino que en las elección del 2024 la dirigencia del SNTE no sólo fue por las posiciones electorales que les tocarían a los maestros, sino por un nuevo periodo de dirigencia –por otros seis años–, del que nadie quiere hablar porque ahora Alfonso Cepeda es senador y morenista de alto rango, sentando así las bases de un nuevo cacicazgo sindical, al venderle a Morena la afiliación masiva (obligatoria) del magisterio, contra los deseos de los maestros.

Pero eso no es todo. La dirigencia del SNTE no sólo compró tiempo para un periodo más al frente del sindicato, sino también el control y uso de prestaciones y derechos laborales de los maestros de los estados, lo que representa un retroceso en las libertades políticas, laborales y sindicales, producto de décadas de gestión y luchas magisteriales.

TRASFIERE LA SEPYC SUS FACULTADES AL SNTE

En los primeros días de febrero, la sección 27 del SNTE en Sinaloa, informó que se acordó con la SEPYC, que –contrario a lo establecido en la Ley de la USICAMM—, 1.-Se podrán realizar cambios internos de zona o delegación, tanto maestros como directores. 2.- Habrá becas comisión por parte del SNTE y además, el espacio que dejen, podrá generare en una propuesta por el secretario general de la delegación. 3.-Los comisionados como subdirectores, aula de medios, biblioteca…podrán participar en los ascensos con categoría de su clave. 4.-Se respetarán los movimientos internos de la delegación (como se hacía anteriormente). Haciendo el proyecto de cambios y lo que reste se ofertará para nuevo ingreso. Y 5.- Se podrán realizar permutas.

El comunicado, verificado por la SEPYC, señala que estos acuerdos se establecen en la minuta de negociación SEP-SNTE del 05 de febrero del 2024. ¿Ignorancia, obediencia, desinterés, perversidad o intereses particulares?

Aunque la ley de la USICAMM conservaba algunos aspectos de la abrogada Ley del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa –que constituían la esencia de la reforma educativa de Peña Nieto—, que debían ser modificados y/o contenidos en una nueva legislación que respete puntualmente los derechos laborales, con un sentido humanista y menos burocrático, y permita garantizar mayor eficiencia en la prestación del servicio educativo, el regreso, de hecho, al control unilateral de la burocracia sindical sobre las prestaciones laborales representa un retroceso en las libertades sindicales, la transparencia en la asignación de plazas, cambios, promociones y otras prestaciones, como los “conceptos” de apoyo a los maestros de diversos niveles y modalidades, que las dirigencias sindicales asignan discrecionalmente a sus familiares y grupos cercanos.

La transferencia de facultades legales de la SEPYC al SNTE, mediante acuerdos internos, como la asignación de becas comisión y la asignación de conceptos –las prestaciones las debe otorgar la autoridad, no el sindicato, puesto que se trata de recursos públicos—, representa un atentado a la libertad sindical consagrado en el artículo 69 de la LFTSE, puesto que representa de hecho una discriminación en la asignación de las prestaciones a quienes no pertenezcan a este sindicato.

El re empoderamiento del SNTE con fines político electorales representa un retroceso en la libertad y la democratización sindical establecidos en la reforma laboral del 2019, sino el indicio de una regresión en los indicadores de desarrollo humano, pues además de la seguridad, el trabajo, la educación y la salud, el desarrollo humano implica las libertades, como lo establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe de 1999.

Y va más allá dos años más tarde a señalar que “El propósito del desarrollo humano es ampliar la gama de opciones de las personas. Si no tienen libertad de elegir dichas opciones, todo el proceso se convierte en una farsa. Por lo tanto, la libertad es más que un objetivo idealista: es un componente vital del desarrollo humano” (PNUD 1992; página 69).

En el 2018 los maestros eligieron libremente votar por Andrés Manuel López Obrador y en el 2024 eligieron libremente votar por Claudia Sheinbaum y la gran mayoría coincide con el proyecto de transformación nacional del país, de la 4T, sin embargo, al obligarles los dirigentes sindicales del SNTE, empoderados por las autoridades, a afiliarse a Morena, como condición para mantenerles el acceso a sus prestaciones y derechos laborales, se les está anulando su libertad sindical y política, lo que representa un retroceso en sus niveles de desarrollo humano.

La 4T ha demostrado ser una opción viable de gobierno y de trasformación social que no necesita recurrir al autoritarismo para continuar al frente del país, sin embargo, los brotes autoritarios de grupos de poder, incrustados en el gobierno en comunión con agentes del neoliberalismo que visten camisas tintas, vinculados con intereses político electorales prematuros, representan el mayor riesgo para los propósitos de desarrollo humano de Claudia Sheinbaum.