En Sinaloa, cambia el gobierno pero no las tendencias en contrataciones públicas

Por Sibely Cañedo

La plataforma www.adondevanmisimpuestos.org es una herramienta para el monitoreo ciudadano de contratos públicos, abierta para su consulta a partir del 08 de junio de 2022 por Iniciativa Sinaloa, como parte de la red de monitores Karewa, que funciona para varios estados y municipios del país.

Del Gobierno del Estado de Sinaloa, se han incluido más de 9 mil contratos de obras públicas y diversas adquisiciones realizados en las áreas de Servicios de Salud de Sinaloa, Secretaría de Obras Públicas y del Instituto Sinaloense de Infraestructura Pública Educativa  (ISIFE), disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia:

• 5,759 del periodo 2017-2021
• 3,420 del periodo 2021-2024 [1]

Por tanto, para una mejor visualización, presenta contratos tanto de la administración del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, hoy embajador de México en España (2017-2021), como del actual mandatario Rubén Rocha Moya, quien rindió protesta hace casi 3 años, el 31 de octubre de 2021, lo que nos permite comparar las tendencias en las contrataciones en ambas administraciones.

Como ocurre con casi todos los gobiernos, el combate a la corrupción es la principal promesa de cambio a los ciudadanos una vez que llegan al poder. Y el uso honesto, eficiente y eficaz de los recursos públicos, puede ser una muestra de su cumplimiento.

No obstante, lo que se ha observado en este caso es que no se ha modificado mucho la forma de contratación de las obras y servicios públicos, en especial en las obras asignadas por el ISIFE para las escuelas públicas, a pesar de que ya se han presentado investigaciones y denuncias ciudadanas.

Las contrataciones en ISIFE

El 21 de marzo de 2024, Iniciativa Sinaloa presentó denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y ante el Órgano Interno de Control del ISIFE, por presuntas faltas administrativas graves, detectadas en los contratos de obras escolares en distintos municipios del estado, realizadas durante el sexenio del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel (2017-2021).

De acuerdo con la denuncia, estas irregularidades habrían sido cometidas no solo por funcionarios del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE), sino también por particulares.

En el primer caso se trata de desvío de recursos y encubrimiento, mientras que los contratistas pudieron haber incurrido en colusión, participación ilícita en procedimientos administrativos y uso indebido de recursos públicos, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

La denuncia, interpuesta el 21 de marzo, deriva de la investigación Inversión en infraestructura escolar: la tubería rota de los recursos públicos, mediante esta se analizaron 1,636 contratos de obra pública y adquisiciones del ISIFE de 2017 a 2021, equivalentes a un monto de casi 2 mil millones de pesos entre fondos estatales y federales.

Una de las observaciones en este periodo fue que se rebasaron los límites para las excepciones a la licitación pública, que de acuerdo con las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, deben ser la regla general mientras las adjudicaciones deberían darse solo en situaciones especiales.

Gráfico 1. Presupuesto ejercido en ISIFE por tipo de contratación (2017-2021).

Fuente: www.adondevanmisimpuestos.org

Con el gobierno de Rocha Moya, lejos de cambiar la tendencia, esta se acentuó a favor de las adjudicaciones directas. Del 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2024, esta modalidad de contratación alcanzó el 66%, mientras la licitación solo el 33% y la invitación a cuando menos tres proveedores el 1%.

Gráfico 2. Monto ejercido en ISIFE por tipo de contratación (2022-2024*).

Fuente: www.adondevanmisimpuestos.org *Hasta el 1er trimestre de 2024.

Fue más drástico en el 2022 con el 78% del presupuesto adjudicado directamente, mientras que en 2023 esta proporción fue del 53%; y en el primer trimestre de 2024, la tendencia se registra igualmente a favor de la adjudicación, pero esta vez con el 93%.

Persisten contratos a los mismos proveedores

De otro lado, la investigación realizada por Iniciativa Sinaloa señaló la probable colusión entre algunos contratistas para adjudicarse mayor número de contratos, en especial por la vía de la invitación restringida [2].

Llama la atención que algunos de los empresarios señalados por acaparar contratos a través de una red para simular competencia, relacionada a la empresa XV Electroconstrucciones SA de CV, siguen en la lista de los que obtienen mayores montos por asignación directa.

Entre ellos David García Carranza con $ 54 millones 974 mil 438.10 pesos (cerca del 50% por AD); Yasel Yareli Ruelas López con $ 35 millones 716 mil 354.52 pesos (más del 70% por AD); y la propia XV Electroconstrucciones con $ 30 millones 001 mil 158.72 pesos (el total por AD).

Llama la atención que, desde 2018, la ASE ha emitido recomendaciones al ISIFE para que no rebase los límites de adjudicaciones, así como para que exista equidad en el otorgamiento de los contratos, pero esto no ha sido acatado.

Esto ocurre en el  ISIFE; pero hay que mencionar que las áreas de Servicios de Salud de Sinaloa y la Secretaría de Obras Públicas presentan tendencias favorables al cumplimiento de la ley en cuanto a los porcentajes de licitaciones; pues la primera presenta niveles del 68% y la segunda del 90%.

Es de destacar que todos estos datos son obtenidos del sitio www.adondevanmisimpuestos.org como parte del proyecto de monitores Karewa, que es operado por Iniciativa Sinaloa, con la intención de facilitar la observación ciudadana sobre el ejercicio del gasto público e incidir en mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

En el caso de ISIFE esperamos que exista una mayor supervisión y se tomen en cuenta las investigaciones de la sociedad civil para hacer mejoras en la administración pública y en el uso del presupuesto para la infraestructura educativa, sobre todo porque las escuelas enfrentan graves rezagos para perjuicio de miles de estudiantes sinaloenses.

Nos pronunciamos porque la lucha contra la corrupción no sea sólo una bandera de uso político, sino una realidad que logre una transformación efectiva en nuestra vida pública, y buena parte de ello pasa por la revisión de los contratos públicos.