En la colaboración anterior me referí a los resultados obtenidos por un grupo de alumnos de la Maestría en Ciencias Económicas y Sociales, y el Doctorado en Ciencias Sociales que se ofrece en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS al presentar su trabajo final para acreditar el módulo de Econometría Espacial correspondiente al curso de Econometría Avanzada. Resumí en esa ocasión los hallazgos más importantes para el tema del rezago educativo y su relación con la pobreza y la estructura productiva de las entidades federativas de México.

Para el mismo curso, con los mismos métodos y técnicas, otra parte del grupo se ocupó de analizar cómo se distribuye espacialmente el llamado gasto en la primera infancia (GPI) y cuál es su relación con el PIB per cápita de las entidades federativas y con los niveles de pobreza extrema. Se quería probar que las entidades con menores niveles de ingreso por habitante y con un mayor porcentaje de su población en condición de pobreza extrema, suelen disponer de menores recursos para destinarlos para atender la educación y la salud de su población, particularmente en los primeros años de vida. Se buscaba mostrar también que era posible que la distribución territorial de los gastos en primera infancia se comportara en forma tal que conformara clústeres que evidenciarían la presencia de regiones en las que se observa un mayor y menor rezago en la evolución del gasto en primera infancia. Habría zonas que se contagian de una mala o una buena condición para la variable GPI.

Cuando nos referimos al GPI estamos hablando de la inversión que se destina a programas de educación, salud, nutrición, entre muchos otros, para atender a la población que abarca desde la gestación hasta los 6 años. Su relevancia es indudable considerando que la evidencia científica ha demostrado que lo que pasa en estos primeros años tiene efectos determinantes sobre la trayectoria de vida en el ámbito personal y profesional. En esta etapa se considera que se desarrolla el 90 por ciento del cerebro de tal manera que resulta fundamental para el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emocionales que determinarán el bienestar y salud a lo largo de la vida. Pero, además, una adecuada atención a las personas en la primera infancia contribuye a la reducción de las brechas en oportunidades y a romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y la marginación. Contribuye también a la generación de condiciones para un mayor crecimiento y desarrollo económico de las regiones.

Según el organismo Pacto por la Primera Infancia en México hay 12 millones 429 mil 359 niñas y niños menores de 6 años, quienes tienen derecho a desarrollarse plenamente, sin embargo, casi la mitad (48.1%) viven en situación de pobreza, lo que equivale a estar en riesgo de no desarrollar todo su potencial. Se trata de poco más de 6 millones de la población en primera infancia. Se considera que cuando se pone especial atención a las niñas y niños en primera infancia que viven en situación de pobreza la preocupación es aún mayor, ya que no tener acceso a una alimentación adecuada, educación inicial y preescolar de calidad, servicios básicos de vivienda y acceso a los servicios y cuidados para su salud, afecta directamente su desarrollo físico y mental, lo que puede tener consecuencias duraderas en su crecimiento.

México es de los países que menos inversión realizan para atender a la primera infancia, aunque las cifras difieren por regiones. Colima, Baja California Sur y Sonora son las entidades federativas con un mayor GPI en términos per cápita (anual). En contraste, los valores más bajos corresponden a Chiapas, Oaxaca y Puebla. La diferencia entre los extremos es tal que el GPI de Colima es 6 veces más grande que el de Chiapas. El mapa de cuartiles (se muestra arriba) que agrupa el valor de la variable en cuatro grupos en los que se distinguen las entidades con muy bajo, bajo, medio y alto GPI, revela que los estados del norte y noroeste del país muestran los niveles más altos de gasto per cápita en la primera infancia. En cambio, las regiones con menor inversión en GPI son los estados del sur y centro-sur, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El mapa hace ver que existe una brecha significativa en la inversión pública en la primera infancia entre el norte y el sur del país, evidenciando la necesidad de fortalecer los recursos destinados a las regiones más vulnerables.

 

En este caso también se construyó y analizó el llamado mapa de desviación estándar (se muestra arriba), que antes señalé muestra qué entidades tienen un GPI por debajo o por encima de la media para esta variable. Señala también, cuántas desviaciones estándar se alejan de la media las distintas entidades. En el mapa se puede observar que existen 15 entidades que se encuentran por debajo de la media en cuanto a GPI en términos per cápita, es decir, prácticamente la mitad de las entidades de México tienen niveles bajos de GPI. Hay 10 entidades que tienen una desviación por debajo de la media y 5 que tienen dos desviaciones por debajo de la media (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Tabasco). Por otra parte, 17 entidades presentan porcentajes de población con GPI superior a la media, en este caso, 11 entidades tienen una desviación por encima de la media y 6 tienen dos desviaciones por encima de la media (Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Colima, Aguascalientes y la CDMX).

Se construyeron mapas de dispersión (espacio-temporal) para establecer la relación entre el GPI, y las variables de producto per cápita y nivel de pobreza extrema por entidad. En el primer caso se encontró una relación positiva entre las variables (mientras mayor es el PIB per cápita de las entidades federativas mayor es el GPI por entidad). Para la asociación del PIB con la pobreza extrema se encontró una relación negativa o inversa (mientras mayor es el porcentaje de la población en condiciones de pobreza extrema menor es el GPI por entidad). Los mapas que muestro a continuación corresponden, el primero (izquierda), al grupo de entidades que, al mismo tiempo, tienen un PIB per cápita alto y un GPI alto. El segundo (derecha), al grupo de entidades con un alto porcentaje de la población en condiciones de pobreza extrema y bajo GPI.

El mapa condicional (que se muestra abajo) representa la relación entre el PIB per cápita por entidad federativa y el porcentaje de la población en condición de pobreza extrema, teniendo como tema del mapa el GPI por entidad. Podemos observar que el mapa que se encuentra hasta la derecha y en la parte inferior, corresponde a estados con alto PIB por habitante y niveles bajos de pobreza extrema. De ellos, 6 tienen niveles muy altos de GPI (Baja California, BCS, Sonora, Chihuahua, Coahuila y la CDMX) y otros 2 niveles altos (Nuevo León y Querétaro). Por otra parte, el mapa que se encuentra hasta la izquierda y en la parte superior, corresponde a estados con niveles bajos de PIB por habitante y niveles altos de pobreza extrema. De ellos, dos tienen niveles bajo de GPI (Veracruz y Michoacán) y otros 6 niveles muy bajos de GPI (Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas).

En el análisis espacial se prueba también si las variables presentan algún grado de autocorrelación espacial, entendida esta como la posibilidad de que los valores de una variable, en este caso el GPI, este relacionado con los valores de esta variable en las regiones o entidades federativas vecinas. El análisis realizado muestra que existe una relación lineal positiva entre el GPI de una entidad y el GPI de sus regiones vecinas, es decir, cuando el GPI de las entidades vecinas de un estado toma valores altos (bajos), el GPI de dicho estado toma valores también altos (bajos). Esto lo podemos determinar a partir del signo positivo de un indicador llamado I de Moran (que, en este caso, es estadísticamente significativo). Las entidades con altos (bajos) niveles de GPI tienen por vecinos a entidades con las mismas características.

Los resultados encontrados condicionan que en el caso de construir y estimar un modelo econométrico para estudiar la forma en la que el PIB per cápita de las entidades y el grado de pobreza extrema en ellas explica el nivel de GPI en las distintas regiones, sería necesario incorporar un componente espacial. No entro en cuestiones más técnicas por razones de espacio, solo señalo que a través de un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se confirmó que la participación del ingreso por habitante y la población en condición de pobreza extrema sí tienen un impacto estadísticamente significativo sobre el comportamiento del GPI, y la relación entre dichas variables es directa en el primer caso e inversa en el segundo. Al mismo tiempo, con ese modelo, se confirmó que era adecuado utilizar un modelo tipo LAG (estimado a través del Método de Máxima Verosimilitud) que incorpora como variable explicativa adicional al retardo espacial de la variable dependiente, en este caso el GPI.

Con el modelo LAG se encontró que el GPI de las regiones vecinas tiene un impacto estadísticamente significativo sobre el GPI de una entidad y que esta relación es positiva, por lo cual, cuando dicha variable aumenta o disminuye en las regiones vecinas, esto impacta el comportamiento del GPI en una determinada entidad. Se puede concluir que el análisis econométrico espacial realizado ha permitido identificar la importancia de los factores espaciales en la distribución del GPI en México. Los resultados obtenidos sugieren que las políticas públicas dirigidas a aumentar el gasto (inversión) que se hace en la primera infancia deberían tomar en cuenta la dimensión espacial de este fenómeno por lo que deberían estar focalizadas en las entidades federativas con menores niveles de GPI y en sus áreas de influencia. Es decir, se requiere de la implementación de políticas regionales.

Como refuerzo de lo señalado, termino con algunos datos relevadores publicados por la organización Pacto por la Primera Infancia A.C. en un estudio titulado Análisis y evolución del presupuesto para la primera infancia 2018-2024: un balance sexenal. Dicho estudio señala que en el periodo 2018-2024 se observa un incremento presupuestal del gasto en primera infancia de $79 mil 374 millones, al pasar de $112 mil 537 millones en 2018 a $191 mil 912 millones para 2024. En términos nominales el aumento es del orden del 71%, en tanto que en términos reales es del 27%, con una media de crecimiento anual del 5%, lo que implica ciertamente un avance, aunque aún insuficiente para considerarlo como una prioridad del gasto público en nuestro país. Se señala en el documento que de cualquier modo la primera infancia continúa recibiendo menos recursos de lo que le correspondería por su peso demográfico y es el único grupo etario con la brecha negativa entre la proporción de recursos que recibe y su tamaño demográfico.

¿Quiénes fueron los principales ejecutores de recursos para la primera infancia en el 2024? Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios con el 56%. En segundo lugar, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el 20% y la Secretaría de Educación Pública en tercer lugar con un 10%.

Es conveniente saber también que el gasto social orientado a la primera infancia representa una muy baja proporción del gasto público del país y por otro lado ha disminuido su representatividad al pasar del 3.7% en 2018 a únicamente el 3.4% para el 2024. En cuanto al total del presupuesto federal (PEF), el gasto en primera infancia prácticamente no ha variado y se mantiene en una proporción bastante marginal, con apenas el 2.1%. El GPI representó el 0.47% del PIB en 2018 y solo aumentó al 0.61% en 2024, que si bien es cierto refleja un incremento, es todavía insuficiente para considerarlo como una inversión sostenida, estratégica y prioritaria para el país. En otros países de América Latina, como Costa Rica y Perú, la cifra ronda el 2%.

En el ámbito territorial todas las entidades federativas vieron incrementadas sus asignaciones presupuestales de carácter federal en el periodo 2018-2024, salvo la Ciudad de México. Entre las 5 entidades federativas que destacan por la magnitud de sus incrementos presupuestales en el periodo 2018-2024, en términos nominales, se encuentran: Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En tanto que, en términos porcentuales se identifica a Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Guerrero y Michoacán. En este último ranking Sinaloa se ubica en la posición 20 y a lo largo del periodo se ha mantenido en la posición 11 en GPI en términos per cápita.

Queda mucho por mejorar en materia de atención a la población en primera infancia, pero retomando las recomendaciones del Pacto por la Primera Infancia me quedo con dos: 1. Mejorar la planeación en la distribución de recursos a las entidades federativas y 2. Revisar la distribución territorial de los recursos correspondientes a las aportaciones federales y los programas federales para lograr que aquellas entidades federativas con mayor número de niñas y niños en pobreza y sobre todo en pobreza extrema, reciban una mayor proporción de los recursos públicos.

Además, para posteriores estudios debe reconocerse que, si bien en este análisis el GPI se ha considerado la variable dependiente, también podrían realizarse análisis en donde ocupara la posición de variable explicativa de variables tales como el nivel de escolaridad alcanzado en las entidades, así como los niveles de desnutrición, las tasas de mortalidad infantil, la prevalencia de ciertas enfermedades como la diabetes y la capacidad de aprendizaje, entre otras. Podría incluso probarse la bidireccionalidad en términos de explicación entre el GPI, y el crecimiento y el desarrollo económico. Es decir, ¿las regiones prosperan menos porque tienen un GPI bajo, o este es bajo porque las regiones prosperan poco?

Como en la colaboración anterior, lo que comparto es un apretado resumen de un trabajo más amplio de gran calidad elaborado por una parte del grupo de estudiantes con los que tuve el gusto de compartir el curso de Econometría Avanzada. Ahora dedico esta colaboración a Francelia, Axel, Jesús Wilfrido, Obed, Rubén, David, Lidia, Betzabé y Sarahí.

Referencias

Sotomayor Avilés, Alberto Tonathiu (2025). Análisis y evolución del presupuesto para la primera infancia 2018-2024: un balance sexenal. Resumen ejecutivo. Pacto por la Primera Infancia A.C. México.

Bravo Valladolid, Manuel (2021). Caminar a la utopía: hacia una sólida inversión para la atención de la primera infancia. Faro Educativo. IBERO. CDMX.

¿Qué es la primera infancia? https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/que-es-la-primera-infancia/

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