Genocidio en Palestina, no hacer nada es complicidad

En mayo de 2021 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instituyó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel  con el mandato de “investigar, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos ocurridos hasta el 13 de abril de 2021 y desde entonces”.

El pasado martes 16 de septiembre la Comisión emitió un informe cuyas conclusiones son contundentes y podemos leer en el boletín de noticias emitido por la ONU, titulado Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza: “Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención [para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio] para evitar ese crimen, concluye un informe de la comisión especializada de la ONU que ha investigado lo ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 en ese territorio palestino asediado”.

Netanyahu ha descalificado el informe, pero el hecho es que, nuevamente, un organismo internacional urge a Israel “a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables”, y se suma a cada vez mayores sectores de la academia y de las organizaciones no gubernamentales que hablan explícita y motivadamente de genocidio, tal como también lo hizo Francesca Albanese, Relatora Especial ONU para los territorios ocupados.

La ONU como tal no ha utilizado oficialmente tal calificativo, aunque aumentan las presiones hacia el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que lo declare explícitamente.

Sin embargo, el informe señala que Israel ha perpetrado asesinatos, bloqueos de ayuda humanitaria, desplazamientos forzados y daños físicos y mentales en la población gazatí, o sea cuatro de los cinco delitos previstos en la Convención de 1948.

Estos son: Matar a miembros de un grupo; Causarles daños graves físicos o mentales; Imponer medidas para prevenir nacimientos en el grupo; Infligir deliberadamente condiciones calculadas para provocar la “destrucción física” del grupo; Transferir por la fuerza a sus hijos a otro grupo.

En realidad, según el derecho internacional, bastaría con que se documentara la presencia de uno de ellos para poder hablar de genocidio.

Además, altos funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, han incitado esos actos, así que se muestra también el factor “subjetivo” o intencional, es decir, la propia “intención genocida”, prevista en la Convención, y es algo que ha estado en el centro de debates acalorados entre quienes defienden una postura blanda hacia Israel, justificando sus actos o enmarcándolos en una presunta situación de “guerra” entre dos ejércitos, y quienes, en cambio, condenan sin más al Estado de mayoría judía.

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, ex alta comisionada de Naciones Unidas por los derechos humanos, quien además subrayó cómo los actos genocidas de Israel después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 fueron precedidos por una ocupación ilegal y represión de décadas, motivadas por ideologías de limpieza étnica, de expulsión de la población palestina como tal.

Pillay fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el cual llegó a condenar a 62 personas por el genocidio de medio millón de ruandeses en 1994. La jueza afirmó, además, que la responsabilidad de “estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de los más altos niveles”.

Lo anterior es importante porque reconoce la continuidad de los agravios y la responsabilidad jerárquica por los mismos. nos recuerda que la historia de este conflicto y del genocidio en curso no comienza el 7 de octubre, como nos han hecho creer muchos medios de comunicación del mainstream occidental.

Por su lado, el comisario australiano Chris Sidoti mantuvo que “las muertes no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza”.

En este sentido, el exterminio sistemático del ejército sionista en Gaza y la reciente estrategia de avanzada militar por tierra hacia Gaza City que emprende Israel ya no pretenden lograr la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás o provocar la “caída” de este grupo armado, como nos han contado durante meses y meses, sino que evidentemente quiere poner “un punto final” a la propia existencia del pueblo palestino en aquellos territorios y despejarlo para cumplir con el enfermizo sueño de Trump de un resort de lujo en la rivera gazatí.

El equipo de la Comisión es independiente y no habla en nombre de la ONU, ni toma acciones directas de sanción en contra de un país o gobierno, pero su informe e investigación pueden ser usados como insumos por el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia de la ONU. La Comisión también condenó en su momento como crímenes de guerra y violaciones graves al derecho internacional los actos y atentados de Hamás, por lo que es considerada legitima y neutral.

Además, constituyen documentos históricos, fragmentos de una narrativa que se está escribiendo en estos meses, en esta fase que algunos llaman “guerra civil global”, “tercera guerra mundial por etapas”, “guerra grande” o “nuevo orden mundial multipolar”, y que necesita de fuentes y testimonios divergentes de los que imponen las grandes potencias.

Si bien de entrada, entonces, no habrá efectos legales directos de las conclusiones de esta Comisión sobre el genocidio de Israel, sí se está construyendo un consenso global alterno y el informe representa una fuente autorizada e importante para la incidencia política. La Comisión tiene respaldo amplio, se considera imparcial e independiente y fue establecida por los países que integran el Consejo de DH ONU.

En Palestina el ejército israelí ya ha hecho unas 66mil víctimas mortales, de las cuales 18mil son niños y niñas, y esto se suma a más de 160mil personas heridas y millones desplazadas forzadamente.

Por tanto, la Comisión ha manifestado una serie de demandas al gobierno de Israel, pero también a los demás, a una demasiado tibia, agregaría yo, “comunidad internacional”: por ejemplo, la Unión Europea ya impuso 19 paquetes de sanciones contra Rusia por haber violado el derecho internacional e invadido Ucrania, pero no ha habido ninguna medida contra Israel.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles 10 de septiembre imponer sanciones a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos, así como una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel. Medidas tardías y tibias que, de todos modos, deberían ser aprobadas a la brevedad, sobre todo porque se antojan, de momento, más simbólicas y aún digeribles incluso para los gobiernos más recalcitrantes en condenar la actuación de Israel, como el italiano de Giorgia Meloni y el alemán de Friedrich Merz.

El miércoles 17, en efecto, la UE, mayor socio comercial de Israel, detalló sus primeras sanciones efectivas contra Israel, debido “al rápido deterioro de la situación en Gaza tras la intervención militar de Israel, el bloqueo de la ayuda humanitaria y la intensificación de las operaciones militares, incluida la actual ofensiva terrestre”: está la imposición de 227 millones de euros en aranceles a productos israelíes, es decir, una suspensión parcial del acuerdo comercial vigente entre la UE e Israel, afectando potencialmente el 37% de las exportaciones israelíes hacia Europa, de unos 15.900 millones de euros en 2024, pues las demás ya tienen algún tipo de tarifa.

Las medidas de la UE incluyen sanciones a diez miembros de Hamás y a dos ministros del gobierno israelí -el de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich- por su incitación a la violencia en Cisjordania. Bruselas intentará suspender el apoyo bilateral a Israel mediante el instrumento de Vecindad, que incluye unos seis millones de euros anuales promedio de financiación y otros 14 millones en proyectos de cooperación.

Cabe mencionar, como límite estructural, que la Comisión Europea propone y ejecuta, como acto simbólico pero también con efecto económicos potenciales relevantes, pero las sanciones personales necesitan aprobación del Consejo de la UE, las medidas comerciales (aranceles y suspensión de beneficios) pueden adoptarse con mayoría cualificada y las sanciones personales requieren unanimidad. Finalmente, las ONG israelíes y proyectos de sociedad civil no están afectados por la suspensión de fondos, así que variass dependerán

Bajo el principio, así expresado por la Comisión de la ONU, de que “cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la inacción para detenerlo equivale a complicidad”, se proponen acciones consecuentes.

Una petición es simplemente que Israel cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales y ponga fin “al genocidio en la Franja de Gaza”.

También se le pide que acabe con una política que ha forzado una hambruna en Gaza, y que elimine el asedio, el bloqueo humanitario, al enclave palestino y que permita la entrada de ayuda humanitaria a gran escala. Al respecto, preocupan enormemente los atentados, cuya autoría por el momento se desconoce, que fueron perpetrados en contra de dos embarcaciones de la Global Samud Flotilla a lo largo de las costas de Túnez. La misión sigue acercándose a Israel, se encuentra en Sicilia, mientras escribo esta columna, e va incorporando más barcos de Italia y Suiza.

Se trata de “una coalición de personas comunes y corrientes —organizadores, humanitarios, médicos, artistas, clérigos, abogados y marinos— que creen en la dignidad humana y en el poder de la acción no violenta” e intenta llevar ayuda a las costas de Gaza, proteger de alguna manera a la población palestina y sensibilizar a la opinión pública mundial, pese a la amenaza y las descalificaciones del gobierno de Israel y sus aliados.

En cuanto a la comunidad internacional, los expertos de la ONU solicitaron parar el comercio o la transferencia de armas a Israel, romper el silencio todavía imperante y adoptar “medidas para la rendición de cuentas mediante investigaciones y procedimientos judiciales contra las personas o empresas que estuvieran implicadas en el genocidio directa o indirectamente”.

Una obligación obvia internacional sería, por lo menos, el no prestar ayuda a la continuación del exterminio. El Consejo de Seguridad de la ONU podría intentar frenar a Israel con resoluciones, mas sabemos que el poder de veto de Estados Unidos sería usado, desde luego, para proteger a Israel, su proxy y aliado en la región.

Esperemos que el pronunciamiento de la Comisión de Naciones Unidas, unido a las demás iniciativas de universidades, activistas, medios independientes y hasta de algunos gobiernos, aumenten la presión política a Israel y sirva para futuras condenas de tribunales internacionales.

Para contribuir a romper el círculo de ambigüedades y silencios, en México, decenas de periodistas y medios de comunicación independientes han lanzado un pronunciamiento contra el genocidio y el uso faccioso de los medios hegemónicos, condenando, asimismo, las descalificaciones del gobierno israelí contra la Samud Flotilla.

Netanyahu ha insistido en tachar de terroristas a los activistas de la misión, lo que representa una amenaza no tan velada, pues esa declaratoria puede abrir la puerta a ataques directos contra la Flotilla. Además de que el primer ministro ha hablado de una campaña que será larga, de meses, en Gaza City, contrario a lo que, por su lado, anunciaba Marco Rubio, Secretario de Estado de EUA en su reciente visita a Israel y, de nuevo, en contra de toda lógica humanitaria y de las peticiones de la Comisión ONU y la Relatora ONU, entre otras instancias, a que se paren de inmediato el genocidio y la hambruna. El ataque de Israel a los negociadores de Hamás en Qatar, país extranjero y soberano, el pasado 9 de septiembre despeja toda duda sobre las intenciones extremas de aquel gobierno para con sus enemigos declarados o presuntos.

Finalmente, cabe citar integralmente partes centrales del pronunciamiento de periodistas en México: “Exigimos al gobierno de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un posicionamiento público y explícito respecto a la obligación de todos los países de la región de resguardar la seguridad de la Flotilla y que brinde asistencia diplomática y consular permanente a la delegación mexicana. Es deber del Estado mexicano velar por la seguridad y protección de los y las mexicanas que hoy se encuentran participando en una misión humanitaria protegida por el derecho internacional, que ha sido amenazada explícitamente por el Estado de Israel y que, de hecho, ya ha sido víctima de dos ataques armados”.

Así concluye el comunicado (y esta columna): “Desde México, sumamos nuestras voces y plataformas para amplificar la verdad, romper el cerco mediático y exigir el cese inmediato de la violencia genocida contra el pueblo palestino. Nuestra solidaridad está con quienes resisten y con quienes defienden la vida”.