La economía de Sinaloa crece, pero se queda atrás

Sinaloa llega a 2026 con un crecimiento económico débil, sostenido más por inercia que por una estrategia clara de desarrollo. No se trata de una crisis abierta, pero sí de un estancamiento estructural que limita la capacidad del estado para insertarse en una economía global cada vez más competitiva y orientada a la innovación. El problema central no es la caída, sino el rezago frente a otras regiones que sí están logrando despegar.

Durante años, el crecimiento ha sido insuficiente. En 2023 la economía estatal avanzó apenas 0.2 por ciento, muy por debajo del promedio nacional que fue cercano al 3.2 por ciento. En 2024 cayó 0.5 por ciento, también por debajo de la media nacional. Y aunque en 2025 se observó un repunte de alrededor de 2.3 por ciento en los primeros trimestres del año, este respondió casi exclusivamente a un desempeño excepcional del sector primario y no a una transformación productiva de fondo. Es un crecimiento frágil, dependiente de ciclos agrícolas, que no genera empleos de calidad ni fortalece sectores estratégicos.

Esta dinámica ha tenido un efecto claro. Sinaloa ha perdido peso dentro de la economía nacional. Su participación en el PIB pasó de 2.26 por ciento en 2021 a 2.17 por ciento en 2023, lo que indica que otras entidades están creciendo más rápido, atrayendo mayor inversión y diversificando su estructura productiva. Aunque los datos recientes mejoran la fotografía coyuntural, la tendencia de fondo sigue siendo de pérdida relativa de competitividad.

El origen del crecimiento confirma el problema. En 2025, las actividades primarias registraron incrementos superiores al 30 por ciento, mientras que la industria apenas creció alrededor de 2 por ciento y los servicios incluso mostraron caídas cercanas al 1 por ciento. Esto revela una dependencia excesiva de un solo motor económico, altamente vulnerable a factores climáticos y de mercado, y la ausencia de sectores industriales y terciarios capaces de generar valor agregado, innovación y empleo calificado. Es un crecimiento que sostiene, pero no transforma.

A esta fragilidad se suma la falta de una política económica clara. Sinaloa no ha definido qué sectores deben liderar su desarrollo en el contexto del nearshoring y la cuarta revolución industrial. Sin una visión territorial y sectorial, la economía opera de manera dispersa, confiando en que el mercado o los programas sociales sustituyan una estrategia de largo plazo, mientras otros estados apuestan por clústeres tecnológicos, manufactura avanzada e industrias limpias.

El presupuesto estatal refleja esta misma lógica. Para 2026 se estima un gasto cercano a los 78 mil millones de pesos, una cifra considerable. Sin embargo, su distribución responde más a inercias administrativas que a una apuesta transformadora. Una parte sustantiva se destina a educación, seguridad y obra pública, pero sin articularse a un proyecto de desarrollo económico claro. Se gasta más, pero no necesariamente mejor. El presupuesto mantiene lo existente, pero no abre nuevas rutas de crecimiento.

El mercado laboral confirma esta falta de rumbo. La informalidad se mantiene elevada, entre 45 y 47 por ciento y el salario promedio diario ronda los 500 pesos. Se genera ocupación, pero no bienestar. Sin diversificación productiva, los empleos siguen siendo precarios, con baja productividad y escasas posibilidades de movilidad social.

La inseguridad ha profundizado este panorama. En 2025, la violencia, los bloqueos y el riesgo logístico se consolidaron como uno de los principales obstáculos para la inversión. Ningún proyecto industrial, tecnológico o de servicios avanzados puede prosperar en un entorno donde el estado de derecho es frágil y la certidumbre jurídica limitada. La economía moderna depende de estabilidad institucional, y Sinaloa hoy compite en desventaja frente a estados que sí la ofrecen.

El conflicto no resuelto en la Universidad Autónoma de Sinaloa agrava todavía más esta situación. La UAS concentra más del 60 por ciento de la matrícula universitaria del estado y es clave para la formación de capital humano, la investigación y la innovación. Una universidad en crisis implica proyectos detenidos, pérdida de talento académico y una débil vinculación con el sector productivo. Sin una universidad estable y orientada al desarrollo, el futuro tecnológico del estado se ve comprometido.

Los polos estratégicos del estado ilustran con claridad estas contradicciones. Mazatlán crece con rapidez, pero bajo una lógica inmobiliaria que ha generado saturación urbana, desplazamiento de comunidades y empleo precario. Su potencial para el turismo médico, las industrias creativas, la economía digital y la innovación urbana sigue subutilizado. Topolobampo, por su parte, posee una ubicación estratégica y un enorme potencial industrial y portuario, pero permanece estancado por la falta de una estrategia clara, la dependencia de megaproyectos inciertos y la ausencia de gobernanza territorial, lo que ha derivado en conflictos sociales y ambientales.

El resultado es un modelo de crecimiento que no reduce brechas, sino que las amplía. Dos polos con enorme potencial avanzan sin visión estratégica ni inclusión, reproduciendo un desarrollo fragmentado, desigual y concentrado en pocas zonas.

Si estas tendencias no se corrigen, el riesgo para 2026 es evidente. Sinaloa puede quedar atrapado en una inmovilidad económica prolongada, mientras otras regiones aprovechan el nearshoring, la transición energética y las oportunidades de la cuarta revolución industrial. El mayor peligro no es el colapso, sino la irrelevancia.

Sinaloa cuenta con ventajas reales y significativas, desde su ubicación geográfica hasta su talento joven, su potencia agrícola y sus polos turísticos y portuarios. Pero sin planeación, seguridad, gobernanza y un proyecto económico moderno, esas ventajas se diluyen. Lo que está en juego no es solo el corto plazo, sino el lugar que el estado ocupará en las próximas décadas. Definir un rumbo claro y construir las instituciones para hacerlo posible es una tarea impostergable.

El debate rumbo a 2026 no puede seguir girando únicamente en torno a la coyuntura. Sinaloa necesita abrir una conversación seria sobre su modelo de desarrollo, una que coloque en el centro la diversificación productiva, la innovación, el fortalecimiento institucional y la reducción de desigualdades territoriales. Sin esa discusión, cualquier crecimiento será frágil, y cualquier avance, reversible.