El principio de inclusión de los pobres en los beneficios del gobierno –de los que habían sido excluidos durante el periodo neoliberal–,  con el lema “primero los pobres”, con el que inició este sexenio, se convirtió, al mismo tiempo, en un principio excluyente del resto de la sociedad al ser –prácticamente—, de “sólo los pobres”, lo cual, si bien, se antojaba justo para gran parte de la población beneficiada, como opción de gobierno resulta insostenible en el mediano y largo plazo, no sólo por la canalización de los recursos a un solo sector, sino porque la población excluida terminaría expulsando del gobierno a los partidos gobernantes como lo hizo con los conservadores el 2018.

Por tanto, proyectar un gobierno inclusivo sería el primer paso hacia la consolidación del proceso de transformación que se ha dado en llamar “el segundo piso de la 4T”, pero no basta con la intención. Para que el proyecto funcione realmente es necesario establecer mecanismos permanentes de diálogo y acuerdos con los diversos sectores, no sólo de información y apoyos unilaterales, como ha sido hasta hoy, porque las características y las necesidades de demás sectores son muy diversos.

Es decir, ya no se trata de dar beneficios de manera unilateral a un sector, sino de construir un nuevo esquema de relación social con los diversos sectores que posibiliten espacios permanentes de diálogo y acuerdos de participación conjunta para avanzar hacia la transformación, con mecanismos de evaluación, seguimiento, revisión y corrección, que permita periódicamente la rectificación y/o corrección del rumbo.

En este sentido, las gestiones que ha hecho el gobernador Rubén Rocha Moya para la comercialización de la cosecha de maíz, al frente de los productores agrícolas, pequeños, medianos y grandes, es una experiencia interesante y un mecanismo de avanzada que podría ser base para una nueva política y un nuevo trato al campo en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin llegar a la ruptura, es necesario rectificar el modelo.

 

INCLUSIÓN EXCLUYENTE

 

“Por el bien de todos primero los pobres” fue un eslogan muy exitoso en la campaña del 2018, que le dio un triunfo arrollador al actual presidente y le mantuvo en altos niveles de popularidad durante todo su gobierno.  Su éxito se debe a que no sólo fue un eslogan, sino que se convirtió en una premisa fundamental del gobierno de la 4T. Tan exitoso siguió siendo después de seis años, que no solo hizo ganar las elecciones presidenciales a Claudia Sheinbaum este 2024, sino que hizo posible que ésta obtuviera más votos que el propio López Obrador en el 2018.

El apabullante resultado en las elecciones de este 02 de junio, a pesar de las duras críticas de la oposición contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, demostró que los agravios contra los pobres, infringidos por los políticos y empresarios que gobernaron el país durante la última década del siglo pasado y las primeras dos décadas de este siglo siguen teniendo mucho más peso que todos las fallas y errores que haya cometido el actual gobierno.

Y no se trata sólo de rencores contra los gobernantes anteriores, sino de la acumulación de injusticias y necesidades reales, que en la 4T se empezaron a resolver, y a pesar de que falta aún mucho por hacer, consideran que ese es el camino por el que pueden llegar a tener un mejor nivel de vida y de bienestar, del que fueron excluidos durante más de tres décadas por los gobiernos anteriores.

Es decir, si había que sopesar las críticas usadas por la oposición contra el gobierno, muy válidas y algunas bien fundamentadas, frente a los beneficios crecientes obtenidos de parte del gobierno como parte de una política social para reducir las injusticias y resarcir los agravios, pero sobre todo, atender necesidades inmediatas, indudablemente pesó más esta última. Y no sólo en los más pobres, sino en sectores no tan pobres pero sí empáticos con un sistema político más justo y equitativo que los anteriores.

Claudia Sheinbaum tendrá que fortalecer la política que ha priorizado en los más pobres, a la que le debe su triunfo, pues aún quedan pendientes muchas reformas por hacer para asegurar convertir en derechos esos beneficios ara que éstos no se pierdan con los cambios de gobierno, como es la reforma del poder judicial, del instituto electoral y de la representación en el congreso, entre otros.

 

Sin embargo, más allá de las estrategias de gobierno que garantizan votos para asegurar la continuidad en términos político electorales, está el compromiso de la gran transformación del país, que va mucho más allá de atender primero a los pobres, y que implica incorporar a todos los sectores sociales y económicos al cambio, aunque el trato con éstos sea diferente al trato que se les da a los más pobres, pues la aspiración sería a una sociedad donde todos tengan un buen trato y beneficios acordes a su actividad y nivel económico.

Pues si bien, los más pobres –adultos mayores, discapacitados, madres solteras, trabajadores poco calificados de bajos salarios, campesinos sin tierra, jornaleros, entre otros– que constituyen uno de los sectores sociales más numerosos del país, requieren apoyos más directos, como descuentos en servicios, pensiones, compensaciones y becas, también habrá que trabajar con otros sectores que requieren otro tipos de apoyos, como financiamientos más baratos en sus actividades productivas y mejores políticas y condiciones de comercialización, lo cual implica que sin dejar de atender prioritariamente a quienes tienen necesidades más urgentes, básicas, como son alimentación, trabajo, salud, vivienda, educación, tendrá que generarse políticas de atención a los planteamientos y necesidades de los otros sectores económicos y sociales, para poder incorporarlos al cambio. Nadie aceptará el cambio voluntariamente si no se siente representado en los actos de gobierno.

CONCILIACIÓN NACIONAL

 

Es en este sentido que parece apuntar el proyecto de gobierno que impulsará la próxima presidenta, quien en su mensaje del 02 de junio, al declararse virtual ganadora de las elecciones, envió un mensaje de conciliación nacional a toda la sociedad mexicana. A dejar atrás las confrontaciones generadas con motivo del proceso electoral y unirse para el bien común.

El mensaje de Claudia trasluce que, más allá de las diferencias políticas, su gobierno no será un gobierno de confrontación –crítica contra AMLO en la que coincidían varios sectores –no tan pobres—, no sólo sus adversarios conservadores—, lo que abre la posibilidad de un modelo de gobierno más inclusivo y de un nuevo pacto de conciliación con los diversos sectores sociales, productivos, incluso, políticos.

 

Es decir, construir un modelo de gobierno inclusivo, que incorpore a los beneficios no sólo para los que ganaron en las elecciones, sino también para los que perdieron, por que el gobierno debe ser para todos.

ROCHA, CLAVE EN LA ATENCIÓN EL CAMPO CON SHEINBAUM

 

En esa perspectiva, las gestiones del gobernador Rubén Rocha ante el gobierno federal para atender las demandas y necesidades de los productores agrícolas de Sinaloa, podrían ser una experiencia que se tome como referente para constituir una nueva política de atención al campo y una nueva relación del gobierno con los sectores productivos en el próximo gobierno.

La relación que se han venido construyendo entre los productores y el gobierno federal, con la intermediación del gobernador de Sinaloa, ha permitido construir propuestas más inclusivas para los productores agrícolas que al inicio del actual gobierno prácticamente eran excluidos, porque no se les consideraba entre los pobres, incluso, a los ejidatarios por el hecho de poseer tierra.

No obstante, ante la fuerza de las demandas fundamentadas de los productores agrícolas, se consintió en incluirlos para apoyos, pero sólo ejidatarios o pequeños propietarios que poseían hasta 10 hectáreas. Fue el caso de la compra del gobierno de la cosecha de maíz a un precio de garantía, para salvarlos de los “coyotes” e industriales que se quedaban con la mayor parte de la ganancia generada por los productores. Sin embargo, se excluía del beneficio, a los productores medianos y grandes con más de 15 hectáreas de tierra.

Pero el problema no estaba resuelto y hubo que revisarlo y reconstruirlo para beneficiar a más productores con más extensión de tierra pero que igual eran víctimas de los grandes industriales y “coyotes”, de tal suerte que para este ciclo, se mantendrán las reglas básicas de operación de la compra de cosecha a los productores, pero otorgando un apoyo de 750 pesos por tonelada a quienes tienen hasta 50 hectáreas y que produjeron hasta 600 toneladas. Para estos, el beneficio será directo con SEGALMEX con el mismo esquema anterior, que ya está en marcha.

ATENCIÓN A RICOS Y A POBRES

 

Es decir, el beneficio directo, que antes era sólo para los más pobres (alrededor de 13 mil), se extiende a un segmento de menos pobres, pero que son incluidos en un primer grupo de alrededor de 25 mil.

Un segundo grupo lo constituyen 495 productores que definitivamente no pueden ser considerados entre los pobres, tanto personas físicas como morales, con más de 50 hectáreas y más de 600 toneladas de producción. Estos tendrán también el beneficio de 750 pesos por tonelada que los primeros (en 50 hectáreas y 600 toneladas), pero tendrán otros beneficios para el resto de su producción mediante un programa complementario de la SADER.

Finalmente, todos los productores agrícolas de maíz, pequeños, medianos y grandes tendrán beneficios directos e indirectos del gobierno federal y aunque se sigue priorizando en el apoyo a los más pobres, el criterio de inclusión para beneficiar también, aunque de maneras diferenciadas, a los menos pobres, e incluso, a los grandes productores, considera la importancia estratégica de la producción de alimentos para el país y particularmente la producción de granos como el maíz, y que los verdaderamente grandes (ricos) son los industriales, pero también a éstos se les necesita, por lo que también con ellos habrá que hacer, en su momento, tratos específicos.

 

Como se puede ver, el criterio inicial de atender primero (casi exclusivamente) a los pobres ha tenido que evolucionar, más allá del exitoso eslogan electoral de “por el bien de todos primero los pobres” a “atender a todos”, aunque con criterios diferenciados en función de sus necesidades. Y este es, sin duda, el rumbo que deberá construirse en el próximo gobierno que se propone la conciliación nacional y que para ello tendrá que establecer nuevos tratos con los diversos sectores.

A pesar de los desacuerdos frecuentes y de las manifestaciones públicas y plantones de los productores contra el gobierno, el diálogo ha permitido construir esquemas más viables, inclusivos y beneficiosos para todos los productores y esta experiencia con los productores agrícolas, incluyendo también a los “ricos” o menos pobres, podría irradiarse también a muchos otros sectores en un nuevo modelo de diálogo y conciliación nacional, no sólo política, sino también en una nueva relación de todos con el gobierno, sin exclusiones.

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