La compra de un estadio por 700 millones de pesos en Mazatlán con recursos del presupuesto público en la administración estatal de Quirino Ordaz Coppel cuestiona cualquier racionalidad en el ejercicio del gasto público, dado que no corresponde a ninguna de las funciones del Estado y plantea que la toma de decisiones es más por conveniencia personal, que en beneficio de los sinaloenses.

Tal parece que se trata de una “herencia maldita”, para el Gobierno de Rubén Rocha Moya, el cual al irse del puerto el equipo de futbol FC Mazatlán, queda en la interrogante ¿cómo es posible que se destinará dinero del gasto público a financiar una obra que daría beneficio a intereses particulares? y ¿a qué se destinará ahora ese estadio?

Es importante señalar que el gasto del presupuesto en comprar un estadio de futbol es insultante, para una entidad como Sinaloa con carencias fuertes en seguridad pública, combate a la pobreza, salud, educación y bienestar económico, que sí son funciones del Estado.

Es preocupante que se tomen ese tipo de decisiones desde la gestión pública, en donde se debe trabajar con un Presupuesto Basado en Resultados con evaluación del recurso público en las dimensiones de economía, eficacia, eficiencia y calidad. En esta toma de decisiones, parece que todos estos elementos están ausentes.

Inclusive, toda la narrativa del Gobierno federal y estatal con  acciones como ésta, parece llenarse de grietas, puesto que la rendición de cuentas y la transparencia son totalmente ignoradas.

Recordemos que en el gasto público se parte de la premisa de que los recursos son escasos y deben maximizarse en la solución de problemas públicos que afecten a una colectividad y viene la gran pregunta de tesis doctoral: ¿Qué problema público atiende la compra de un estadio?

Sin duda, el Gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel (hoy flamante embajador de México en España) no se caracterizó por usar los recursos presupuestarios en forma racional, ni en respuesta a las demandas de Seguridad, Desarrollo Económico y Bienestar Social de los sinaloenses, sino más bien con una lógica de beneficios a empresas privadas, por ejemplo: al ramo hotelero.

En suma, el Gobierno del morenista Rubén Rocha Moya ahora tiene la oportunidad de obtener recursos públicos mediante ese estadio, mediante los siguientes aspectos susceptibles de mejora: rentar el estadio para eventos deportivos, culturales o sociales o bien venderlo y destinar esos recursos a funciones sustantivas del Estado.

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