No importa lo que esperamos de la vida,
sino que importa lo que la vida espera de nosotros.
Viktor Frankl
Lo que sucedió en la comunidad de Sánchez Célis, vuelve a poner en tela de juicio la idea oficial sobre el Estado de derecho y la Seguridad. La acción de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional terminó en una tragedia desde las distintas aristas que se le quiera ver. Lo que debe obligar no sólo a las autoridades federales, sino también a nuestras autoridades estatales a reflexionar sobre los saldos que dejan esos operativos.
Nadie plantea que no se persigan los delitos graves como los que se encuadran en el tráfico de drogas y las conductas antisociales que los acompañan, pero imposible no ver con preocupación que con dolorosa frecuencia la pérdida de vidas es la consecuencia de muchas acciones de la autoridad.
La trágica jornada de Sánchez Célis no abona a la pacificación del país, a la seguridad que tanto anhelamos, no disminuye un jeme la magnitud del trasiego de drogas ni desmantela las agrupaciones que se dedican al crimen. ¿Acaso lo han hecho otras acciones similares en México o en otros países? En las favelas del Brasil, por ejemplo, solo aumentaron la violencia en esos barrios pobres.
Es hora ya de que en toda política pública, en especial las que se relacionan a la materia de seguridad, observen en primer término y en la última instancia la importancia de la vida humana. Quienes cometen delitos deben pagar por ello, pero en la cárcel.
El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, buscó ponerle orden y sentido al importante trabajo de las instituciones armadas y aprobó los llamados Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Cito las Disposiciones Generales números 5, 7 y 8, como ejemplo:
“5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;
d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
“7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos.”
La pérdida de siete vidas de civiles, la incertidumbre para toda la comunidad y la orfandad en términos de seguridad para toda la zona y la ausencia de la información imprescindible que la sociedad sinaloense debe tener sobre las acciones de persecución del delito, llevan a periodistas como Alejandro Sicairos a señalar que “no han aprendido los estrategas del Ejército que la intervención relámpago contra la delincuencia, por más secrecía que requiera, ha de llevar implícita la simultánea difusión de datos y evidencias que enteren oportunamente sobre operaciones dirigidas contra maleantes y de estricta salvaguarda a los derechos humanos y respeto a ciudadanos de bien.”
Otra voz autorizada que reclama la necesidad de información oficial es Miguel Calderón, cabeza del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pues salvando los detalles a que obliga la naturaleza de esos casos, la información no puede negarse, “porque el libre flujo de la información es una variable importante para el tema de la paz”. No podía faltar la opinión de la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes: “Es increíble que a dos días no se tenga respuesta por parte de las autoridades, que le estén apostando a la discrecionalidad y que no rindan cuentas.”
Las autoridades de Sinaloa deben tener opinión sobre ese tipo de operativos y sobre la estrategia del Estado mexicano para procurar la gobernanza y la paz. Sinaloa es parte del Pacto Federal y como tal siempre debe estar presente la soberanía estatal. Dos eventos trágicos nos muestran que no deben repetirse: Jesús María (2023) con un saldo de 31 muertos entre policías, soldados y civiles y Sánchez Célis con los 7 mencionados, el pasado 23 de junio.
Las elecciones de 2018 y las que se llevaron a cabo el pasado día 2 del presente mes, reiteraron el interés de cambios profundos para el país, mismos que apuntan a mejorar la vida económica y social, y que ello repercuta en la paz y seguridad de cada uno de los habitantes. Y la procuración y administración de justicia son renglones de primer orden en esta nueva etapa del país. La acción de la autoridad para mantener el orden constitucional bajo la concepción del primer capítulo de la misma no puede tener como fundamento la violencia, porque ello es apostar al autoritarismo y a un estado permanente de violación a los derechos humanos. Las horas de angustia de tres niños atrapados en el fuego cruzado de Sánchez Célis nos dan mucho material para reflexionar sobre estos operativos. Vale.
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