Nuestro reconocimiento a los soldados y policías caídos y heridos
en esta ola de violencia, su sacrificio es por nuestra seguridad.

Mala cosa tenemos ahora: vivir los días contando muertos y desaparecidos. A eso nos arrincona esta guerra entre bandas del crimen organizado. Hicimos a un lado los programas de las Fiestas Patrias para dar seguimiento al sinnúmero de acciones violentas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Culiacán y en los rincones de otros siete municipios. El impacto que ha tenido en la vida económica, social y familiar, esta geografía del delito no es cosa menor. Y a 10 días de que nos despertáramos con la agarrosa noticia de incendio de autos y camiones, de enfrentamientos armados en algunos puntos de la ciudad y pérdida de vidas humanas y “levantados” (desaparecidos), no podemos decir que esta ingrata coyuntura ya pasó.

La situación que vivimos en estos días difíciles nos lleva repetidamente a una pregunta natural, pero triste: ¿rebasa la violencia en distintos aspectos a la autoridad? Cada quien de nosotros tiene la respuesta. Pero más allá de esa respuesta, no dejamos de pensar en las opiniones que externan algunas de las autoridades y en las decisiones que toman otras, porque pesan, y mucho, sobre lo que cada familia reflexiona sobre el particular y sobre las decisiones que debe tomar en los diferentes aspectos que afectan a menores y mayores al seno del hogar. Ocupa un primer lugar de nuestra atención las declaraciones del general Jesús Leana Ojeda, comandante de la III Región Militar, quien ante la pregunta de un reportero sobre el tiempo que puede durar esta ola de violencia, declaró que depende de las bandas de delincuentes en pugna, no de los militares.

Fue un arranque de sinceridad, pero lo que se espera de un comandante de ese rango en el Ejército mexicano es que nos diga que se está trabajando duro para regresar a la normalidad en que estábamos al menos hasta el día 8 de septiembre.

Después de 10 días de padecer la incertidumbre y suspender muchas actividades y de ver paralizada a la ciudad de Culiacán en su vida comercial, en su transporte público, escuelas sin la alegría de los niños y mucha gente confinada en sus hogares como en los días más penosos de la reciente pandemia, lo menos que queremos escuchar es lo que expresó el general Leana el día que conmemoramos la Independencia Nacional con un desfile cívico militar.

Los padres de familia han sido muy sensibles a la situación y han probado tener más sentido común que la secretaria de educación pública, pues mientras ésta emite instrucciones para que se reanuden las clases presenciales en circunstancias dudosas, los padres de los alumnos de primaria y secundaria se han negado en su inmensa mayoría a llevar a sus hijos a la escuela. Y de paso han entrado en una fuerte polémica con la representante de la SEPyC. En varias escuelas se pueden ver lonas alusivas a la postura de los padres de familia y en las redes sendos documentos de respuesta a las instrucciones de la doctora Catalina Esparza Navarrete.

Es de una lógica elemental la decisión de si se reanudan las clases o no. ¿Quién debe decirnos que ya está controlada la situación de violencia y que pueden reanudarse todas las actividades, incluidas las educativas? Las autoridades de seguridad. Así como en las incapacidades laborales quien debe decidir si se regresa al trabajo es el médico tratante y no el patrón, la SEPyC debe solicitar la opinión de quienes están a cargo de nuestra seguridad. Porque una mala decisión puede llevarnos a lamentar cosas muy desagradables en las escuelas.

Además, la misma pandemia pasada nos dejó muchas enseñanzas. Y una de ellas es que nuestros maestros probaron que podían superar el mal momento recurriendo a la educación a distancia. Es cierto que se lamentaba que no todos los alumnos tenían una computadora o teléfono con las funciones suficientes para recibir las clases a través de internet, pero siempre se encontró una solución. Y ahora esa experiencia puede ser aprovechada. Nuestra mala coyuntura me trae el recuerdo de aquellos años cuarenta del siglo pasado, cuando la polio se volvió epidémica en los Estados Unidos. El departamento de Educación suspendió las clases presenciales, pero no la educación. La televisión apenas se asomaba a los hogares de aquel país y del internet ni a sueños llegaba, pero la radio había invadido los hogares y ese fue el soporte para la educación a distancia. Salvaron el ciclo escolar y le dieron una paliza a la parálisis infantil.

Este miércoles 18, el gobernador echó a caminar un operativo policial para apoyar la seguridad en las escuelas. Le deseamos mucho éxito en ese esfuerzo en el que empeña su preocupación y se juega mucho del prestigio de su administración. Hacemos valer, eso sí, una observación que la experiencia de no pocos momentos difíciles nos ha tatuado en la memoria: la presencia de policía en diferentes puntos de la ciudad y de regiones en el estado, nunca fueron trancas seguras para detener acciones de violencia. Esperamos equivocarnos y que el patrullaje en los barrios donde tenemos escuelas sea respetado por quienes hacen de la Ley objeto de violación de sus preceptos.

Hay algunas cosas que en estos días nos aconsejan a pensar más allá de promover medidas policiales y de uso de armas. No está mal hacerlo, siempre y cuando se atiendan las recomendaciones de la ONU sobre el uso de la fuerza. Pero hay otras cosas que un gobierno democrático debe observar: la edad promedio de los jóvenes que participan en las bandas del crimen organizado, de los que han sido víctimas de homicidio y de los que hoy están en calidad de desaparecidos. Son un segmento de la sociedad muy joven y que nos lleva pensar en las fallas que tenemos en el terreno de las oportunidades de trabajo, de estudios y de inclusión en la sociedad. Hemos fallado todos. Y estamos emplazados a ver el fenómeno de la violencia en que participan esos jóvenes como un problema de origen social. Si apostamos solo a las medidas de fuerza sin que se asomen programas de atención integral hacia los niños y jóvenes desde ahora, pronto estaremos lamentando otra ola de violencia como expresión de fracaso de las políticas actuales hacia las generaciones que decimos son el presente y futuro de este hermoso y sufrido país. Vale.

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