En la columna anterior se revisaron las distintas modalidades de la violencia, entre ellas la violencia digital. Es imprescindible seguir hablando de este tema, porque en enero de 2026 la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) dio un paso histórico: realizó el primer cambio oficial de nombre y género en documentos de un trabajador, marcando un precedente real de inclusión. Esta noticia trascendió en redes a nivel estatal y nacional, destacando la autodeterminación de las personas trans y el marco legal que las ampara.

La Ley de Identidad de Género en Sinaloa, aprobada en 2022, permite modificar nombre y género en actas de nacimiento mediante procedimientos administrativos y judiciales simplificados, reconociendo el derecho a la identidad de género autopercibida. Este régimen normativo se apoya en un conjunto de leyes que buscan garantizar la dignidad y la seguridad de las personas trans en el estado, y que envían un mensaje claro: la identidad no es una opción, es una realidad que debe ser reconocida por la sociedad y por las instituciones.

Sin embargo, este avance no estuvo exento de controversia. Los comentarios en las notas periodísticas fueron, en ocasiones, intensamente contradictorios: desde la adhesión respetuosa hasta la resistencia abierta (que fue la mayoría). En muchos casos, las voces transfóbicas revelaron una brecha profunda de comprensión y empatía que aún debemos cerrar. No basta con reconocer derechos, es preciso construir condiciones de convivencia que permitan a todas las personas vivir sin miedo ni estigmatización. Eso implica, entre otras cosas, educación, visibilización y una cultura pública que proteja a las personas trans de agresiones simbólicas y reales.

Al hablar de violencia, conviene recordar que no toda se manifiesta con golpes o amenazas físicas. La violencia digital es una frontera real y actual que afecta la vida de las personas trans y de la diversidad sexual y de género. En el marco de estas noticias, el lenguaje hostil, las campañas de desinformación y las agresiones en plataformas digitales pueden infligir un daño duradero, socavando la dignidad y la seguridad de quienes luchan por su autodeterminación. Lamentablemente, la tecnología, que podría ser una aliada para la visibilización, a menudo funciona como un arma cuando se instrumentaliza para atacar identidades, cuerpos y experiencias de vida.

Este panorama no admite silencio, exige acción y una respuesta educativa contundente. Por ello, la educación debe convertirse en la palanca principal para erradicar la violencia y la discriminación. Debemos avanzar hacia una cultura que, en palabras simples, entienda que la diversidad no es una amenaza, sino un valor social que enriquece a toda la población. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, exige constancia, paciencia y, sobre todo, una mirada crítica que cuestione estereotipos y prejuicios arraigados.

Si queremos transformar el entorno, debemos trasladar esa reflexión a lo concreto. En las aulas, en los campus y en los medios, necesitamos ejemplos y relatos que desnaturalicen la violencia y normalicen la protección de derechos. Es fundamental celebrar la dignidad de todas las personas, incluyendo a quienes están en proceso de autodeterminación o que ya la ejercen plenamente. Solo así la educación dejará de ser teórica y se convertirá en una práctica cotidiana que sostenga derechos, seguridad y convivencia.

La experiencia de la UAS ilustra que la legalidad y la realidad social pueden avanzar de la mano, pero también que este avance depende de la vigilancia pública y de la participación ciudadana. No basta con que exista una ley; hay que hacerla operativa, visible y accesible para quienes la necesitan. La visibilidad debe ir acompañada de responsabilidad, para evitar que la libertad de expresión se convierta en un espacio de agresión y para que las plataformas digitales asuman su rol en la protección de usuarixs vulnerables.

En definitiva, la lucha contra la violencia en todas sus formas, incluida la digital, no es una tarea aislada. Es un compromiso colectivo que exige cohesión entre derechos, deberes y cultura cívica. Si aspiramos a una sociedad que respete la autodeterminación de cada persona, debemos convertir la inclusión en práctica cotidiana: políticas claras, educación continua, atención institucional eficaz y, sobre todo, un debate público que privilegie la empatía por sobre el miedo.

¿Hacia dónde queremos ir como comunidad? A un entorno donde la identidad de cada persona sea reconocida y defendida, donde la violencia digital se denuncie y se combata, y donde la diversidad sexogenérica se vea como motor de desarrollo y convivencia. El camino es largo, pero los avances ya están en marcha, el reconocimiento legal existe, y corresponde a todos nosotrxs traducirlo en respeto, seguridad y dignidad para todas las identidades.

Material de apoyo:

https://dcs.uas.edu.mx/noticias/12839/la-uas-marca-precedente-en-sinaloa-realiza-el-primer-cambio-de-identidad-de-genero-en-documentos-oficiales-de-un-trabajador

https://www.congresosinaloa.gob.mx/comunicados/aprueba-congreso-modificar-nombres-en-actas-de-nacimiento-para-reconocer-identidad-de-genero/

https://losnoticieristas.com/sinaloa/2022/03/ley-de-identidad-de-genero-ya-es-vigente-en-sinaloa-conoce-el-proceso-para-cambiar-actas-de-nacimiento-184681/

https://www.facebook.com/100064917032757/posts/1298025842371305/?mibextid=wwXIfr&rdid=UuO3LeOctDxK3O4S#

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/la-uas-realiza-el-primer-cambio-de-identidad-de-genero-en-documentos-de-un-trabajador-2026-01-14__1554444?fbclid=IwZnRzaAPU-WBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEen_2KrULXaXoo9ezIbZpaDBNnNIJawQlx5TFWHIdrpNjeXqIXI-hxkcpCCUg_aem_wfiovd57y5HI17WAxNS0Ig#yxs59np8vug6mswe8mtrpbxax2svf2z7a

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