La violencia sexual existe… y el acceso selectivo a la justicia también

La tarde del 4 de noviembre un hombre —ahora identificado como Uriel “N” agredió sexualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando salió de Palacio
Nacional rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el centro de la capital, donde cada 8 de marzo y 25 de noviembre miles de mujeres, niñas y adolescentes exigimos una vida libre de violencia.

A lo largo de la semana, en medio de la latencia e inmediatez , creadorxs de contenido y medios de comunicación algunos que aseguran mantener “perspectiva de género” circularon el video del delito contra de la mandataria una y otra vez — a veces hasta en cámara lenta— como si la revictimización implícita en esta estrategia “informativa” no fuera una expresión de la violencia mediática, también tipificada a nivel federal y en contadas leyes estatales de protección integral.

A la par de tratamientos periodísticos que oscilaron entre la obviedad y la invisibilización de los feminismos y movimientos de mujeres en el combate a la impunidad en los delitos sexuales, en Internet, ecos al [misógino y raciclasista] empresario Ricardo Salinas Pliego afirmaron que los acercamientos y tocamientos no consentidos a Sheinbaum fueron un “vil montaje” y “circo”.

En un país en el que el 98% de las mujeres víctimas de hostigamiento, acoso o abuso sexual no inició un proceso formal por temor a no ser escuchadas o a que
el Ministerio Público les exigiera verdaderas pruebas —es decir: aquellas que traspasen sus sesgos misóginos—, los comentarios, memes y reels generados con
Inteligencia Artificial no son sorpresivos. Todo lo contrario. Una vez más, exponen las constantes a las que nos enfrentamos las sobrevivientes y denunciantes cuando rompemos el silencio: burla, duda y culpabilización.

Tildar de “cortina de humo” no solo es dar amplitud a la narrativa predilecta de sectores negacionistas y hombres que ven en los feminismos una conspiración
en su contra; también muestra los vacíos que, pese a logros de movimientos como el #MeToo, #Cuéntalo y #MiráCómoNosPonemos, siguen presentes en la
discusión pública sobre la violencia sexual, segunda forma de agresión más frecuente contra las mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021).

El acoso, el hostigamiento, el abuso y la violación no son hechos esporádicos, extemporáneos o insólitos. La violencia sexual —en espacios íntimos, privados o
públicos; en callejones, cerca de parques, la recámara, el salón de clases o frente al edificio en el que se toman las decisiones más importantes del país; solas, con
amigas o custodiadas; cuando el sol se asoma o esconde; usando tenis, pants, tacones, pijamas, faldas o la banda presidencial; perpetrada por seres queridos,
compañeros de escuela o trabajo, parejas, funcionarios, políticos o extraños con lo que apenas cruzamos mirada— existe, enraizada —normalizada y tolerada—
en una cotidianidad que es clara en sus métodos de disciplinamiento, exclusión, despojo y castigo contra mujeres y cuerpos feminizados.

Respuesta institucional poco ordinaria

Un día después de la agresión, en la mañanera, Claudia Sheinbaum comunicó que su caso ya estaba en manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales, dependencia
que hace un par de años fue señalada por no contar con personal competente y que a inicios de 2025 reportó el rezago de al menos 12,000 carpetas de crímenes
contra menores. Su denuncia —también respaldada por la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), organizaciones feministas, medios regionales y órganos
internacionales como la ONU— escaló a la detención inmediata del violentador y a su posterior traslado al Reclusorio Norte.

En la misma semana, Citlalli Hernández Mora, titular de SEMUJERES, presentó el Plan Integral Contra el Abuso Sexual , enfocado en la homologación penal en
las 32 entidades, el fortalecimiento de protocolos de atención, campañas de concientización y mayor coordinación entre fiscalías locales y secretarías. Si bien la prensa —en su mayoría extranjera— describió a esta acción como “una vía para sentar las bases del combate a la violencia contra las mujeres”,
periodistas, colectivas, activistas y acompañantes puntualizamos algunas cuestiones.

Históricamente, los feminismos y las luchas antipatriarcales hemos mantenido como prioridad el reclamo de nuestro derecho a una vida digna. Los avances
institucionales y legislativos no habrían sido posibles sin las madres, hijas, hermanas, amigas de víctimas, denunciantes y sobrevivientes que durante décadas hemos recordado al Estado mexicano las responsabilidades a las que debe cumplir como suscriptor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará (Convención de Belém do Pará).

La tipificación de las expresiones de la violencia sexual son una conquista de las colectivas de Ciudad Juárez que, a diario, reiteran a los gobiernos que en México
existe la sentencia de la CorteIDH de Campo Algodonero; de las organizaciones que han puesto en evidencia el raciclasismo institucional que protege y beneficia a agresores sexuales en zonas indígenas; de las redes que han tejido mujeres de Edomex, Sinaloa, Baja California, Nuevo León y Veracruz para exigir justicia en los casos de violaciones contra niñas y sus desapariciones con fines de explotación sexual ; y de las activistas y expertas que, desde todos los espacios posibles, explicamos cómo la figura de prescripc´ión obstaculiza —aun más— los procesos para las denunciantes y sobrevivientes de violencia sexual.

“Esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país”, dijo Claudia Sheinbaum sobre la agresión de la que fue víctima. Su caso no es
aislado. Pero lo rodea cierta excepcionalidad: la respuesta coordinada y —hasta ahora— oportuna de las autoridades, un primer paso a la justicia y la reparación, que no deberían estar descritas por un acceso selectivo. Señalar este carácter inusual no da paso a discursos y acuerpamientos en los que nuestro repudio a las violencias de género dependa de si coincidimos o no con un proyecto político o una persona en particular.

Según datos del Instituto Belisario Domínguez (IBD), hasta 2021, en México, en promedio 243 mujeres fueron violadas a diario. La atención respetuosa, sensible, con perspectiva de género y apegada a los derechos humanos por parte de Ministerios Públicos, fiscales y jueces no puede estar sujeta a si ocupamos cargos públicos o a si encabezamos la política formal de un país en el que, pese a las declaraciones de “llegamos todas”, todavía gritamos “¡Rompa el pacto, presidenta! , ¡Basta de encubrir a agresores!”.

Presidenta, yo le creo y la acompaño en su proceso. Así como le creo y acompaño a las denunciantes y sobrevivientes que siguen pidiendo que las escuche, sin reprimirlas, estigmatizarlas o engañarlas con una promesa que, más que una realidad, ha adoptado como eslogan político.