Lógicas de la desaparición e impunidad, contextos y resistencias

En diferentes textos tanto científicos y académicos como de divulgación, especialistas en materia de violencia, desaparición de personas y organizaciones de familiares, como Karina Ansolabehere, Álvaro Martos y Sandra Serrano, desde su labor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, entre otros espacios, han contribuido significativamente al entendimiento y enmarcamiento de un fenómeno tan complejo como las desapariciones en el México contemporáneo, de la época de la contrainsurgencia a la llamada “guerra a las drogas”.

Me interesa particularmente comentar en esta columna algunos aspectos y conceptos contenidos en el libro que han coordinado y que ha sido publicado por la UNAM el año pasado, titulado Desapariciones y Regímenes de Violencia. Lecciones desde México. 

La premisa con la que arranca la obra es la siguiente, y vale la pena citarla enteramente:

En México, entre 1964 y 2023 desaparecieron más de 200,000 personas, y más de 100,000 permanecen desaparecidas. El 80% de estas desapariciones ocurrieron después de 2007, año del inicio de la denominada “Guerra contra el narcotráfico”, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Durante este periodo el país es considerado una democracia electoral, de acuerdo con el índice de V democracy. En este periodo también más de 300,000 personas han sido asesinadas. Esta situación desafió la explicación de la estrategia de la desaparición como propia de los regímenes autoritarios y de situaciones de conflicto armado. Desapariciones generalizadas coexisten con un régimen democrático, y son cometidas tanto por agentes estatales como por particulares (organizados o no).

La idea es construir un marco conceptual que abarque distintas dimensiones y lógicas intrínsecas de las desapariciones, caracterizadas por ciertos patrones y repeticiones, en el contexto de un conjunto de reglas, actores y condiciones que posibilitan el ejercicio, difusión y circulación de la violencia en distintos momentos y territorios de la historia y la geografía país.

Es una manera de comprender la continuidad de los modelos y ciclos represivos instrumentados desde el Estado y el crimen organizado a lo largo de las “transiciones mexicanas” (políticas, económicas, reales, abanderadas e imaginadas) en el paso entre el siglo XX y el XXI.

Ante los mecanismos y dispositivos de la desaparición de personas en México, dentro de determinados regímenes de violencia, las y los familiares, personas buscadoras, sobrevivientes, testigos, colectivos y organizaciones sociales y solidarias han ido desarrollando repertorios de lucha, visibilización, unión, búsqueda y, finalmente, de resistencia contra el olvido, la estigmatización, las violencias y la necropolítica.

Hoy en el país hay más de 128mil personas desaparecidas. En el caso de Guanajuato, son al menos 4,885, según datos la fiscalía estatal y el registro nacional, obtenidos vía plataforma nacional de transparencia. Cabe considerar, asimismo, que estas cifras no han dejado de crecer en los últimos tres sexenios, particularmente en el tramo 2018-2024: en Guanajuato, por ejemplo, los casos se multiplicaron ocho veces desde 2018.

Detrás de cada persona desaparecida hay proyectos de vida truncados, comunidades en quiebra, círculos concéntricos de dolor, miedo y rabia, y los efectos de una violencia expansiva, la cual es directa y difusa, pero también sociopolítica y sistémica, criminal e institucional a la vez.

Por lo tanto, es importante poder contar con cada vez más herramientas de análisis del contexto y comprensión de las realidades heterogéneas y complejas, pero con ciertos rasgos comunes, que atañen a las desapariciones y a la acumulación de agravios, estructurales y coyunturales, que las anteceden y facilitan. Un feminicidio, una desaparición, la aparición de hallazgos en fosas comunes o el desplazamiento forzoso de personas de sus comunidades no son fenómenos casuales o aislados, sino que se han vuelto sistemáticos, generalizados, entrelazados entre sí y con otras formas de descomposición del tejido social.

Se identifican, a partir de los trabajos arriba mencionados, entre otros que se han ido sumando desde el periodismo, los colectivos de búsqueda y la misma academia, cuatro lógicas detrás de las desapariciones, a saber: la clandestinidad, la construcción de “sujetos desechables”, la “pérdida ambigua” y el beneficio económico, a las que considero podemos agregar una quinta característica que también, como las otras, se extiende de las desapariciones del siglo pasado a las actuales, preocupantemente, sin discontinuidad: la impunidad.

La primera lógica se inserta en la definición y naturaleza misma de la desaparición, o sea, el acto clandestino de esconder la violación de derechos humanos cometida.

La segunda consiste en asimilar a las personas desaparecidas con categorías de “personas desechables”, como forma de la necropolítica y la construcción del “enemigo”, como alguien a quien se puede desaparecer sin consecuencias porque ha sido previa y arbitrariamente clasificado como marginal, desviado o antisocial. La narrativa política y mediática ha sido fundamental en esta narrativa desviante y falseada que segrega y, eventualmente, prepara la eliminación simbólica y física de una parte de nuestra sociedad.

La tercera es el uso de la “pérdida ambigua”, que incorpora la imposibilidad del cierre del duelo, el desconocimiento de la situación del ser querido desaparecido y la incerteza extrema sobre su vida y paradero, por parte de las familias como forma de control social y disciplina.

La cuarta lógica es la que responde a una forma de economía política de las desapariciones, y que mantiene la dimensión del beneficio para los perpetradores y sus proyectos, incluyendo desde luego grandes obras extractivistas, despojos territoriales y de recursos, tráficos lícitos e ilícitos, explotación de cuerpos y fuerzas humanas, dentro de circuitos de la desaparición que alimentan la voracidad del capital y su acumulación.

Me parece que es posible agregar a estas cuatro lógicas una quinta dimensión, la impunidad de las desapariciones, que ha constituido un rasgo prevalente y persistente a lo largo de más de cinco décadas en México.

Y lo ha sido tanto a lo largo del tiempo, desde la época de la contrainsurgencia o “guerra sucia” hasta el periodo de la llamada “guerra al narcotráfico”, como a través de la geografía y de la constelación institucional nacional, así que entraña por lo menos tres dimensiones:

• la responsabilidad estatal por acción, omisión o aquiescencia en graves violaciones a los derechos humanos;
• la complicidad con redes criminales, empresariales y políticas que convergen en la perpetuación y profundización de una crisis que es forense, social, de la justicia y, por ende, humanitaria;
• y, finalmente, la miopía y falta de voluntad política para plantear y llevar a cabo el progresivo desmantelamiento de engranajes, dispositivos y condiciones que han hecho posible, asequible y ventajoso el uso y circulación de esta tecnología represiva y política.
  Además de ofrecer múltiples y diversas perspectivas, un avance importante de la obra “Desapariciones y regímenes de violencia” es que ofrece un acercamiento y tipificación a las lógicas de la resistencia que se oponen a los trabajos de la violencia, “en la medida en que son acciones que las personas sometidas al control ejercido a través de las desapariciones realizan para modificarlo”, citando a Ansolabehere.

Por lo tanto, se plantean cuatro lógicas de la resistencia frente a las correspondientes mecánicas de la desaparición:

• verdad y justicia sobre el régimen de violencia ante la clandestinidad; ii) el aprecio y el reconocimiento frente a la construcción de una población desechable;
• la organización, movilización y participación en resistencia contra la pérdida ambigua; iv) y la visibilización de quién gana y quién pierde para contrastar la economía política de las desapariciones.
  Mediante estas categorías es posible comprender mejor, enfocar, las acciones de búsqueda y las reivindicaciones de verdad, memoria, justicia y no repetición, sostenidas y enarboladas durante años y años por colectivos, brigadas, caravanas y personas que han vivido directa o indirectamente la desaparición y sus efectos, o que son solidarias con estas. Y de eso también se trata, entender y visibilizar para empatizar y activar redes de solidaridad y acción antimafia.

Consecuentemente, agregaría en este modelo una quinta lógica de resistencia a la impunidad y sus correlatos de injusticia, la que se describe como búsqueda, memoria y contencioso, es decir, estrategias legales o de litigio.

O sea, se concreta en un repertorio de luchas y búsquedas en campo, pero también a través de las opciones legales, políticas y simbólicas para la fracturación de los pactos de silencio e impunidad y de los legados de no-justicia.

Reportorios de agencia cívica, movilización social de las víctimas y construcción de ciencia ciudadana pueden traducirse en acciones colectivas como la denuncia pública por parte de las víctimas y personas solidarias; los procesos de registro, documentación y archivo de casos para fines de memoria, verdad y justicia; la activación de herramientas jurídicas del derecho interno e internacional (amparos judiciales, cabildeos legislativos, quejas en procuradurías de derechos humanos estatales y la CNDH, Acciones Urgentes y Comunicaciones Individuales ante la ONU o peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras); la edificación de memoriales que señalen responsabilidades o responsables; el litigio estratégico acompañado por especialistas del derecho y organizaciones de la sociedad civil; la creación de mesas de trabajo y discusión directa con autoridades. Son ejemplos que se insertan dentro de una lógica de oposición a la impunidad y sus aristas y que abonan al avance de procesos de verdad y justicia.

Un régimen de violencia, en que se insertan las desapariciones, se puede concebir como un conjunto de reglas para el acceso, el uso y la circulación de la violencia en un territorio y tiempo determinados.

Los análisis del contexto para la búsqueda y la investigación de casos de desaparición, previstos incluso en la misma legislación como deber y atribución de autoridades como las fiscalías y las comisiones de búsqueda, deberían abrirnos la mirada a las redes macrocriminales y a los poderes legales y fácticos, establecidos en una región y un periodo histórico dado. Y digo “deberían” porque en realidad han sido pocos y erráticos los materiales de análisis de contexto, elaborados y disponibilizados por las autoridades. Por ejemplo, es fundamental comprender el micro y macrocontexto, social, económico, criminal y político, que antecedió la noche de Iguala del 26-27 de septiembre de 2014 y la desaparición forzada de 43 normalistas para caminar hacia la verdad, la justicia y su localización. Esto parece una banalidad, pero por meses y años, este “contexto” ha sido manipulado, ocultado y reducido a chismes y disputas locales por medios de comunicación y partidos políticos, junto con la tradicional opacidad del estamento militar. Teuchitlán, en este 2025, no puede simplemente asimilarse el caso Ayotzinapa, aunque se repite el hecho de que también la comprensión del contexto aparece difuminada y ensuciada por actores políticos, mediáticos e intereseros que acaban negando el derecho a conocer los hechos y su alcance real en todo Jalisco, con sus redes y complicidades mafiosas históricas.

Al respecto, considero que todavía la academia y la universidad también deben mucho a la sociedad, particularmente en el trabajo conjunto y respetuoso con los saberes generados por los colectivos y las personas buscadoras, y en contribuir más a través de la conformación de redes y ecologías de experiencias y conocimientos, así como aprovechando vínculos y fuentes, locales y orales, para comprender quién autoriza crimen y violencia en los territorios y tiene la capacidad de utilizar las desapariciones, las fosas clandestinas y otros medios del terror para imponer su dominio.