Los 3 frentes de la guerra en Sinaloa: armada, política y psicológica

Las declaraciones del comandante de la Tercera Región Militar Jesús Leana Ojeda en el sentido de que devolver la seguridad en Sinaloa no está en manos de las fuerzas armadas, sino de los grupos criminales que mantienen el conflicto en la región, desató una andanada de críticas contra el militar y contra el gobierno a nivel nacional calificándolos de (lo menos) incompetentes e incapaces, en medio de un estado de temor generalizado, luego de una semana de alarmantes hechos de violencia que han afectado principalmente a la capital de la entidad.

“Depende de ellos. Ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contario, estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdida de vidas humanas”. La respuesta del militar generó indignación en la población que esperaba, con razón, una respuesta esperanzadora de resultados inmediatos. Para los analistas, fue un error político del militar. Y para la oposición, gasolina para acabar de “quemar” al gobierno de AMLO.

Sin embargo, con todo y que a nadie le haya gustado, la respuesta del militar fue correcta. Primero, porque iniciar en estos momentos una guerra contra los grupos delincuenciales en pugna, que no se rendirían sin pelear, implicaría aumentar y prolongar los niveles de inseguridad de la población de manera indefinida. Un estudio publicado en la revista Science, dado a conocer por la revista proceso en 2023, estima que al 2022 el cartel de Sinaloa tendría cerca de 9 mil miembros, en su mayoría jóvenes empleados en las actividades delictivas –que a este 2024 serían al menos 10 mil— por lo que, para someterlos, habría que capturarlos y muchos perderían la vida en los enfrentamientos contra las fuerzas armadas, enlutando a miles de familias sinaloenses.

Segundo, porque la misión de las fuerzas armadas, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es “defender la integridad, independencia soberanía de la nación”, “garantizar la seguridad interior”, auxiliar a la población en casos de desastres y coadyuvar con el desarrollo nacional, en tanto que la misión de la Guardia Nacional es “Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación”.

Es decir, a las fuerzas armadas no les corresponde perseguir el delito. Esa es tarea de la Fiscalía General de la República y aunque eventualmente pueden apoyar el cumplimiento de alguna orden de aprehensión si la FGR se los solicita, su misión principal en estos casos en “garantizar la seguridad interior”, que conlleva prevenir hechos delictivos que puedan poner en riesgo a la población y en eso se han enfocado las fuerzas armadas, aunque esto no disminuya el temor de la población mientras se sigan registrando enfrentamientos armados entre los grupos delincuenciales.

Tres frentes de la guerra

La información de los acontecimientos violentos en Sinaloa en los últimos días da cuenta efectivamente de una confrontación entre grupos delincuenciales que eventualmente se han topado con las fuerzas armadas trayendo como consecuencias algunas bajas en el ejército y –la mayoría— en los grupos delictivos, sin embargo, ante la frecuencia y la intensidad de los enfrentamientos nadie quiere ser la primera víctima inocente en el fuego cruzado.

Por ello, el enfrentamiento violento entre los grupos armados de la delincuencia organizada en pugna no es la única guerra que se libra en Sinaloa. Los hechos violentos reales y el temor generalizado de la población están siendo capitalizados políticamente por la oposición para atacar (con razón) tratar de desprestigiar y desestabilizar al gobierno, lo que constituye una verdadera guerra política, no propiamente de partidos, sino de actores y grupos políticos interesados en aumentar y fortalecer su poder en este “río revuelto”.

Es decir, han aprovechado la confrontación armada de los grupos delincuenciales para llevar agua a su molino políticamente y tratar de fortalecer sus posiciones de poder. Es decir, han encontrado que el temor de la gente converge con su intencionalidad para descalificación al gobierno y que, en la medida en que aumenta el temor, aumenta la descalificación convergente de la población al gobierno porque éste no le da la seguridad que desea.

Al detectar que el temor de la gente es el mejor combustible para los intensificar los ataques y la descalificación del gobierno, logrando circunstancialmente una convergencia y una fuerza que no lograron en las elecciones, la desinformación, la confusión y la magnificación de los hechos se ha convertido en un tercer campo de batalla en esta guerra.

Así,  la información que circula en redes sociales y medios de información sobre los acontecimientos violentos tiende a rebasar con frecuencia a la información oficial, generando la duda y aumentando el temor de la población. Sin embargo, con frecuencia se aprovecha esta situación de zozobra para circular información que distorsiona y/o magnifica hechos al difundir imágenes que no corresponden a este momento y este contexto, pero que en la confusión se toman como verdades aumentando el temor de la población. Y aunque hay quiénes lo hace sin ninguna motivación política, resulta evidente que es también una estrategia de lucha política con propósitos muy específicos.

En esta situación, no se trata sólo de lo que es verdad y lo que no lo es de la información que circula, sino del miedo y la paralización que se genera en la población. Y aunque la autoridad ha mejorado considerablemente el manejo de la información, la continuación intermitente de los hechos de violencia obstaculiza la tranquilidad y el regreso a la normalidad, por lo que continuará el miedo mientras continúen los enfrentamientos armados. Y si bien el aumento de la presencia de las fuerzas armadas, contribuye parcialmente a inhibir los enfrentamientos y con ello, a proteger la integridad física de la población, ésta se seguirá sintiendo insegura mientras sigan ocurriendo los choques armados.

La complejidad del conflicto

Aunque los medios de comunicación se concretan en la inmediatez de los hechos y en la búsqueda de una explicación desde la perspectiva policial, cuestionando la incapacidad del gobierno para impedirlos, se deja de lado el aspecto fundamental que impide la solución del problema. El poder económico. El estudio publicado por la revista Science revela que el narcotráfico es el quinto empleador más importante del país y que los cárteles emplean directamente a más de 175 mil personas en México, por encima de empresas como Oxxo, Bimbo o Coppel. Esto sin contar los empleos que generan empresas integradas al comercio formal con recursos provenientes de actividades ilícitas, que tienen un impacto en la economía formal, lo cual ha permitido general en conjunto, un poder más allá del que les permite el sólo ejercicio de las armas.

Resulta innegable que el gobierno no ha tenido la capacidad para someter a la delincuencia organizada y la crítica social a este gobierno es muy válida, sin embargo, este no es un problema nuevo sino un fenómeno que los gobiernos anteriores dejaron crecer durante décadas. Es decir, no se trata sólo de armas ni de la capacidad de fuego de la delincuencia frente al gobierno, sino de un fenómeno enraizado en la cultura, la economía y la política de la entidad desde hace muchos años.

Ya en el 2010, en una entrevista realizada por Julio Scherer y publicada en la revista Proceso,  Ismael (el mayo) Zambada decía que el narcotráfico envuelve a millones (de personas), y que esta enraizado en el gobierno desde hace mucho, por lo que capturar a los capos no resuelve nada porque sus remplazos ya andan por ahí y que “no se puede resolver en días lo que se ha generado durante años”.

Por ello, la solución al conflicto de inseguridad que se vive en Sinaloa no tiene que ver sólo con la capacidad de fuego del ejército contra los grupos de la delincuencia organizada. Seguramente el ejército tiene más capacidad de fuego que la delincuencia, pero ir a perseguirlos, enfrentarlos, matarlos o encarcelarlos no genera más seguridad en el corto plazo, al contrario, generaría más inseguridad de manera indefinida, por lo que si bien el gobierno no puede prescindir del uso de las armas para combatir el delito, requiere, además, de otras  estrategias complementarias para dar seguridad a la población. No es sólo un problema de armas, es un problema de justicia, dijo recientemente el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera.

Seguridad a las escuelas

Por ello, el aumento del número de efectivos militares, armamento y fuerza especiales en Sinaloa no ha bastado para disminuir el miedo de la población ante los acontecimientos violentos, de ahí que se estén emprendiendo estrategias complementarias como el plan operativo de proximidad para la seguridad de planteles educativos, para que los niños de educación básica vuelvan a recibir clases de manera presencial en las escuelas, y la entrega de despensas a la población con desabastos de alimentos, sin embargo, en tanto no se acaben los enfrentamientos armados seguirá la incertidumbre que afecta la producción, el comercio y el transporte foráneos, fundamentales para el regreso a la normalidad.

Las víctimas sociales

Si bien las víctimas (letales) inmediatas de los enfrentamientos han sido miembros de los grupos de la delincuencia y efectivos de las fuerzas armadas, también en la sociedad civil hay muchas víctimas. Las que perdieron su trabajo por el cierre de negocios, las que no pueden ir a trabajar por falta de transporte, las que viven de sus propios negocios que han tenido que cerrar durante varios días, entre muchas otras y aunque varias organizaciones de la sociedad civil emitieron un documento cuestionando los acontecimientos y el papel del gobierno ante esta situación, resulta evidente que el papel de la sociedad civil en Sinaloa, que podría ser muy relevante ante este tipo de situaciones, no sólo para criticar, sino también para construir soluciones conjuntamente con el gobierno, es ahora muy incipiente.

El papel de la sociedad civil

Si se toma en cuenta el número de víctimas directas de los enfrentamientos, encontramos que la mayor carga de inseguridad de la población proviene del temor que provoca la información-desinformación que circula en redes sociales y medios de comunicación y que no coincide con la información oficial. Es decir, si la información oficial no coincide con las evidencias reales que circulan en redes y medios de comunicación, aumenta el temor y la desconfianza generando mayor inseguridad. En este punto, si las organizaciones de la sociedad civil se alejan de posturas políticas y asumen su papel de representación social pueden convertirse en importantes aliadas del gobierno en circunstancias como esta sin ser apéndices. La sociedad civil podría jugar un papel muy relevante en situaciones de emergencia como esta.