Los excesos del poder de un gobierno en gangrenado

Presidencialismo a ultranza…una burla para México

Introducción

Tratando de encontrar los por qué de la incapacidad de México para su independencia económica, tuve necesidad de analizar diferentes enfoques temáticos, sin que sus resultados me llevaran a la raíz del problema. México seguía siendo un país pobre, dependiente, en retroceso y los antivalores crecían. Las métricas nacionales e internacionales eran consistentes con mis resultados. A pesar de, persistí en mi objetivo y una y otra vez profundizaba la investigación, sin llegar al propósito planteado. Al final, mis conclusiones quedaban en el cuadrante de los efectos. La raíz del problema quedaba sin identificar, y sin saber la manera de llegar a ella. A los problemas sociales y regionales, y los desequilibrios crecientes de la economía, se le sumaba el impacto que el desequilibrio del mercado financiero tenía en todas las variables del PAÍS. Frente a ello, el gobierno enfatizaba las causas, por lo general externas y coyunturales, y ahondaba la problemática moviendo el gasto público a su antojo, conveniencia y necesidad. En lo personal, seguía sin llegar a la raíz de lo que le sucedía a México, y el gobierno atrapado en acciones de emergencia, que sólo acrecentaban la problemática nacional.

A pesar de un gobierno que reprimía y se resistencia, la presión social le obligó a abrir ciertas válvulas de despresurización, y la sociedad empezó a sentir ciertos cauces democráticos y tener mecanismos para controlar el quehacer del gobierno. Alternancias, plurinominales, organismos autónomos e independencia del INE, empezaron a ser contrapesos de los malos gobiernos. El INAI, a su vez le permitió a la sociedad conocer muchos de los quebrantos públicos y de los fraudes que a través del gobierno se hacían. Lo que favoreció a la oposición y en particular a López Obrador. No obstante, el gobierno seguía teniendo el control de la división de poderes y gastando y endeudando al País sin pudor ni racionalidad.

La realidad se agravaba y en la ciudadanía recaía el coste de todo el quebranto que el gobierno hacia. A través del artículo 31, el gobierno le endosaba al pueblo el costo de sus irresponsabilidades.

Entonces, si el gobierno es el epicentro de lo que le ha sucedido al País, ahí debe estar la raíz del problema. El reto ahora era descubrirla con precisión quirúrgica ya que de ello dependía cambiar el destino de México. Nada fácil la nueva estrategia, ya que no se trató de un evento coyuntural ni de una administración en particular, sino de un rompecabezas cuyas piezas estaban dispersas en miles de investigaciones relacionadas al institucionalismo, constitucional en aquellos países que en su momento fueron colonias y que hoy son del Primer Mundo, y de otras tantas investigaciones que giraron alrededor de países de similares antecedentes, pero que hoy están en la antesala de alcanzar ese estatus. Ya armado ese rompecabezas, la consistencia en los cinco casos de análisis, me vi en la necesidad de modificar el punto de origen de mi investigación e irme hasta el período en que México se emancipó de España y surgió como Estado-Nación, con su propia Constitución y división de poderes. Nada que ver con los otros casos de estudio.

El problema de México no son los sesgos ideológicos ni ese enfermizo y radical discurso distractor que el Presidente trae contra los neoliberales a quienes tilda de conservadores y corruptos; ni la raíz del problema nacional está en la administración de Felipe Calderón ni se encuentra con García Luna. Lo que hace el Presidente es evadir la realidad de un gobierno incapaz e incompetente, por demás que visceral y mezquino.

La raíz del tumor, en gangrenado y canceroso, está en un débil articulado de la Constitución, que le otorga al Presidente un poder discrecional y omnipotente, y mecanismos de control directos e indirectos para mover a su arbitrio los poderes Legislativo y Judicial.

La evidencia es real y cruda

La Constitución de 1917, ha tenido 768 reformas: 213 le pertenecen al período proteccionista, 494 al denominado neoliberalismo y 61 a la administración en turno. No todos los artículos se han reformado ni el propósito de ellas ha sido el fortalecer el estado de derecho y la división de poderes, como tampoco el garantizar que las decisiones del Presidente sean las de mayor impacto para el bien superior de México. Más bien, lo mismo han concentrado que descentralizado, así como fusionar, desaparecer y destruir.

Calificativos vienen y van, y al final de cada administración hay un México con más agravios, adversidades y endeudamiento. Crisis, devaluación, inflación, pobreza, emigración, antivalores, anarquismos y un largo, pero muy largo etcétera, no son la causa, sino los efectos de un poder discrecional que tiene el Presidente para gastar a capricho y sin límites, y de su obstinada obsesión para sentirse el centro del universo y por encima de cualquier poder.

El problema en México no es la izquierda ni el centro ni la derecha, sino el gran poder que la Constitución le otorga al Presidente, cuyo ejemplo más contundente se observa en el artículo 73, objeto de 85 reformas, donde el congreso le garantiza al Presidente los recursos que demanda, sin cuestionar su aplicación ni las fuentes donde los obtengan. Las bancadas y los partido bisagra están para obedecer, no corregir. Lo que los hace inconsistente con el artículo 41 de la Constitución.

En las atribuciones del Poder Ejecutivo, también se aprecia un poder absoluto y discrecional ya que, el artículo 89, le otorga libertad para nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y demás empleados de la Unión. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, así como dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Además, de él depende la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y objetar el nombramiento de los comisionados del organismo garante del INAI.

El Poder Judicial, al igual muestra un gran control por parte del Ejecutivo, ya que el artículo 96 lo faculta para que sea el quien designe la terna que pone a consideración del senado para elegir a los ministros de la SCJN, y si éste la rechaza dos veces, la elección la hace directamente el Presidente. Por lo que, si el Presidente logra el control absoluto de la SCJN, no habrá controversia constitucional y el Tribunal Electoral estará a su disposición. Además, el artículo 102 le otorga al Ejecutivo el poder para directa e indirectamente designar al Fiscal General de la Republica y removerlo cuando a su parecer, la causa grave lo amerite, estando en el mismo paquete el control de la dependencia abocada a los Derechos Humanos.

Pero las inconsistencias constitucionales no terminan ahí, el Presidente de la República se burló de los mexicanos, al hacerles creer que podría ser juzgado y enjuiciado como cualquier otro ciudadano, ya que, en el mismo decreto del 19 de febrero de 2021, se reformó el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde estipula que el procedimiento penal contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, que en ningún momento el Juicio Político procede para el Presidente.

Si durante la presente administración la deuda pública creció en 5.6 millones de millones de pesos, es porque el congreso lo autorizó; si durante su administración el Presidente ejerció un presupuesto acumulado de 42.7 millones de millones de pesos, es el congreso quien se lo permitió; y si la pobreza crece y el sistema de salud colapsa, es el congreso quien se lo permite. Y en estos, e infinidad de irracionalidades más, el articulado respecto al Congreso, Ejecutivo y Judicial se lo permite.

Si el gobierno está en gangrenado y su ramificación amenaza lo poco saludable que le queda, es porque una parte del articulado de la Constitución se lo permite. Por lo tanto, si queremos dignificar a México, debemos corregir aquellas fallas de la Constitución que le impiden tener el pilar político que el Estado-Nación necesita para su desarrollo.

Propongo

Corregir la Constitución, no como el Presidente lo quiere, ya que, por donde se analice, es retrograda, violadora, destructiva y populista. Y es el colmo del cinismo ya que, después de haber atentado contra una infinidad de artículos, el Presidente pretende controlar la SCJN y desaparecer los organismos autónomos. Lo cual es el alimento que hoy demanda la gangrena para dominar, controlar, atrofiar y perpetuarse en el poder. Un gobierno así, es dictatorial y empobrecedor.

Lo que propongo no es utopía, sino algo realizable. Los ministros de la SCJN deben ser los más firmes constitucionalistas y dominar la manera en que se formaron los sistemas constitucionales más importantes del mundo; que los secretarios de estado sean los ciudadanos más capaces, competentes y experimentados para que el sector bajo su responsabilidad lleve al puerto de la prosperidad a todos los mexicanos. La designación de embajadores y cónsules, debe recaer en el cuerpo diplomático más experimentado y de trayectoria probada una larga carrera en esa función, que al exgobernador que se le premia por haberse prestado al perverso juego de la mezquindad de los antivalores. Y el hacer que el pobre engrose el estrato de la clase media requiere de formación y de eliminarle todos los obstáculos que se lo impide en sustitución de una promesa de dadiva que el gobierno jamás podrá cumplir.

Me refiero a transformar cualitativamente los artículos 55, 58 y 82 ya que a los puestos de elección debe reservarse a ciudadanos con atributos y principios muy por encima a los de la media nacional, acompañado con pruebas psicométricamente que avalen la salud mental de candidato; el 73 requiere su absoluta reestructuración y condicionar las facultades del Congreso al comportamiento real de los ingresos fiscales, la disminución de la economía informal y el desarrollo económico local y regional. Lo cual impactará en el análisis que se debe hacer conforme a lo estipulado en el artículo 74. Previo al análisis y decisión que el Senado tiene que hacer, conferido en el artículo 76, debe haber un órgano de alta especialización y autonomía para que emita lo pertinente y se proceda con la calidad que esas decisiones demandan, y que el ASP, me refiero al artículo 79, sea propuesto por los mejores fiscalistas de México. Necesidad de reglamentar el artículo 87 para que quien juramenta la Constitución, posteriormente la insulte y la desconozca. Al igual, el término de renuncia por motivos graves debe clarificarse y reglamentarse para que no sea un mero término genérico y enunciativo (artículo 98), y así evitar los retrocesos en la designación de ministros, como los casos de Lenia Batres Guadarrama y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que a su ve van contra el juramento que los ministros hacen en el artículo 97. Lo mismo debe clarificarse para la renuncia del FGR conforma al artículo 102.

El artículo 89 debe tener un filtro superior ya que, por la importancia de esas designaciones, no deben ser discrecionales, como hasta ahora ha sucedido con nefastos resultados para la sociedad y la nación. Lo mismo debe hacerse al artículo 91 ya que no es posible designar Secretario de Estado a un ciudadano por el mero hecho de la edad, aunque carezca de educación superior y experiencia temática y operativa. El artículo 95 también requiere un mayor filtro ya que la propuesta para la designación de un ministro debe provenir de un órgano integrado por los mejores constitucionalistas del País. Así, la terna que se envié, conforme al artículo 96, será la mejor y no habrá de tener objeción por parte del senado ni del Presidente. El artículo 102, también debe tener un severo filtro y tener estudios superiores ya que ser el Fiscal General de la República no es cosa menor, y la terna debe emanarse por juristas de alta especialización. El artículo 105, al igual necesita perfeccionarse y garantizar que la controversia constitucional no depende del control que el Ejecutivo tenga de 4 ministros.

Ahora bien, si el Presidente también puede ser juzgado como lo dice el artículo 108, entonces que su nombre aparezca en el artículo 109 para que proceda el juicio político y quede estipulado en el artículo 110. De esta forma, el artículo 111 dejara de ser una burla del Presidente. Y el artículo 129 debe tener un procedimiento para que el Presidente lo respeta y las fuerzas militares lo cumplan.

El 2 de junio, será un gran día para México ya que si le extirpamos al gobierno el tumor del que emana su gangrena, en ese día México estará logrando su primera y más importante transformación.