Primera de dos partes
El paro en la UAS no tenía sustento jurídico ni respaldo político, por lo que pretender mantener indefinidamente una medida extrema como esa, sin asideros legales y bajo la mirada acuciosa de miles de universitarios, sectores sociales y autoridades gobierno, habría sido un peligroso búmerang que, en cuestión de horas, podría haber regresado para cortar la cabeza de su lanzador.
Si ya para Héctor Melesio Cuen, con todos sus recursos, experiencia y liderazgo, resultaba difícil mantener el control en la UAS, en medio de un proceso judicial cercano a su fin que sugiere que podría haber sentencias condenatorias para algunos funcionarios y ex rectores de la universidad, mucho más difícil resulta para quienes con más ambición y menos experiencia pretenden impedir los cambios que vienen para la casa de estudios.
Y es que se trata de una cuestión de razonamiento elemental. Si hay una tendencia mundial hacia el diálogo y la interculturalidad, la equidad de género, transparencia y la democratización de los espacios públicos, muy difundida a través de las redes sociales, con la que simpatizan la mayoría de los sectores y grupos sociales, incluidos, desde luego, los universitarios, la democratización de la UAS es inevitable y pretender oponerse mediante actos de autoridad, sin base jurídica y sin consultar a los universitarios, carece de sentido. Ni el mismo Cuén, en sus tiempos de mayor poder, se atrevió a tanto porque sabía que la resultaría contraproducente.
Afortunadamente las autoridades entendieron el riesgo político de prolongar el paro porque terminarían ganándose el rechazo social activo –y de los propios universitarios –debilitando el poder político que aún conservan a través de la estructura universitaria, por lo que la medida más sabia ha sido la búsqueda del diálogo, pues una eventual negociación, con la participación del gobierno federal, les permitiría conservar gran parte de su poder político (quizá mantener la rectoría y la mayoría de las direcciones de escuelas y facultades) pero con la aceptación de las nuevas reglas de equidad de género en la conducción institucional, transparencia en el manejo de los recursos y elección por voto universal de sus autoridades, establecidas en su ley nueva orgánica recién aprobada por el Congreso del Estado.
Conflictos UAS-Gobierno, de 1981 al 2024
En 1981 el gobernador del estado, Antonio Toledo Corro, pretendía quitarle las prepas a la UAS y crear con ese presupuesto un sistema estatal de bachillerato, con el propósito de evitar que sus estudiantes simpatizaran con la ideología de izquierda pro-socialista que imperaba en la casa de estudios, como parte de una tendencia internacional. Sin embargo, cerca del 50% de los alumnos de la UAS estaban en las preparatorias, lo que implicaba cercenar casi la universidad a la mitad, violando su derecho autonómico de decidir la planeación y operación de sus servicios educativos, sin hablar de la afectación de derechos de la planta laboral y su presupuesto.
El conflicto inició en enero de 1981 cuando el gobernador Toledo Correo envió una iniciativa para destinar parte de los recursos de recaudación estatal –PRO-UAS— a la creación de una nueva institución educación superior, más proclive a sus intereses políticos, que fue el Centro de Estudios Superiores de Occidente –CESO— y que después de convertiría en UdeO, y luego la creación de un sistema estatal de bachillerato que sería el COBAES.
El conflicto se prolongó más de un año. Los sectores populares apoyaban a los universitarios que, por muchos años, se habían identificado con sus causas y luchas, ayudando en la organización para la gestión de obras y servicios y mediante la prestación de servicio social directo y a través de las brigadas comunitarias. Incluso, los empresarios y comerciantes, que en un principio habían permanecido al margen en la confrontación, a finales de ese año firmaron un documento pidiendo al gobernador que liberara los pagos de las quincenas y aguinaldos a los trabajadores de la UAS porque la falta de ese circulante les estaba afectando sus ingresos.
Ya no era un asunto ideológico, sino práctico. La SEP no estaba de acuerdo con el gobernador Toledo, pues a pesar de que el secretario de educación, Fernando Solana, era de extracción priísta, el conflicto había escalado los límites de la entidad y se había convertido en un foco de inestabilidad social. La mayor parte de los sectores sociales, incluso algunos de los propios funcionarios de gobierno, habían tomado partido del lado de la UAS en la confrontación con el gobierno estatal.
Finalmente la SEP federal intercedió para mediar en el conflicto y se acordó que la UAS conservaría sus preparatorias y el gobierno estatal mantendría su sistema de bachillerato y que los planes de estudio de preparatoria pasarían de ser de dos a tres años. El tema político-ideológico no se tocó pero éste caería por su peso junto con la tendencia internacional pro-socialista, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS a principios de la década de los 90, con el surgimiento del neoliberalismo como tendencia global.
Neoliberalismo contra humanismo
Cuatro décadas después, ante la debacle del neoliberalismo como alternativa económica y social, que llegó a impregnar todos los espacios de la vida pública, la UAS ha vuelto a ser el centro de un conflicto con el gobierno estatal que ha trascendido las fronteras del estado. Aunque en el fondo si se trata una confrontación ideológica entre los saldos del neoliberalismo individualista y el regreso al humanismo, planteado por el gobierno federal, en el contexto local se ha vestido de una confrontación política personalizada.
Sin embargo, en el conflicto de 1981, la UAS estaba unida. Si bien coexistían una gran variedad de grupos y corrientes políticas, todos participaban de una cultura democrática de diálogo, discusión y reflexión colectiva –autoridades, estudiantes, maestros y trabajadores—, que les había permitido construir una sólida identidad como universitarios, lo cual era motivo de orgullo en cualquier escenario, además de que contaba con la simpatía y apoyo de la mayoría de los sectores sociales.
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