Objetivo: salvar a México

Cómo: Con la ingeniería política adecuada, para sacar a México del fondo donde se encuentra con 32 motores apagados y 2,469 engranes desarticulados. En ese momento dejaremos de ser los “ilusos pasajeros” que sólo peleamos entre nosotros, sin darnos cuenta que el problema no son los sesgos ideológicos, sino las fallas de una Constitución que sobrevalora el papel discrecional del Presidente y que inhibe una división de poderes real.

Una deuda con los jóvenes

 

El 2 de junio México determinará su destino, y gane quien gane, la reforma política es inevitable, no así lo que le depara al País: democracia o autocracia; populismo o institucionalismo; prosperidad o pobreza; centralismo o federalismo. Hay todo para que una de las dos opciones gane.

El dilema parece claro, pero no para un gran segmento de la población atrapada en el espejismo del populismo, sin darse cuenta del costo social e intangible que ello significa.

Doscientos siglos de independencia, y seguimos siendo dependientes dentro de una realidad deplorable; sin futuro para nuestros hijos e inimaginable para nuestros nietos. Para nosotros, estudiar nos garantizaba una forma de vida digna, podíamos ahorrar y ser propietarios de una vivienda espaciosa. Creíamos en la política y también en la justicia y seguridad. Hoy no es así. El miedo y la inseguridad predomina; la familia se desintegra; los feminicidios crecen como también robos y estafas; la pobreza predomina y el ambulantaje brota a flor de piel; las carreteras son inseguras y mucho más de noche; en amplios territorios y ciudades gobierna la delincuencia y a través de su impuesto afectan a los factores de producción.

Había malos gobiernos, pero nunca la descomposición que hoy muestra; la voracidad y rapiña de ese populismo radical y enfermizo. Hoy hablar de la administración pública es referirnos al descaro de la ineficiencia e improvisación, y del Congreso es referirnos a una sumisión descarada cuya orden se acata porque se acata. Donde predominaba el consenso hoy reina la descalificación.

Al corrupto se le premia, al innovador se le descalifica y quien traiciona engrosa al cuerpo diplomático. Ante una realidad enajenante y destructiva, los datos duros son estériles. La ignorancia invade, la incredulidad crece y la mentira se emite desde un atrio como si fuera un dogma de fe, como si quien la dijera fuera el salvador.

Pobre México, del presidencialismo pasar al unilateralismo, al gobierno de sólo una persona, de sólo una voz y de sólo un mandato, y quien se opone, engrosa el calificativo de los apátridas, de los corruptos al servicio de los machuchones. Así de radical es el vocero y así de radical es su pensamiento. No hay diálogo, sino hacer del Presidente el absoluto soberano.

¿A quién culpar?

 

Las críticas sobran hacia el gobierno y los partidos, pero en nosotros, la sociedad civil, debe recaer la carga principal por no haber tenido el valor de detener las atrocidades que el gobierno le ha hecho a la Constitución; por ser indiferentes ante la represión de las libertades, la violación a los derechos humanos, la desaparición de nuestros hijos, la destrucción de nuestras instituciones y la pérdida de nuestros valores.

Como padres no les supimos edificar a nuestros hijos el México por el que se esforzaron nuestros padres y que a pulmón formaron hogar y nos dieron ejemplos; fuimos incapaces de entender el ideario de quienes nos dieron la patria, y que el gobierno fusiló; no supimos dignificar la sangre que derramaron nuestros antepasados y que gracias a ella supimos lo que significa la propiedad, nuestros derechos, la democracia y el proceso electoral.

Nosotros, en gran parte somos los culpables de lo que México hoy es. Fuimos testigos del uso partidista y clientelar del corporativismo, pero no lo evitamos; en carne vivimos el daño que a la educación le hacia el sindicalismo, pero lo toleramos; criticamos lo endeble de la estrategia proteccionista, pero fuimos complacientes con la corrupción que sobre ella se institucionalizó; hemos señalado el fuerte daño que al erario le hace el amasiato entre políticos y empresarios que han multiplicado las empresas fantasmas, pero lo aceptamos; fuimos testigos del barril sin fondo que generaron las empresas para estatales, pero fuimos incompetentes para convertirlas en estrategias de Gran Impulso; pagamos las consecuencias de los déficit fiscales con endeudamiento público y somos indiferentes a ello.

Que nos afectó la crisis y las devaluaciones, sí, pero no hicimos nada para corregir sus causas; aplaudimos la estrategia de desregulación, pero no vimos al monstruo financiero que el gobierno le dio vida.

Es fácil endosar las culpas cuando nuestra ingenuidad nos ciega. Ni las alternancias acabaron con la corrupción ni el gobierno de hoy es mejor que el de ayer. Que a través del voto hemos querido corregir los cánceres de los malos gobiernos SÍ, pero no hemos establecido la microcirugía adecuada, y probablemente no hemos identificado el lugar exacto del tumor. El problema, pues, no es de partidos, sino que a los puestos de elección no se postulan los que deberían de ser, y la discrecionalidad ha sido acrecentada.

Al gobierno, está claro, no le interesa la grandeza de México, sino el usufructo del poder, el manejar a discreción los millones de millones de pesos que significa cada año fiscal, y que el congreso se lo garantice, como hasta hoy lo hace. Ahí están las 788 reformas constitucionales que el gobierno ha impulsado de 1917 a la fecha, y que, en cambio, México va de mal en peor y en la antesala está de institucionalizar la pobreza como estrategia de igualdad; hacer de cada entidad un establo de mendicidad y ambulantaje. Ahí está el grito desesperado de campesinos y agricultores; el abandono que corroe a los campos pesqueros donde el alcoholismo y la drogadicción corre como manantial; el llanto que invade a las madres que no pueden darle cristiana sepultura a sus hijos desaparecidos; los cientos de miles de jóvenes para quienes la educación es un sinsentido de la vida; las familias desintegradas y cuyos hijos deambulan en el mercado de los antivalores; los cuellos de botella que asfixian a millones de microempresas y que por inseguridad tienen que cerrar.

No es, pues, cualquier reforma política la que México necesita, sino la que provenga de esa parte de la sociedad que sí son patrios, y que saben el significado de la preparación y el esfuerzo; la generación de empleos e impuestos; el cuidado de la familia y la formación de sus hijos; de esos ciudadanos que con sentido común saben lo que significa el caer y levantarse, y nuevamente caer para nuevamente levantarse, a pesar de los malos gobiernos. De ese segmento social que sabe el significado de la independencia para la soberanía, y que lucha por perfeccionar la Constitución y el Estado de Derecho.

No es hipótesis lo planteado, sino axioma, y el móvil de esa reforma política que México necesita para darle luz a la obscuridad. No es una nueva Constitución, sino perfeccionar la que existe, quitarle sus inconsistencias y que clarifique las ambigüedades de muchos de sus términos; y que sus artículos fortalezcan la división de poderes y que ningún poder pueda invadir la esfera de otro poder.

No es el gobierno, sino la Constitución

 

Insisto, no es el gobierno. Cada administración tiene sus calificativos y todos los partidos tienen sus hierros. Pero el problema está en la Constitución. Por un lado, no garantiza una división de poderes real ni la existencia de una administración pública al servicio de la sociedad y centrad en subsanarle la infinidad de cuellos de botella que obstruye su prosperidad, y por el otro, cada presidente emite una ingeniería de gobierno acorde a sus intereses, misma que acompaña con una serie de reformas apegadas a su necesidad.

Si las reformas que el Presidente le propone al congreso se justifican o no, o si son prioritarias o no, en su mayoría se aprueban, aunque en lo social, económico y territorial México va de mal en peor y a punto de pasar al punto de no retorno, donde la destrucción de sus instituciones constitucionales es el puerto de desembarco. De ahí a que el País, es como el Titánic que yace en el fondo del mar, pero a diferencias, éste tiene 32 motores apagados y 2,469 engranes desarticulados que, con la ingeniería política correcta, se movería hacia la superficie. En tanto esos suceda, nosotros los ciudadanos somos los ilusos pasajeros que peleamos contra nosotros mismos, creyendo que la solución es la alternancia, cuando el problema está en la Constitución.

Y si me refiero a la Constitución, ya que, de 1917 a la fecha, ha sido objeto de 768 reformas, siendo el artículo 73 el que más ha sido modificado, en 85 veces.

Y ¿cuál ha sido su importancia?

 

El apetito insaciable del gobierno por gastar. Por ejemplo, la fracción VII le asigna la responsabilidad al congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto que el Ejecutivo le envía cada año; la VIII, le otorga al Ejecutivo las garantías para un endeudamiento anual sin límites, y la fracción XXIX, donde están los impuestos especiales, siempre van al alza y sus subíndices abarcaron ya todas letras del abecedario. A la distancia le sigue el Artículo 89, relacionado a las facultades y obligaciones del Presidente, y que ha sido objeto de 19 modificaciones, y todas centradas en darle más facultades y formas de control sobre los órganos autónomos y del quehacer más importante de los poderes Legislativo y Judicial. Ahí está la manera directa e indirecta en que designa a los ministros, comisionados, auditor y fiscal.

Y en tanto el titular del Poder Ejecutivo Federal aspira a monopolizar el poder político de la Nación, legisladores, gobernadores y partidos son insensibles a una serie de artículos Constitucionales que el gobierno desatiende. Por ejemplo:

•       En los artículos relacionados a los derechos de la ciudadanía, la mayoría de sus enunciados se incumplen, como sucede en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 25, 26, 27, 28 y 49. Y en tanto eso es así, el Presidente desune, polariza y divide; la deshonestidad y los antivalores crecen; la impunidad se pasea en los pasillo del judicial; el sistema educativo se deteriora y el de salud colapsa; las actividades ilícitas se desbordan; el INAI se paraliza; el derecho a la información se incumple; el desarrollo ni es integral ni sustentable y la planeación ni coadyuva a la soberanía política ni a la independencia económica; la base natural de recursos se deteriora, y el Presidente constitucionalmente tiene el control de las funciones más importantes de todos los poderes.

•         Del articulado relacionado al Poder Legislativo se aprecia la necesidad de ponerle filtros cualitativos a los artículos 55 y 58, ya que para ser diputado o senador no es suficiente la edad, sino garantizar que en ellos predomine la cultura, la objetividad, el humanismo, el sentido común y el amor a México; del 71, hay que acotar el carácter preferente de las iniciativas; del 73 y 74, condicionar el presupuesto y el endeudamiento a la sustentabilidad económica de México y que no se mueva a capricho del Presidente. Del artículo 76, precisar el inciso I y quitarles las atribuciones a los incisos II, VIII y XII y; del 79, esa atribución debe ser responsabilidad de la sociedad civil y provenir de un colegiado donde formen partes los mejores contadores, ya que La Auditoria Superior de la Federación debe ser autónoma, independiente y garante del mejor uso fiscal de los recursos públicos. Lo cual también implica el corregir muchas de las decisiones que por conducto del Legislativo sangran a la nación. Y en tanto eso no suceda el Congreso seguirá siendo un apéndice del Ejecutivo, su secretaria de administración y su banco de financiamiento. El País no importa, sino lo que desee el Presidente.

•         Del Poder Ejecutivo. Al Artículo 82 hay que asignarle más y mejores atributos ya que para ser Presidente no es suficiente los requisitos que demanda. El 87 debe clarificar el vago concepto de que la “Nación se lo demande”. El 89 necesita varios cambios: quitarle la facultad discrecional de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado; el cuerpo diplomático debe egresar de una carrera diseñada para tal fin; las fracciones IX y XVIII se le deben transferir al Poder Judicial y la XIX crear el mecanismo para que sea la sociedad civil quien designe a los comisionados del INAI. El Artículo 91 debe incrementar los filtros y exigencias para ser Secretario de Estado ya que esa responsabilidad no puede recaer en el común de la ciudadanía. De no ser así, el País seguirá reinventándose cada sexenio, a los poderes seguirá llegando los trapecistas subordinados e incapaces y las traiciones políticas se premiarán con embajadas y consulados.

•         Del Poder Judicial. Fortalecer y darle autonomía e independencia en su Artículo 94 y que la designación de los ministros a la SCJN sea exclusiva de ese poder. Del 95, elevar los requisitos para ser ministro y que un colegiado de constitucionalistas sea quien determine los filtros y el proceso para su designación. Lo cual implica modificar el Artículo 96 para que ni el Legislativo ni el Ejecutivo puedan intervenir directa e indirectamente. El Artículo 98 debe precisar el significado de la renuncia por causas graves y enunciar las que si lo ameriten. Del 102, debe haber más exigencias para quien sea el Fiscal General de la República y que su nombramiento dependa de un colegiado adscrito al Poder Judicial. Lo mismo que el nombramiento del titular de la CNDH.

•         De las responsabilidades de los servidores públicos. Hay una contradicción entre los artículos 108, 110 y 11. El primero plantea la posibilidad de enjuiciar al Presidente, el segundo estipula los sujetos al juicio político, pero el Presidente es excluido, y el tercero dice que, para proceder penalmente contra el Presidente, habrá que enjuiciarlo conforme al Artículo 110.

•         De las Prevenciones Generales. El Artículo 129, dice que, si México está en paz, el ejército no puede hacer funciones extra militares, y hoy son más las extramilitares que las militares.

La Constitución es el esfuerzo social más importante para instituir la soberanía, la división de poderes y en el Estado de Derecho. Pero su articulado tiene inconsistencias y el Presidente atribuciones discrecionales que invaden el ámbito de funciones propias a los otros poderes.

Nuestra Constitución no permite la existencia de gobiernos de Estado; de servidores públicos éticos, responsables, propositivos y de un amplio conocimiento teórico y práctico de la temática de su responsabilidad. La ciudadanía, si bien tiene derechos, éstos se incumplen y les a que ha quedado atrapada en una realidad que viene de menos a peor. Lo grave, es que de aprobarse la reforma que el Presidente hará públicas el próximo 5 de febrero, en México no habrá contrapeso y la República Mexicana estaría a un paso de convertirse en la Republica del Presidente. No es ficción, la huella del gobierno es firme, ya que, controlando a la SCJN, desapareciendo los cuerpos autónomos, teniendo a su cargo el monopolio del INE y con los militares a cargo del funcionamiento de puertos, aduanas, aeropuertos y carreteras, no habrá forma de impedirlo. O ¿habrá?

Nuestra deuda con la juventud es enorme y debemos resarcirla para ir cerrar la brecha política que existe entre ellos con el gobierno. Necesitamos, no una nueva constitución, sino corregir las fallas de la que tenemos, empezando por garantizar una real división de poderes y asegurar que las instituciones constitucionales queden siempre a cargo de los ciudadanos con los más altos atributos y virtudes.

De nosotros, la sociedad civil depende que ello suceda. De no ser así, seguiremos siendo los ilusos pasajeros que habitamos en un titanic con 32 motores apagados y 2,469 engranes desarticulados y que, en el ocaso de esta administración, los agravios, las barreras y los problemas se han multiplicado.

 

Es nuestro deber hacer que México navegue en ese mar donde se respira el conocimiento y su vinculación, la prosperidad y el valor agregado, el respeto y la formación, la seguridad y justicia, el estado de derecho y la democracia. Y ello, no sólo depende de XÓCHITL, sino de nosotros.

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