Rebelión en el campo

Productores agrícolas de 20 estados del país se sumaron al paro nacional agropecuario en demanda de mejores precios a los granos básicos, mayor apoyo presupuestario y un replanteamiento de las políticas públicas agrícolas, en donde se ponga en el centro la competitividad y no el clientelismo político.

En el caso de Sinaloa, los productores del sector social y privado realizaron una manifestación con tractores y maquinaria agrícola durante 10 horas frente a catedral, en donde expresaron su desesperación con frases como: “el campo se está muriendo, porque no hay apoyo del Gobierno”. También realizaron tomas de casetas de peaje en el norte del estado.

Los agricultores lamentaron que la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Rubén Rocha Moya no les ofrecen alternativas de solución para el campo, no obstante que son los principales productores de alimentos de este país. Sinaloa es líder en la producción de maíz hasta con 5 millones de toneladas, de tomate, chile, pepino, mango y pepinillo.

De acuerdo al censo agropecuario de 2019 y 2022, el sector agrícola genera alrededor de 70 mil millones de pesos anuales en el PIB agrícola del estado y en la participación nacional Sinaloa aporta el 7.8% del PIB del sector primario nacional, siendo el tercer estado con mayor contribución después de Jalisco (13.2%) y Michoacán (9.5%).

Dada la importancia económica de este sector es preocupante la indiferencia del Gobierno Federal ante esta grave problemática. Desde 2018 las políticas públicas agrícolas se centran en apoyar a los agricultores de subsistencia y pequeños productores (de hasta 10 hectáreas), mediante el Programa Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios y Fertilizantes del Bienestar. Sin embargo, no están enfocados a incrementar la productividad, sino a reducir la pobreza alimentaria, cuidado al medio ambiente y apoyos a la comercialización.

En el análisis de estos programas se observa que no existe supervisión alguna en sus procesos de implementación y que su diseño de política está enfocado a transferencias monetarias directas sin condicionantes. Es decir, son programas en donde la principal amenaza es el clientelismo político.

Estos programas también enfrentan debilidad institucional, falta de articulación entre las dependencias responsables de su implementación, nula supervisión y el principal riesgo de que sean usados como programas “electoreros”.

La situación del agro se complica aún más frente al presupuesto de 2026 que contempla un aumento de menos del 1 % hacia el campo. La pérdida de competitividad es lamentablemente ya una realidad, ante la indiferencia del Gobierno Federal que ha aumentado la importación de alimentos ante la caída en la producción por falta de apoyo a los productores medianos y grandes.

Esto a pesar de la relevancia de la generación de empleos y derrama económica de este sector. Según el censo económico agropecuario de 2022 de INEGI, en Sinaloa el sector agrícola emplea al 23% de la población económicamente activa del estado, lo que lo convierte en uno de los principales generadores de empleo y cuenta con una superficie de 750 mil hectáreas de riego y más de un millón de temporal.

Según INEGI, alrededor de 80% de la industria manufacturera estatal está ligada al sector agrícola, relacionada con la generación de alimentos. Esto demuestra el enorme efecto multiplicador que tiene la agricultura en la economía sinaloense; por lo cual una crisis en el campo afectará a esta industria.

En esa misma línea argumentativa, el Censo Económico 2019, establece que Sinaloa registró $8,904 millones de pesos en ingresos totales del sector agropecuario, siendo el segundo estado con mayores ingresos después de Sonora. Estas cifras nos llevan a reflexionar que el sector agrícola es el motor de la economía de Sinaloa, dada su correlación la manufactura de alimentos, servicios y comercios.

Sin embargo, estas estadísticas parecen no ser suficientes para que el Gobierno Federal reenfoque las políticas públicas agrícolas y plantee políticas integrales que consideren también a medianos y grandes productores, colocando en el centro de su diseño de política la competitividad del campo mexicano.

Esperamos que la “rebelión de los agricultores” haya servido para que los diputados federales y el Gobierno federal replanteen el presupuesto asignado al campo mexicano y propongan políticas públicas integrales, que ayuden a que el agro mexicano salga de esta crisis estructural que podría impactar en otros sectores de la economía mexicana.