Una embestida contra la sociedad: la Navidad más opaca para Sinaloa

Por Sibely Cañedo
Culiacán, Sinaloa | 22 de diciembre de 2025

Esta Navidad no llegó con luces ni esperanza para Sinaloa. Llegó con opacidad. Como si se tratara de un “regalo” envenenado, las y los diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo consumaron, en pleno cierre de año, la extinción de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIP), que por más de dos décadas fungió como el órgano autónomo garante de nuestro derecho a saber.

El 18 de diciembre de 2025 quedará marcado como una fecha de retroceso democrático. Con 30 votos a favor, nueve en contra y una ausencia, el Congreso del Estado dio la estocada final a una institución clave para la rendición de cuentas. Lo hizo sin debate, sin parlamento abierto y de espaldas a la ciudadanía, en un contexto ya de por sí crítico: violencia sostenida, crisis de gobernabilidad y un horizonte electoral cargado de tensiones.

No fue una sorpresa, pero sí una decisión calculada. Desde noviembre de 2024, cuando el Senado aprobó las reformas federales que eliminaron al INAI y a los órganos autónomos estatales, el desenlace era previsible. Sin embargo, el gobernador Rubén Rocha Moya eligió las fechas decembrinas —cuando la atención pública se dispersa en medio de posadas y fiestas— para presentar la iniciativa de reforma constitucional y consumar la llamada “armonización” con el modelo federal.

Este 18 de diciembre, diputados abandonaron el Congreso del Estado tras aprobar la reforma constitucional mediante la cual se concreta la extinción de la Ceaip.

En política, la forma es fondo. Y las formas importan. El Congreso ignoró iniciativas ciudadanas presentadas desde junio; adelantó la sesión legislativa para evitar manifestaciones de organizaciones civiles y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; aprobó la iniciativa sin discusión real y, acto seguido, abandonó el recinto dejando en soledad a las y los ciudadanos que hicieron acto de presencia en tan importante momento. Un albazo legislativo en toda regla.

Desde Iniciativa Sinaloa, la postura fue clara: rechazo absoluto a prácticas autoritarias que cancelan la pluralidad y sustituyen el diálogo por la imposición.

El fondo del problema

La reforma aprobada transfiere las funciones de la CEAIP a los órganos internos de control y a la Contraloría estatal, es decir, a instancias que dependen directamente del Poder Ejecutivo. En los hechos, el gobierno se convierte en juez y parte del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos personales.

La principal responsable será la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), una dependencia que ha mostrado nulos resultados en el combate a la corrupción. Basta recordar que, hace apenas unos días, su titular tuvo que devolver recursos públicos por gastos excesivos en viáticos para evitar sanciones administrativas. A ello se suman datos preocupantes: órganos internos de control incompletos, miles de procedimientos administrativos cerrados sin sanción y altos niveles de impunidad, que esta dependencia no ha podido remontar.

Depositar en estas instancias una carga que durante años asumió un órgano autónomo es, cuando menos, irresponsable. En más de dos décadas, la CEAIP supervisó más de 250 mil  solicitudes de información y resolvió, en su gran mayoría, a favor de la ciudadanía, obligando a las autoridades a entregar información que intentaron reservar.

El argumento de la austeridad tampoco se sostiene. Lejos de simplificar, el nuevo modelo fragmenta funciones, exige mayor capacitación y recursos para múltiples dependencias y elimina el único contrapeso con autonomía real.

Manifestaciones de protesta en el Congreso local por la desaparición de Ceaip, en las que participaron Iniciativa Sinaloa e integrantes del CPC, entre otras organizaciones.

Las propuestas ignoradas

El Congreso tiene ahora 120 días para adecuar la legislación secundaria. Pero el margen de incidencia ciudadana es mínimo: las reformas constitucionales ya cerraron la puerta a cualquier alternativa que preserve la autonomía en la garantía del derecho a saber.

Los derechos siguen escritos en la Constitución, sí. Lo que cambió —y de manera grave— es el modelo para ejercerlos. Pasamos de órganos autónomos a estructuras subordinadas al poder político.

Precisamente, en la iniciativa en que participó nuestra organización se proponía un modelo que, sin contravenir la reforma federal, contara con mayor intervención ciudadana, fundamentada en cinco ejes:

1. la creación de autoridades garantes descentralizadas;
2. la selección ciudadana de sus titulares mediante convocatorias abiertas;
3. la conformación de un Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Transparencia;
4. la integración de un sistema estatal con representación ciudadana; y
5. la realización anual de consultas públicas sobre información de interés general.

Sin embargo, ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta.

Tiempos de resistencia

En este tenor, el panorama para la sociedad civil organizada es desalentador. Para Sinaloa, aun más: mayor opacidad, más violencia, endeudamiento público creciente y un gobierno sin contrapesos efectivos. A ello se suma una “narcoguerra” prolongada y la proximidad de procesos electorales que suelen agravar las tensiones.

Por todo ello, más que desear felices fiestas, lo que toca es resistir. Reagruparse. Informar. Construir ciudadanía crítica y consciente. Acordar, dialogar y generar propuestas desde abajo.

Las crisis también son puntos de quiebre. Y aunque esta Navidad llega oscura para la transparencia, queda la convicción de que ningún retroceso es definitivo si existe una sociedad dispuesta a defender sus derechos.

Que esta no sea solo una temporada de buenos deseos, sino el inicio de un nuevo impulso ciudadano por un Sinaloa más justo, más abierto y verdaderamente democrático.