Esta semana viajé a la Convención Internacional Minera en Acapulco. Todo estuvo lleno de discursos sobre sostenibilidad, innovación, prácticas responsables. Pero fue al regresar, en el aeropuerto de Ciudad de México, donde realmente me encontré con un espejo brutal de la Responsabilidad Social Empresarial en este país.
Mientras esperaba mi vuelo, una señora del personal de limpieza se me acercó y comenzamos a platicar unos minutos. Sin saberlo, estaba a punto de darme una lección que ningún congreso me dio:
Me contó que tiene cuatro años sin recibir vacaciones, ni aguinaldo, ni finiquito. Cuatro años. La razón, según ella: “cada año la empresa cambia”. No porque cierre. No porque algo colapse. Sino porque la compañía que presta el servicio de limpieza en el aeropuerto cambia de razón social cada año. Una práctica común para evadir obligaciones laborales. La empresa se “transforma”, reinicia su acta, se borra el historial laboral y entonces, como por arte de magia, ya no existen antigüedades, ni derechos acumulados, ni responsabilidades patronales.
A ella la despiden cada diciembre, sin liquidarla; y en enero la vuelven a contratar, como nuevo ingreso, aunque lleve años barriendo los mismos pasillos. Mientras ella me contaba esto, yo solo podía pensar: ¿Cómo es posible que en uno de los aeropuertos más importantes del país ocurran prácticas tan obvias de simulación laboral?
Esto no ocurre en un edificio privado, ni en un aeropuerto concesionado a una empresa extranjera. Ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una instalación federal cuya administración recae directamente en el Estado.
El AICM es, formalmente, operado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), pero en la práctica el control operativo, la supervisión diaria y la toma de decisiones estratégicas han sido asumidos por el Gobierno Federal. En los últimos años, la Secretaría de Marina (SEMAR) tomó el mando de la seguridad, la vigilancia y la operación integral del aeropuerto. Es decir, lo que ocurre dentro del AICM es responsabilidad directa del Gobierno de México. Además, recientemente se firmó un acta para transferir varios aeropuertos del GACM al AICM como parte de una reestructuración administrativa. En momentos así, cuando el Estado reacomoda estructuras, contratos y facultades, la supervisión debería ser más estricta. Pero, evidentemente, no lo es.
Esto coloca la situación de la señora en un nivel todavía más delicado.
Porque si una empresa de limpieza está cambiando de razón social cada año para evitar pagar vacaciones, aguinaldo o antigüedad, no se trata solo de una falta de ética empresarial, es un fallo de gobernanza pública en un espacio federal donde las autoridades tienen facultades para supervisar, inspeccionar, sancionar y cancelar contratos.
El Estado no puede exigir responsabilidad social a las empresas privadas si, al mismo tiempo, permite o ignora prácticas que vulneran los derechos laborales básicos de quienes trabajan en un aeropuerto que administra él mismo.
¿Cómo vamos a exigir ESG a la iniciativa privada, si el propio Gobierno contrata empresas que cambian de piel cada año para no pagar vacaciones?
Escucharla me dejó un nudo en la garganta. No era una historia aislada, era la radiografía de lo que todavía duele en este país.
Mientras hablamos de sostenibilidad, innovación social y empresas responsables, en los pasillos de un aeropuerto federal hay gente que no ha tenido un solo día de vacaciones en cuatro años.
La ley se vuelve un laberinto, lleno de huecos, que muchos saben usar muy bien para evitar responsabilidades.
La RSE está verdaderamente en peligro cuando el Gobierno quiere exigir, pero no predica con el ejemplo; cuando los marcos normativos existen, pero se aplican discrecionalmente; cuando los proveedores del Estado replican prácticas que violan derechos humanos básicos.
La verdadera responsabilidad social empieza donde nadie quiere voltear a ver. No en los grandes discursos, no en los congresos, no en los informes llenos de gráficos, sino en esas historias silenciosas de trabajadores invisibilizados.
Si un aeropuerto federal no puede garantizar que las personas que limpian sus pasillos reciban vacaciones ¿qué podemos esperar en los lugares donde nadie mira?
La sostenibilidad se construye desde lo más simple, respetar la ley, respetar al trabajador, y dejar de usar la rotación de razón social como trampa para evadir derechos.
Si queremos un México más justo, la RSE debe empezar en los contratos, en la supervisión de proveedores, en la ética aplicada. Porque ninguna empresa, pública o privada, puede llamarse responsable si su modelo depende de precarizar al más vulnerable.
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