Por la compra de 118 lámparas de alumbrado público en 21 millones 993 mil pesos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) abrió una investigación en contra del alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres (El Químico).
La indagatoria ordenada por la directora de Investigación de la ASE, Dulce María García Medina, también incluye Luis Antonio González Olague, titular de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mazatlán, y 5 integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
“Con apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa se ordena el inicio de la investigación de los hechos… por presunta falta administrativa tipificada como desvío de recursos públicos o cualquier otra de las señaladas”, resalta la solicitud.
La ASE encontró elementos mínimos indispensables que en un momento dado permitieran advertir la posible comisión de falta administrativa grave de las que esta autoridad tiene competencia para conocer.
“Esto es en cuanto a la adjudicación directa que mañosamente y cínicamente el Gobierno Municipal de Mazatlán, a través del Comité de Adquisiciones y por orden directa del presidente municipal (Guillermo Benítez Torres), adquirió 118 lámparas a sobreprecio por un monto de 21 millones 993 mil pesos”, explicó José Roberto González, presidente municipal del PAN en el puerto, quien presentó la denuncia ante la ASE.
LAS LÁMPARAS Y LOS MILLONES
El caso de las lámparas y los millones nace el 13 de abril de 2020. Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mazatlán, emitió un documento al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio para la adquisición y suministro de 118 lámparas (postes galvanizados, registros, líneas para alumbrado) para el proyecto de remodelación de la avenida Rafael Buelna.
El documento señala que de después de una investigación de mercado solamente se encontró a una empresa proveedora (Azteca Lightings) que cuenta con los bienes solicitados, es decir, no hay otras opciones en el mercado por lo que la compra se debe llevar a cabo por adjudicación directa.
Sin embargo, la investigación de mercado solicitó cotizaciones a empresas especializadas en la venta de suministro de material eléctrico para establecimientos comerciales y domésticos, y no a empresas proveedoras de alumbrado público.
Una semana después, el 20 de abril, el Comité autorizó la adjudicación directa a la empresa Azteca Lightings, decisión asentada en el acta 117/2020.
“TORCER LA LEY”
“Torcer la ley es un acto de corrupción. Queremos que esto llegue a las últimas consecuencias y de encontrarse responsabilidad administrativa vamos exigir a la Auditoría Superior del Estado para que finque responsabilidad penal”, dijo José Roberto González.
Añadió que no es posible que al alcalde Guillermo Benítez se le ocurra gastar casi 22 millones de pesos en 118 lámparas a través de una adjudicación directa.
“No solo huele mal sino que se trata de un acto franco de corrupción. No se nos hace justo que este gobierno aprovechándose de la situación esté malgastando los recursos de los ciudadanos”.
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