Corrupción

¿De quién es la USE? | El gran golpe de suerte

Luego de 17 años, aún existe las preguntas ¿Cómo se fraguó la compra del edificio donde está la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Culiacán? ¿De quién es? ¿De dónde salió el dinero?, interrogantes que han sido respondidas con documentos oficiales del gobierno de Sinaloa

El 2 de julio de 2003 se publicó un anuncio en los periódicos El Debate y El Financiero, uno de los que no se puede dejar de leer: SE BUSCA un lugar para poder instalar a miles de burócratas.

No había mayor detalle ni mucho menos, solo un número en miles y la oportunidad de rentar un lugar para instalar a todas esas personas que ya no cabían en las oficinas del Palacio de Gobierno en Sinaloa.

Hubo un número importante de interesados, pero la suerte no corrió para todos.

El negocio fue próspero para la empresa OEI Inmobiliaria, que en menos de dos años se creó, compró un terreno en 25 millones de pesos, construyó sobre de él y lo vendió por 235 millones 600 mil pesos con un sobreprecio respecto al valor avalúo, casi 10 veces más del valor original.

Documentos obtenidos por Revista ESPEJO en el registro público de la propiedad y solicitudes de información revelan la historia detrás de la compra del edificio, el cual después de 17 años sigue albergando a miles de burócratas sinaloenses.

El 20 de octubre de 2003 se creó la empresa OEI Inmobiliaria por Rigel Ortiz Fernández y Mónica Lafaire Cruz.

Ambas personas pertenecían a la administración del grupo empresarial HOMEX, firma sancionada por el gobierno de Estados Unidos por cometer fraudes entre 2010 y 2012 en ese país.

Sin embargo, en el acta constitutiva no se establece que el consorcio tuviera alguna participación, solo ambos empleados.

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Dos meses después, el 22 de diciembre, el banco Serfin, por orden del Desarrollo Urbano Tres Ríos, le transfirió los derechos de un terreno de 20 mil metros cuadrados ubicados en la Cuarta Etapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos. Donde se construyó la USE.

Ese terreno perteneció a un fideicomiso hecho por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una oficina del gobierno de Sinaloa que durante la década de 1990 se dedicó a expropiar terrenos y crear el proyecto inmobiliario más importante en Culiacán.

Ese proyecto consistió en urbanizar centenas de hectáreas, sobre todo en las áreas cercanas a los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán y así generar especulación inmobiliaria con una modernización de la ciudad. El resultado son la construcción de puentes, el Parque las Riberas, plazas comerciales, fraccionamientos y edificios de alto costo. Solo el metro cuadrado en el fraccionamiento Tres Ríos puede costar hasta 20 mil pesos hoy en día, de acuerdo con datos de empresas fraccionadoras recogidas por Revista ESPEJO.

El 17 de junio de 1992 se incluyó el terreno donde hoy está la Unidad de Servicios Estatales como parte de una expropiación en un fideicomiso. En ese tiempo el valor total era de 25 millones de pesos.

El fideicomiso no era totalmente público, sino mixto, donde también había particulares, se trata de las empresas “Nueva Inmobiliaria de Chihuahua”, representada por la señora Zaida Araceli Quintero Medina, y “Proyectos inmobiliarios de Sinaloa”, representada por el señor Gerardo de Nicolás Gutiérrez. Esta última empresa pertenece al grupo empresarial HOMEX.

En agosto de 2003, el consorcio de HOMEX obtuvo del gobierno de Sinaloa, gobernado en ese entonces por Juan S. Millán Lizárraga, la concesión para administrar el estadio Carlos González y González, donde actualmente juega el equipo Dorados de Sinaloa.

Los beneficiarios de ese fideicomiso aceptaron en diciembre del 2003 que el Desarrollo Urbano Tres Ríos trasladara ese terreno a la empresa OEI Inmobiliaria.

Por esa operación, la firma que recién se había creado dos meses atrás, pagó 25 millones 100 mil pesos, y días más tarde firmaba un contrato de arrendamiento con el gobierno de Sinaloa por 10 años forzosos a partir del 1 de septiembre de 2004, cuando quedara acabado un edificio en ese terreno.

En el contrato que se firmó se puede leer que “El arrendatario se compromete a pagarle por concepto de renta mensual a la arrendadora la cantidad de $2,000,000 (dos millones de pesos). Esta cantidad no se incrementará durante la vigencia de este contrato”.

Ese documento lo firmaron Francisco Eugenio Lobeira Treviño como representante de OEI Inmobiliaria y Alejandro Barraza Gaxiola, Ismael Carreón Ruelas y Luis Alfonso Morales Blancarte por el gobierno de Sinaloa.

Los burócratas apenas ocupaban el edificio cuando el gobierno estatal ya hacía modificaciones en el contrato.

El 2 de diciembre de 2004, el último mes de gobierno de Millán Lizzárraga, se acordó que durante el primer año de renta se pagarían los 2 millones de pesos mensualmente, pero en los siguientes cinco años esos pagos se suspenderían por una razón de una utilidad distinta, como pago de renta se realizarían inversiones millonarias para la construcción de calles, mejoras y un puente con una promesa: “promover el desarrollo de la zona para incrementar la plusvalía”.

De esa manera, el gobierno de Sinaloa abonó a la especulación inmobiliaria que rige esa zona, donde ahora están los fraccionamientos Residencial Álamo, Villas del Río, Valle Alto y Stanza Toscana, las oficinas del DIF Sinaloa, la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa y plazas pequeñas comerciales. Esa zona está tasada en 10 mil pesos por metro cuadrado de construcción.

La oferta era visionaria y la empresa no dudó en aceptarla, pues al término de esos cinco años restarían cuatro más de rentas y luego podría renovar o vender a un precio superior.

Pero eso no tenía que esperar tanto, llegó una oferta que arreglaba todos los problemas de la firma OEI con creces.

El 25 de mayo de 2005, ya con Jesús Aguilar Padilla como gobernador, hubo una reunión en Palacio de Gobierno que cambió prácticamente todo. El secretario de Administración y Finanzas, en ese entonces Óscar Lara Aréchiga, se reunió con el comité técnico del fideicomiso 110522, porque uno de los integrantes les tenía una propuesta.

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Ahí, frente a todos los integrantes del comité técnico, entre ellos Quirino Ordaz Coppel como subsecretario de Administración y vocal ejecutivo; Francisco Javier Luna Beltrán, secretario de Educación Pública y Cultura: Florentino Castro López, secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; Hilda Elisa Cervantes Elizalde, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE); y Germán Contreras García, secretario de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se levantó Juan José Cristerna Molina, director de Recursos Humanos y secretario del comité para hablar sobre los fondos del fideicomiso.

En total se tenían 244 millones 823 mil 817.30 pesos, los cuales correspondían a retenciones hechas a los trabajadores del gobierno del Estado como fondo de ahorro.

“Con una parte de los recursos que a estos (trabajadores de la Educación) corresponden, se adquiera un inmueble, que genere ingresos al ser dado en arrendamiento, por lo que para en aptitud de atender tal petición, es necesario modificar los fines del presente fideicomiso”, se lee en el acta de reunión del comité técnico del fideicomiso 110522, de la cual Revista ESPEJO tiene una copia.

Ahí mismo, Cristerna Molina dijo que se debía tomar dinero de ese fideicomiso para el ahorro de los trabajadores del gobierno del Estado, donde se incluía a trabajadores agremiados al SNTE 53.

Luego soltó la justificante para tomar ese dinero.

Es viable se destinen recursos de los que corresponden al sector del magisterio, para la adquisición de dicho inmueble, el cual será administrado y operado bajo las reglas contenidas en un nuevo fideicomiso a celebrarse con el fiduciario de este, razón por la cual habrá de girarse instrucciones al fiduciario para que haga entrega al representante de los trabajadores en un cheque de caja por la cantidad de $230’655,000.00 a nombre de la empresa propietaria del inmueble OEI Inmobiliaria”, se lee en el documento en poder de Revista ESPEJO.

El comité técnico no se opuso y dio el aval para que con el dinero de las y los trabajadores del Estado y de la educación se comprara el edificio a nombre de OEI Inmobiliaria.

El dinero mayoritario era, sin embargo, de las y los maestros agremiados al SNTE 53.

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En una valuación hecha por el ingeniero Hugo Arnoldo Mitre García se documentó que la Unidad de Servicios Estatales tenía un valor comercial por 204 millones de pesos, pero en el contrato se indicó que el pago final sería por 235 millones 600 mil pesos.

Revista ESPEJO solicitó entrevista a Fernando Sandoval, dirigente actual de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para poder hablar sobre el dinero usado desde el fondo de ahorro de los trabajadores de la Educación, que fue el de mayor peso para la compra del edificio, pero la respuesta fue que se buscaría un espacio en su agenda para poder atender.

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