Corrupción

¿Dónde quedó el dinero? | Los nombres detrás de la USE

Por lo menos, hay 1,300 millones de pesos que deberían estar abonados en los fideicomisos de los trabajadores del gobierno del Estado y del Magisterio, pero se desconoce dónde está ese dinero.

La ruta es sencilla: se compra en 235 millones de pesos un edificio con dinero de los trabajadores del Estado y la Educación, se usa para rentarlo en 2 millones de pesos más impuestos mensuales y el dinero se le transfiere a un comité técnico que preside el Sindicato de Maestros para que pague los impuestos y el dinero que queda libre debe depositarse en otra cuenta.

La realidad es que no se ha cumplido con toda esa ruta y hoy se tiene un hoyo financiero que nadie ha podido explicar.

Han pasado cuatro dirigencias en el SNTE 53 y ocho funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas y ninguno ha explicado, ni siquiera a la Auditoría Superior del Estado, dónde está el dinero que corresponde a los trabajadores del gobierno de Sinaloa y del Magisterio.

La cuenta en deuda con los trabajadores supera los mil 300 millones de pesos, dinero que debió registrarse con las retenciones hechas a los mismos y con el dinero recaudado con la renta de la Unidad de Servicios Estatales (USE).

A la fecha, el fideicomiso que debería tener todo ese dinero únicamente cuenta con 123 millones de pesos, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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El 28 de octubre de 2003 los representantes de los trabajadores del gobierno de Sinaloa, entre ellos los denominados administrativos de base, confianza y del magisterio se reunieron en el Palacio de Gobierno para crear un fideicomiso, el número 110522, que serviría para el ahorro y préstamos de los trabajadores.

Dos años después, el 14 de julio de 2005, la señora Hilda Elisa Cervantes Elizalde, entonces secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE) y Germán Contreras García, secretario de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) decidieron modificar el contrato de fideicomiso.

Se les presentó una oferta inigualable: comprar un edificio en el Desarrollo Urbano Tres Ríos y ponerlo en renta por dos millones de pesos más impuestos para generar ganancias a favor, que el dinero se tomaría del fideicomiso que en ese entonces tenía 244 millones 823 mil 817.30 pesos. Ambos sindicatos estuvieron de acuerdo.

Juan José Cristerna Molina, director de Recursos Humanos y secretario del comité técnico del gobierno de Sinaloa, explicó en esa reunión que la mayoría de los recursos que se usarían eran del Sindicato de Maestros, porque era el que había hecho más aportaciones.

El negocio se hizo y se pagó 235 millones 600 mil pesos por el edificio donde hoy se alberga la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Culiacán, pese a que su valor de avalúo era por 204 millones de pesos.

El comité técnico puso otra condición de índole administrativa, se tenía que crear otro fideicomiso para que se hiciera cargo del edificio y sus rentas. Así se registró el Fideicomiso 20006580.

Ese fideicomiso cobró importancia porque debía administrar el edificio, celebrar contratos con quienes quisieran rentarlo y cobrar por ello.

Ese dinero no se quedaría ahí, el comité técnico tenía un trabajo extra, el de pagar los impuestos y luego depositar el dinero en otro fideicomiso, el 2000485, llamado Sistema de Ahorro y Préstamos (SIAP). Ahí se debe depositar los recursos obtenidos por las rentas del edificio y las retenciones a trabajadores del gobierno del Estado y del magisterio que pertenece a la sección 53 del SNTE.

Cuando se creó el Fideicomiso 20006580 se nombró también al comité técnico: Germán Contreras, secretario general del SNTE 53, a Juan José Cristerna Molina, director de Recursos Humanos del gobierno estatal, y Antonio Vega Gaxiola, entonces titular de la coordinación con entidades públicas de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El nombramiento de los integrantes del comité técnico se hizo por Quirino Ordaz Coppel, en ese entonces subsecretario de Administración del gobierno de Sinaloa.

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El comité debía contratar a una empresa para hacer el cobro de las rentas y luego entregar el dinero a ese órgano, para que este lo “limpiara” de impuestos y lo depositara en el fideicomiso del SIAP.

Había una cláusula que debía respetarse: entre 2006 y 2010 no podían cobrarse rentas, porque un año antes el gobierno de Sinaloa acordó con la empresa OEI Inmobiliaria hacer remodelaciones en las vialidades alrededor del edificio, prometiendo, además, “promover el desarrollo de la zona para incrementar la plusvalía”.

De esa manera, el gobierno de Sinaloa abonó a la especulación inmobiliaria en la zona donde ahora están los fraccionamientos Residencial Álamo, Villas del Río, Valle Alto y Stanza Toscana, las oficinas del DIF Sinaloa, la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa y pequeñas plazas comerciales. Esa zona está tasada en 10 mil pesos por metro cuadrado de construcción.

Sin embargo, de 2011 a 2014 había un contrato abierto y debía cobrarse por las rentas.

Pero no existe documento público que establezca qué persona o empresa fue contratada para ello; pero de no hacerlo, el Comité Técnico podía cobrarlas de manera directa.

En la cuenta pública del primer semestre de 2016 la Auditoría Superior del Estado, encabezada por Emma Guadalupe Félix Rivera, se indicó que “el gobierno del Estado de Sinaloa tiene un adeudo por concepto de renta del edificio que ocupa la Unidad de Servicios Estatales (USE) por el periodo comprendido de enero de 2011 al 30 de junio de 2016, por un importe de $138,600,000.00, el cual no se encuentra reconocido en la contabilidad”.

Luego continuó: “Es conveniente mencionar que no se cuenta con evidencia de que se hayan realizado pagos en años anteriores al 2011, por lo que se presume adeudo”.

No es todo, en 2017 la Auditoría detectó que había un hoyo financiero por $1,032,636,527.83 (mil 32 millones 636 mil 527.83 pesos) en el Fideicomiso 2000485, conocido también como SIAP. En la cuenta pública de 2018 se señaló que la deuda creció hasta los mil 169 millones de pesos. Pero en la cuenta pública de 2019 ya no aparecía adeudo.

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La fiscalización llegó hasta 2018 y con ella siempre una leyenda:

“Es conveniente mencionar que el contrato del Fideicomiso número 2000485-0 del Banco Santander S.A., fue solicitado a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante oficio número ASE/AUD/B/1003/2018, a lo cual la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante oficio número DRH/1878/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, manifestó no estar en posibilidad de proporcionarlo, debido a que no se encontró dicha documentación en los archivos de la Secretaría”, se señaló en los reportes de la Auditoría hasta 2018.

El dinero faltante es de retenciones que se hicieron en las administraciones de Mario López Valdez (2011-2016) y Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), las cuales no se reportaron a las cuentas de los fideicomisos.

Solo por el Fideicomiso número 20006580 han pasado Germán Contreras, Lourdes Sarabia López, Silvino Zavala y Fernando Sandoval como presidentes del comité técnico por ser dirigentes del SNTE 53, mientras que por gobierno del Estado han pasado Juan José Cristerna Molina, Antonio Humberto Vega Gaxiola, Humberto Huerta Salazar, José Ramón Carrera Pico, José Martín Hernández Guerrero, Guillermo Córdova González, Esteban Zamudio Lizárraga y Galicia Alhelí Torres Blanco.

Ninguna de esas personas ha dado un reporte sobre el Fideicomiso que administra la USE, tampoco cuánto dinero se ha recaudado, quién lo ha hecho ni cuántos contratos se han firmado. La Auditoría ha establecido que no se cuenta con documentos que puedan responder esas interrogantes.

Sin embargo, hay dos cláusulas importantes:

“El fideicomisario y/o el comité técnico estarán a cargo a indemnizar y sacar en paz y a salvo al fiduciario, sus consejeros, funcionarios, empleados, apoderados y demás personal

Y luego sigue:

“De que no se aporte el producto resultante de las rentas, libre de impuestos y cualesquiera otras cargas al fideicomiso 2000485

A la fecha, el Fideicomiso SIAP solo tiene 123 millones de pesos, el resto del dinero sigue sin ser localizado.

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