Jesús Estrada Ferreiro se siente perseguido. Da nombres: Jaime Palacios, Feliciano Castro Meléndrez, Graciela Domínguez Nava, Sthefany Rea Reátiga, Pedro Lobo, José Antonio Ríos Rojo.

“Es toda la gente que está en el gobierno de (Rubén) Rocha Moya, toda la gente de Feliciano y Graciela…”, recalca.
El Alcalde de Culiacán está sentado bajo un cuadro con la estampa de Benito Juárez. Este hombre que ahora enfrenta un juicio político en el Congreso de Sinaloa es un Juarista, lo trata de emular.

Cada paso que dio Juárez en la política fue con el sustento de la Constitución. Estrada Ferreiro habla de lo mismo, de seguir lo que dice la Constitución, aunque por sus actos no sea el más popular.

“Yo sé que no soy el más popular, ni intento serlo”, señala el mandatario municipal.

Esa impopularidad ya le cobró factura, sobre todo con “los que están en el poder”, como él mismo menciona de forma repetida.

No lo quieren. No están conformes. No trabajan en equipo. No se respetan. Dejaron de ser amigos.

“Yo le dije a él (al gobernador Rubén Rocha Moya) que lo que más me dolía es que habíamos perdido la amistad”, recuerda Estrada Ferreiro sobre la última conversación con el gobernador de Sinaloa. Eso ocurrió el 11 de mayo de 2022, tras inaugurar un supermercado en Culiacán.

“ESTOY PELEANDO PARA QUE ME DEJEN TRABAJAR”

El Congreso de Sinaloa inició un juicio político contra el Alcalde. Le achacan tres cosas:

  • La falta de cumplimiento a tres recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
  • El rechazo a la aplicación de descuentos de 50 por ciento a personas adultas mayores y discapacitadas por los ayuntamientos, como se fijó en enero de 2022 por una reforma hecha desde el Congreso local
  • El rechazo a la reforma a la Ley de de Seguridad Pública de Sinaloa sobre la homologación al sistema de pensiones en julio de 2021

Cuando se le cita la primera, Estrada Ferreiro se pone cómodo y comienza a repasar cada una de las recomendaciones y al terminar suelta: “yo ya cumplí”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos debió enviar un dictamen para confirmar si cumplió o no, pero eso forma parte de un expediente hasta hoy desconocido públicamente, del que solo hay repasos sin réplica para evitar fallas en el “debido proceso”.

“Hay documentos incompletos, las denuncias que me dieron de derechos humanos no están firmadas, las denuncias de las viudas no están ratificadas…“, asegura.
El Congreso sigue sin definir su expediente, por eso sigue como Alcalde. La Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos dice que una vez que la Comisión Instructora de la Cámara formalice su acusación, el funcionario aludido deberá dejar su puesto de forma temporal, hasta que termine el proceso.

Pero Estrada Ferreiro se mantiene, no hay una acusación formal, aunque todo es un trámite que puede terminar con él destituido antes de que termine el verano.

En este juicio político, el Congreso que lidera Morena le tiene dos reproches con los que intenta llevarlo, son la reforma a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, y la Ley de Seguridad Pública.

Por la primera, el Ayuntamiento de Culiacán promovió una controversia constitucional, pues Estrada Ferreiro asegura que el Congreso no consultó a los ayuntamientos y aun así afectó la administración municipal.

“Son 200 millones de pesos al año”, reclama al señalar que, para él, no todas las personas adultas mayores tienen problemas financieros y por lo tanto no todas deben contar con descuentos en las tarifas de agua.

Además asegura que ningún otro ayuntamiento de Sinaloa está aplicando este descuento.

“Quieren tronarla (la Junta de Agua Potable) porque quieren que tengamos un mal gobierno, eso es todo, con esa perversidad”, sostiene.
La segunda es una acción de inconstitucionalidad por la reforma a la Ley de Seguridad Pública sobre el sistema de pensiones, pues con esta se deben homologar a los salarios que perciben policías en activo.

Pero Estrada asegura como, al llegar a la alcaldía y sin petición de los diputados de por medio, fue él mismo quien instruyó el duplicar las pensiones a viudas de policías.

Así, el aún alcalde de Culiacán acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no quiere hacer efectivo ese beneficio que forma parte de una lucha encabezada las familias de policías que fueron asesinados o que se jubilaron bajo un esquema de salario mínimo, pues a la fecha no hay una sola administración municipal que haga un sistema de retiro.

En cambio, comenzó un proceso jurídico, con la razón de que seguir con la reforma significaría un futuro quebrando a la hacienda pública.

“Por la edad promedio que tienen, por el número de policías que tenemos y yo digo que van a seguir aumentando, no vamos a tener recursos y mi responsabilidad no es decir que yo pateo el bote y que se lo quede el que viene”, expresa.

La crítica principal contra la administración de Estrada Ferreiro proviene directamente del gobernador del Estado, que en al menos tres conferencias de prensa calificó como mal gobernante al Alcalde por esa actitud.

Para Rubén Rocha Moya, la actitud de Estrada Ferreiro es negativa, no representa los valores de la llamada “Cuarta Transformación” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la que promueve en el discurso público la de ver por todas las personas y sobre todo por grupos vulnerables.

Pero el Alcalde le responde:

“Yo te digo lo contrario, el Presidente jamás nos ha pedido que no cobremos el predial, al contrario, nos ha dicho públicamente y en privado ‘sean buenos recaudadores los presidentes municipales, no se atengan al gobierno federal los estados, recauden el impuesto predial, cobren el agua potable’, así con esas palabras”, dice.
Rocha Moya también criticó a Estrada Ferreiro por no pagar a las viudas de policías conforme dictó el Congreso local y lo pidió el Presidente (AMLO) en Culiacán el 10 de septiembre de 2021. Es una crítica constante que se reforzó cuando el mandatario estatal ofreció 20 millones de pesos en un convenio para el pago. Pero el Alcalde dice recordar otra versión.

“El hecho de que Rocha Moya haya dicho públicamente que nos da 20 millones de pesos para pagar lo atrasado de los policías y yo pagara de febrero en adelante no tiene razón de ser por dos motivos, uno es que no tiene por qué pagarlo él, y dos es que el Presidente de la República sabía lo que estaban haciendo porque yo se lo mandé por correo”, menciona.

“Termina el evento y me dice ‘Jesús, ponte de acuerdo con el maestro Rocha para que vean el tema de las viudas de policías’, ‘no, licenciado, es impagable, no tengo para pagarlo’, ‘que lo pague él’ dijo y Rocha dijo ‘es un compromiso’, es un compromiso de él y que lo pague él, no que me ayude a pagarlo, y él lo reconoce y lo sabe bien, ¿por qué lo dice públicamente?”.

-Lo que ha dicho es que él no puede pagar cosas municipales

“Y tiene razón, tiene razón. ¿Entonces para qué se compromete? ¿Por qué le dice sí al Presidente? ¿Es ignorante él o quiere engañar al Presidente? Como me la pongas, él es responsable”.

La carga, sin embargo, se la queda el Ayuntamiento, señala el Alcalde, por eso es que pidió a la Corte que revise las reformas.

“Estoy peleando para que me dejen trabajar”, asegura.

ESTRADA FERREIRO DICE PELEAR CONTRA UN ESTADO TOTALITARIO

Estrada Ferreiro es un político sin partido. Llegó a ser candidato a la Gubernatura en 2016 con Morena por decisión de Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces líder de ese instituto político.

Más tarde, en 2018, fue candidato a Alcalde y ganó en una elecciones donde Morena arrasó en las urnas con López Obrador en la cabeza de todas las candidaturas. En 2021, Estrada Ferreiro fue reelecto con el mismo partido y ahora el Congreso, con mayoría de Morena, lo quiere destituir.

De las 40 diputaciones de la 64 Legislatura, Estrada Ferreiro solo cuenta con el apoyo de 8 legisladoras y legisladores, 5 del Partido Sinaloense y 3 de Morena.

Estrada Ferreiro sabe que tiene la partida en su contra. Morena en el Congreso sostiene una votación mayoritaria, pero con ellos también está el bloque del PRI, el PAN y los diputados sin partido.

La razón, dice, es que hay un gobierno totalitario, con el Poder Judicial como extensión de la Secretaría General de Gobierno, donde despacha Enrique Inzunza Cázarez, ex presidente -por 10 años- del Supremo Tribunal de Justicia y con diputados priistas con favores pendientes.

“Otra diputada que está ahí, Gloria Himelda, su marido es proyectista del Tribunal de Justicia donde estaba Inzunza Cázarez, es empleado de él prácticamente, el papá de (Ricardo) Madrid es director el Registro Público de la Propiedad. Ambos son gente de (Jesús) Aguilar Padilla, están ahí porque Aguilar Padilla es el jefe de Rocha“, señala.

“El yerno de él (de Aguilar Padilla) es Sergio Mario Arredondo, y como esos están los demás del PRI, por eso están todos coludidos con Morena, porque el compromiso es no hacerle ruido a la cuenta pública de Quirino, que pase como está”.

-¿Rocha tiene de la mano al Congreso?

“A todo el Congreso”

-¿Al Poder Judicial también?

“También porque el Poder Judicial fue presidente este señor que es secretario general de Gobierno, que tiene problemas por ahí gravísimos de un asunto de género, de acoso sexual, probado públicamente, y que (el ex fiscal general) Ríos Estavillo no pudo hacer nada porque lo presionaron también, tuvo que renunciar antes de tiempo, se fue”.

“Aparte metió a su esposa… creo que en la Fiscalía hay denuncias penales también en contra de la esposa por el tema ese, si no investíguenlo. Aparte el presidente del Supremo Tribunal de Justicia es compadre de este señor, de Inzunza Cázarez. Estamos en la olla políticamente”.

Dice que cuenta con el apoyo del Presidente López Obrador, aunque este no se ha pronunciado. Sin embargo, presume que en la Ciudad de México le dijeron “están obsesionados contigo”. No revela el nombre, pero su última visita a la Capital del País fue para sostener una plática con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

A partir de esa reunión, la actitud de Estrada Ferreiro cambió, ahora ha estado aceptando cada cosa que antes rechazó, como el convenio con el gobierno de Sinaloa para recibir los 20 millones de pesos y pagar a las viudas de policías.

También promovió al Cabildo el retirar la controversia constitucional por la Ley de Agua Potable. Son avisos para tratar de evitar el juicio político.

“Ya me tiene hasta el copete este amigo (el gobernador Rubén Rocha Moya) a mí, decirlo con todas las palabras”, expresa.

“Me manda un oficio amenazándome que el convenio que le firmé no lo va a aplicar si no me desisto de las controversias constitucionales. Le dije ‘yo no estoy de acuerdo del desistimiento, pero la presión que tengo de parte suya y del Congreso es mucha y no me dejan trabajar, prefiero firmarle el desistimiento’”.

“LA LEY ES MI ESPADA Y MI ESCUDO”

Jesús Estrada Ferreiro es el protagonista de un juicio inédito en Sinaloa y por lo mismo no se puede narrar un antecedente, al menos algún aviso sobre lo que sucederá, solo lo que dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Esta no es la primera vez que se lanza contra el Congreso local, ya pasó antes con una controversia constitucional resuelta a su favor porque la Cámara no aceptó que el Ayuntamiento actualizara las claves catastrales.

“Si son muy correctos, como dicen ellos, espérense a lo que diga la corte con las controversias constitucionales y se acabó el problema. Si la Corte dice que tengo la razón, pues tengo que cumplir”

-¿Si corre el juicio político, se le destituye, corre el proceso y supongamos que se va, pero la Corte le da la razón…?

“(El Congreso) me tiene que restituir”

¿Restituir?

“Sí”

¿Se va amparar?

“Claro”

“Aquí el problema para mí, y con eso me quieren asustar, es que la Ley no permite… la resolución del Congreso no es recurrible. Esta pasa por el Poder Judicial y lo que el Poder Judicial diga… que me fusilen, que me encarcelen o que me corran, no es recurrible, pero proceden los juicios intra procesales, por cada acto que nos nieguen ellos procede un juicio de amparo“

¿Como esperar, por ejemplo?

“Así es”

Estrada Ferreiro ya forjó su estrategia, será la de aguantar. Con eso trata de asegurar que la Suprema Corte dé los fallos sobre la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.

No será un proceso fácil, advierte, habrá declaraciones sin ton ni son, con expresiones casi a diario, como ya sucede entre él y el gobernador Rubén Rocha Moya hasta que uno de los dos decida ceder.

“Imagínate, si me tienen con la pata en el pescuezo y ¿no me voy a defender?, me doy por muerto mejor”, dice.