El Presidente Andrés Manuel López Obrador no sabía del juicio político a Jesús Estrada Ferreiro, hasta que un grupo de viudas de policías se acercó para acusarlo y dar detalle del proceso, y ahí estaba el gobernador Rubén Rocha Moya. Eso pasó porque el alcalde de Culiacán ya no es el informante del Presidente.

“Él (el Presidente) sabe bien la intención nuestra, ya no es el caso de que venía el Presidente y solo él (el alcalde) era el interlocutor y le decía lo que quería al Presidente, porque no había un gobernador de Morena que también pudiera decirle las cosas que estaban pasando”, aseguró Rocha Moya en conferencia de prensa.

“Yo se lo digo, yo le informé y él me pidió… yo lo tengo enterado… este caso aquí se va a resolver”.

Antes de Rocha Moya, quien le informaba cada detalle de lo que sucedía en Sinaloa era el alcalde de Culiacán, pues este último aseguraba que era por amistad, pero el gobernador aclaró que fue porque antes no había un mandatario de Morena, partido político creado por el Presidente.

Estrada Ferreiro cruza por un proceso de juicio político que inició el Congreso local. Por ahora solo se mantiene la integración de un expediente desde la Comisión Instructora para analizar y crear una acusación específica.

Mientras pasa eso, el alcalde solicitó a un juez federal que le diera protección para evitar ser destituido y así fue, por lo menos hasta que termine el juicio, pues si se dicta una sentencia de condena, entonces deberá dejar su puesto.

Una de las denuncias por juicio político la impulsó un grupo de esposas viudas e hijos de policías asesinados o que murieron a causa de su trabajo, luego de reclamar que Estrada Ferreiro no acató la reforma a la Ley de Seguridad Pública, cuyos cambios -hechos en 2021- establecen una homologación para que reciban una pensión del mismo nivel salarial a la de policías en activo.

Esa es una de las demandas que se encuentran dentro del expediente.

El alcalde prefirió promover una acción de inconstitucionalidad, al asegurar que el Congreso local decidió intervenir en las finanzas del municipio.

Por su parte, el gobierno de Sinaloa propuso hacer un convenio por 20 millones de pesos para ayudar al ayuntamiento con sus finanzas, pero en una primera reacción se rechazó por el alcalde. Luego, como medida para tratar de evitar el juicio, lo aceptó, pero de manera condicionada, según dijo el gobernador Rocha Moya.

“Aquí en Sinaloa a mí me involucra mucho el Presidente, lo único que he querido hacer yo es ayudar para que se resuelva el problema y lo he demostrado en la práctica y en público. La primera es que le mandamos el recurso a través de un convenio”, expresó Rocha Moya.

Tras la intervención de las viudas de policías, ahora el Presidente ofreció una reunión en la Secret