La eventualidad de que Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, renuncie al cargo para facilitar la decisión negociada con beneficios para él y mayor margen de operatividad política para el Gobernador Rubén Rocha Moya, Congreso del Estado y Movimiento Regeneración Nacional, ha dado mucho de qué hablar en la controversia que oscila entre dos posturas: que enfrente las consecuencias legales por desempeño irregular de la función pública o se le construya una salida consensuada para atender lo esencial, que es la gobernabilidad mazatleca.
A la ausencia del presidente municipal en sus oficinas del Ayuntamiento, así como la versión de que procedió a sacar documentos y pertenencias del despacho que ocupa, se le agregó la jornada de posicionamientos de sectores del puerto que coinciden en finiquitar el mandato de “El Químico”, sea como sea, dando pauta a que el municipio sureño retome estabilidad y reanude las políticas públicas de desarrollo.
Inclusive el gobernador Rubén Rocha Moya ofrece que no “meterá las manos” en el procedimiento de orden penal que la Fiscalía Anticorrupción abrió contra Benítez Torres por la compra al margen de la normatividad de transparencia de luminarias para la ciudad de Mazatlán, por un costo superior a 400 millones de pesos, adquisición que realizó sin la correspondiente licitación a pesar de que no hay la situación de emergencia o urgencia que justifique el trato directo y fast track con la empresa Azteca Lighting.
El estado de cosas al día de hoy presenta condiciones para que el expediente conocido como “luminarias oscuras” halle una salida más pronto de lo que se esperaba, tal vez concertada para que el desenlace sea diferente al que tuvo el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien ha sido vinculado a proceso dentro del juicio político en curso.
Lo mínimo que se conjetura es que el edil mazatleco solicitará licencia en tanto la Fiscalía General del Estado desahoga la respectiva carpeta de investigación.
Hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió a los servidores públicos de su partido, Morena, que la ley no se negocia y en caso de que exista alguna resolución de una instancia judicial se tiene que acatar, y su gobierno no protegerá los desacatos, postura que estará a prueba en el caso Benítez Torres. La justicia en la exacta significación del término debería actuar con apego a la norma jurídica; si este principio judicial es alterado mediante la injerencia política, se sentará el precedente de ley dura para algunos y blanda para otros, según la protección o el desamparo que ofrezcan los gobernantes en turno.
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