El gobernador Rubén Rocha Moya tomó la protesta de ley a Luis Guillermo Benítez Torres, quien a partir de este día habrá de desempeñarse como el nuevo secretario de Turismo en Sinaloa.

Luego de que este martes presentara su renuncia de carácter irrevocable como alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aceptó la invitación que le extendió el gobernador Rubén Rocha Moya para que se adhiera a su gabinete de trabajo y aprovechar la experiencia que tiene el ahora secretario en materia turística.

Ahí mismo el mandatario estatal exhortó a Benítez Torres a conducirse con honestidad y transparencia en el quehacer de ésta importante dependencia, según un comunicado que envió el gobierno de Sinaloa.

Benítez Torres llegó a la Secretaría de Turismo en medio de acusaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado sobre malos manejos en la administración municipal de Mazatlán.

Hace un año la Auditoría Superior de la Federación anunció la primera advertencia sobre Benítez Torres y la forma de administrar el municipio.

Hay, a la fecha, 823.4 millones de pesos por recuperar o aclarar por dos pliegos de observaciones y una solicitud de aclaración de gasto federalizado en 2020 que fueron observados.

A la Auditoría Federal le siguió la Auditoría Superior del Estado, que tras una serie de denuncias interpuestas por la organización Observatorio Ciudadano de Mazatlán por la contratación vía adjudicación directa de la empresa Azteca Ligthing.

Se trata de seis contratos distintos que suman, entre todos, un gasto de 560.1 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado hizo una revisión y detectó irregularidades por 60 millones 880 mil 730.67 después por los seis contratos por adjudicación directa con la empresa Azteca Lighting.

La denuncia se mantiene bajo el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, de acuerdo con datos de la Fiscalía Anticorrupción.

No es lo único, también existe una solicitud de juicio político confirmado por el Congreso de Sinaloa, luego de que distintos ciudadanos interpusieran denuncias ante la Oficialía de Partes del Congreso local, entre ellas del Movimiento Amplio Social Sinaloense, que aglutina a las víctimas de desplazamiento forzado en Mazatlán.