A un año de haber iniciado las gestiones del gobierno de Rubén Rocha Moya, el Centro Empresarial de Sinaloa (Coparmex) manifestó preocupación de que las expectativas generadas por el ejecutivo estatal no se estén cristalizando de la manera en que se esperaban.

Martha Elena Reyes Zazueta, vicepresidente de Coparmex Sinaloa dijo que son varios y muy evidentes los signos de estancamiento en los principales temas que atañen a todos los ciudadanos, razón por la que no perciben mejoras en los indicadores de prosperidad y de calidad de vida en el estado.

Destacó que en primer lugar está el tema de seguridad pública, dónde los datos oficiales indican que hay una disminución en delitos, sin embargo, no es suficiente.

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En tanto al desarrollo económico, Guillermo Gastelum Bon Bustamante, presidente del Centro dijo que se hacen muchos pronunciamientos y se presumen inversiones productivas pero no se ven materializadas.

Señaló que Javier Gaxiola Coppel se ha enfocado en una estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con un programa de autoempleo y apoyos de 25 mil pesos pero no son a fondo perdido, sino que se trata de préstamos con tasa de interés “preferencial”. Eso sólo da como resultado un crecimiento económico mediocre y la ausencia de empleos de calidad, aseguró.

En tanto a la transparencia y rendición de cuentas, dijo que a través de Iniciativa Sinaloa observaron que el índice de transparencia de obras públicas está en un nivel de cumplimiento menor al 8 por ciento de las obligaciones específicas en la Ley.

El gobernador se ha desenfocado, criticó Bon y está desviando tiempo y recursos en desaciertos políticos, así como la incorporación y salida de funcionarios en su gabinete en vez de enfocarse en las tareas prioritarias del gobierno.

En este sentido, el Centro Empresarial de Sinaloa calificó el inicio de gestión como intrascendente, insuficiente, y sobre todo, carente de rumbo.
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Asimismo, exhortó al gobierno, tomar acciones necesarias para lograr la transformación positiva, con un proyecto de largo plazo que vaya alineado con los esfuerzos sociales como la Ley de planeación que desde hace un año se presentó pero sigue en el congelador.