A pesar de que existe una Ley para regular la recaudación por el Impuesto Sobre Hospedaje en Sinaloa, recientemente modificada de nueva cuenta para establecer la distribución del recurso por porcentajes, no existen tabuladores o criterios establecidos para normar el uso de este recurso público aplicado a la promoción turística.

El pasado 14 de julio de 2022 el Gobernador Rubén Rocha Moya instaló el consejo Consultivo para la transparencia, que decide en qué se gasta este dinero y cómo, sin embargo, no hay lineamientos claros, no existen reglas de operación para estos recursos, ni existen medidas que determinen resultados efectivos y eficientes.

Existen dudas en torno a la eficiencia de gravar el turismo, pero independientemente de esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial de Turismo (OMT), consideran que todos los recursos que se recauden por este concepto se deben destinar a mejorar la infraestructura turística y a promover el turismo.

Además, creen que es necesario la revisión de los mecanismos y la normatividad jurídica para que se mejore la recaudación, y para que se garantice que todos los recursos recaudados se destinarán a fines turísticos exclusivamente.

Hay discreción en la aplicación de los recursos, al no haber transparencia en su aplicación. En el caso de Sinaloa, la ley es muy clara en su explicación, el uso de este gravamen es para la promoción de los destinos turísticos de Sinaloa, por tanto, esos recursos se deberían de gastar solo en la promoción y difusión de la entidad.

Antes del 2017 el importe recaudado por el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje en Sinaloa se gestionaba por un fideicomiso integrado por cada municipio, esto con el fin de que el recurso se ejerciera de manera proporcional, según la captación de cada municipio.

“En la constitución de los Fideicomisos deberán estar de acuerdo en su contenido las partes que integrarán el Comité Técnico de los mismos, manteniéndose en suspenso el cobro de este impuesto en los municipios donde no se constituya el Fideicomiso respectivo o el Municipio no se adhiera a uno ya existente; en caso de que éste se extinga, se suspenderá el cobro del impuesto hasta que se constituya un nuevo Fideicomiso”, refería el artículo 33 antes de reformarse en 2016.
Luego de las modificaciones que se aplicaron este diciembre de 2022 la SECTUR tiene la facultad para decidir en qué se gasta el 90 por ciento del dinero, con el respaldo de un “Consejo Consultivo” integrado por miembros del sector turístico, el titular de turismo estatal, así como el secretario de Administración y Finanzas estatal, sin embargo, uno de los reclamos más fuertes del sector hotelero de Culiacán es que poco se esclarece en qué se materializa este recurso específicamente para la promoción turística de la entidad.

Para conocer el destino de estos recursos y desentrañar cómo se gasta, fiscalizar que sea efectivo, transparente y en legalidad el uso de este gravamen, José Manuel de las Rivas Flores, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán presentó la denuncia en la ASE.

“Yo creo que creen que es su caja (funcionarios de la SECTUR), no es así, son recursos públicos que están autorizados por el Congreso y que su gasto va normado por una ley; cuando llevamos al fideicomiso, era muy claro, lo que salía de ahí simplemente no se podía pagar, porque había un fiduciario que era el banco que se jugaba el cuello si hacía tonterías y son muy muy cuidadosos de no hacer tonterías en los bancos. Que pasa, lo quitan y entonces se agarran el recurso y se lo llevan a la Secretaría de Turismo, todo ese tipo de cosas, ya de origen vienen mal”, criticó.
Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE afirmó en entrevista para ESPEJO que la auditoría número E003/2021 está realizada conforme a las disposiciones legales, ya que la ASE es muy respetuosa de la Ley, por lo que aseguró, no se trata de una interpretación, sino que está hecha a conciencia.

“No son perfectas, no hay perfección, pero sí está realizada y constatada incluso de mi parte, este tema, los resultados son confiables. La información que se maneja en el exterior, en el congreso y se maneja en la sociedad es la que se obtiene de aquí, confiar o no confiar es decisión de ustedes”, señaló.
Para el empresario hotelero es “una incongruencia”, que en la auditoría específica promovida por su denuncia no se observe nada, sin embargo, en la auditoría por oficio que la ASE realizó sobre el desempeño al Programa presupuestario Promoción y Fomento de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2019, operado por la Secretaría de Turismo, se observó que había deficiencias en el diseño de la política de capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos; que se presentó un inadecuado diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR); y finalmente, se observaron deficiencias en sus Sistema de Control Interno y en la transparencia y rendición de cuentas.

“¿No hay observaciones por parte de la auditoría?, pues entonces yo te diría que ¿quiénes son los auditores? porque yo creo que hasta unos niños de primaria hubieran observado. Hubieran dicho ‘oye se trata de esto y se trata’ y ya hubiera salido más de un niño a decir: ‘pero oye, esto se me hace muy raro; y esto no me parece’. Niños de primaria”, reparó.
Una primera alerta roja es el convenio con Televisa, la ASE tendría que observar la justificante para decir ‘vamos a evitar la licitación pública o un concurso’ y otorgar por adjudicación directa un contrato por un monto tan elevado, cuestionó Marlén León Fontes, directora de la organización civil Iniciativa Sinaloa.

“Ya está la primera irregularidad y me parece grave que la auditoría no está observando ese tema, recordemos que ahorita el tema de los contratos o las contrataciones públicas son focos rojos. En segunda está el tema de revisar cómo se destinó el gasto, porque efectivamente yo creo que, si el gobierno decide otorgar un contrato tan elevado, debió haber revisado previamente el tema este del catering y de este tipo de servicios, sí es inadmisible que recursos públicos se estén utilizando para esto”, señaló.
El tercer “foco rojo” criticó, es que con estas acciones o respuestas desfavorables hacia los denunciantes la ASE desmotive que se efectúen más denuncias ciudadanas, ya que no se dan respuestas oportunas, no se detallan los resultados de la auditoría más allá de un resumen que comunica no se encontraron observaciones.

Pero, por otro lado, corrigió, que a través de un acceso a la información publica se puede encontrar un derroche de recursos públicos injustificado; falta de medidores o tabuladores que estipulen cuánto es lo que se debe gastar en viáticos para llevar a cabo la promoción; la carencia de una matriz de resultados que procure un adecuado seguimiento de que más allá del turisteo de los funcionarios, se realiza en la entidad promoción turística conforme a la ley.