Un sólo hombre o empresa no pude colocarse por encima de la exigencia de los sinaloenses para que el cobro en las casetas de peaje de la maxipista Culiacán-Mazatlán se ajuste al 7.8 por ciento que autorizó a nivel nacional la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.

De igual forma los poderes Ejecutivo y Judicial, respaldados por los sectores social, político y económico, tampoco deben quedarse de brazos cruzados ante la imposición de pagos altos en la carretera que por las malas condiciones en que está ocasiona accidentes a diario con saldos de heridos o pérdida de vidas humanas.

El gobernador Rubén Rocha Moya, que se había puesto a la cabeza de la protesta generalizada contra el abusivo peaje declaro que el titular de la SICT, Jorge Nuño, le aviso que el gravamen no bajará debido a que así lo establece el convenio de concesión que existe desde que Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México. Es decir, los automovilistas pagarán 205 pesos en la caseta de Costa Rica, que es un incremento del 22 por ciento, y 180 en la de Mármol, con aumento de 23 por ciento.

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Esto significa que el interés de un particular o una marca sigue por encima del derecho ciudadano a condiciones de desarrollo justas, apegadas a la realidad, pues en ningún momento se logró al menos que la compañía concesionaria se comprometa a corregir el estado desastroso de la carretera.

Sin embargo, lo que falta por ver es si las instituciones de gobierno y representación de los sinaloenses, y la sociedad toda, permitimos que predomine la voracidad económica por encima de la aspiración colectiva a pagar estrictamente lo justo por los servicios y bienes necesarios para el acceso al desarrollo.

¿Ya estamos derrotados en esta gestión gobernador Rocha y diputadas y diputados de la 64 Legislatura estatal?