Por Cristina Isabel Ibarra Armenta*

La llegada de las lluvias en Sinaloa está cercana y los Sinaloenses comprendemos lo necesario e importante de esta temporada, especialmente para las actividades primarias que son tan importantes en nuestra economía, sin embargo, para muchos hogares la llegada del tiempo de lluvias representa un periodo de incertidumbre y preocupación ante la posibilidad de sufrir inundaciones en sus viviendas.

El tema de las inundaciones en Sinaloa y en México, es aún tratado de forma remedial pero mucho falta para subsanar fallas en la infraestructura física que permita reducir la vulnerabilidad de los asentamientos.

En un estudio reciente, nos dimos a la tarea de encuestar a 160 hogares en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, incluyendo zonas de recurrentes inundaciones con el fin de determinar los costos económicos que enfrentan los hogares inundados. Los asentamientos incluidos son Inf. Humaya, Valle Alto-Villas del Río, Acueducto y la 6 de enero en Culiacán; Las Mañanitas y la Colonia Magisterial en Los Mochis, y las colonias Jacarandas y Estero en Mazatlán.

 

Año con año las inundaciones se vuelven un tema público y los gobiernos atajan el problema a través de las ayudas compensatorias, el año pasado, por ejemplo, se reportaron entregas de hasta 10 mil pesos por hogar, incluyendo a veces la donación de algunos enseres domésticos importantes, como refrigeradores, colchones y otros, reportando gastos superiores a los 6 millones de pesos, beneficiando a al menos 600 hogares (suponiendo donaciones de 5 mil pesos), pero seguramente fueron menos, pues algunos afectados recibieron 10 mil pesos, según reportó gobierno del estado. Sin embargo, para poder evaluar si esto es suficiente es imperante primero entender las repercusiones que enfrentan los hogares en el corto, mediano y largo plazos. Las familias que viven en zonas susceptibles de inundación, sufren severas pérdidas materiales cuando ocurre el suceso, pero además tienen pérdidas patrimoniales, por ejemplo, sus viviendas requieren reparaciones constantes pues la humedad de una inundación tarda en secar, aunado a que la zona pierde valor de mercado, por lo que si una familia decidiera salirse del lugar, deben aceptar un precio más bajo por su vivienda, trayendo consigo un problema mayor: la frustración de tener que vivir con la zozobra e incertidumbre que causan las lluvias.

Sacando un promedio de las pérdidas en alimentos y ropa, se estimó que las familias encuestadas perdieron al menos $15 mil pesos. Además, la recuperación de sus enseres y muebles costó al menos $ 20 mil pesos, esto considerando enseres de bajo precio, pues en precios encontramos rangos muy variables. Por ejemplo, un refrigerador puede ser económico como 6 mil pesos o menos, pero también los hay de más de 50 mil pesos.

Finalmente, se cuantifcó el gasto promedio de las reparaciones realizadas posteriores a las inundaciones y el promedio fue de $33 mil pesos. Así, las familias encuestadas enfrentaron pérdidas con un valor promedio de $68 mil pesos, cifra muy por encima de los apoyos económicos ofrecidos en el estado. Se contabilizó entonces que tan solo en los 160 hogares sus pérdidas rebasan los 10 millones de pesos. De inicio, ya podemos ver que la cifra de apoyo no es de ninguna forma suficiente para cubrir las pérdidas y gastos de reparación de los hogares. Además, de éstos, solamente el 16% reportó haber recibido ayuda gubernamental ya fuera de enseres o muebles, o dinero en efectivo, con 5 mil pesos como máximo.

 

Más allá de ello, la afectación en el bienestar de largo plazo es considerablemente mayor a los promedios obtenidos dados los siguientes elementos: Primero, como es de esperarse, muchas familias no pueden hacer todas las reparaciones necesarias para tener su vivienda en buen estado, lo se pudo observar en muchos casos, pues a pesar de haber pasado ya más de dos años de la última inundación de un particular, la vivienda continúa mostrando señas de daño estructural, humedad y otras; además de que muchas familias ya no compran muebles, prefieren tener sillas de plástico o enseres económicos, afectando así considerablemente el nivel de bienestar de las familias. Segundo, la pérdida del valor de mercado de las viviendas es inversamente proporcional a la ocurrencia de inundación, por ejemplo, las familias en la colonia Jacarandas, Magisterial, Valle Alto e Infonavit Humaya, reportaron que, aunque quisieran, no pueden vender sus viviendas pues nadie se las compra, o bien, tendrían que ofrecerlas muy baratas.

Con frecuencia los gobiernos culpan de las inundaciones al origen irregular de las colonias, lo que aplica en casos como la colonia 6 de enero en Culiacán, pero no es así para todos los asentamientos. De la muestra, cinco son fraccionamientos que fueron debidamente planeados por inmobiliarias, pero que su planeación urbana fue deficiente. También, los pobladores señalaron que con el crecimiento de otros fraccionamientos su situación ha empeorado, tal es el caso de la colonia Magisterial en Mochis en donde, a partir de la construcción de un boulevard cercano su problema empeoró. De forma similar lo comentaron en la colonia Infonavit Humaya en Culiacán, pues consideran que la construcción de nuevos fraccionamientos empeoró la acumulación de agua.

Todo esto es solo un botón de muestra de todas las afectaciones que tiene la falta de infraestructura adecuada en las ciudades de Sinaloa. Por ejemplo, en muchas viviendas el drenaje sanitario está conectado al drenaje pluvial, por lo que, en situaciones de lluvia intensa, a muchas familias de las zonas encuestadas, se les desborda el drenaje por el WC, lo que genera pérdidas considerables, además de la suciedad y el riesgo sanitario que ello implica.

Por otro lado, no debe perderse de vista que las pérdidas materiales también afectan al capital físico público, pues la infraestructura pública también se ve dañada como caminos, puentes, carreteras, alumbrado, escuelas, parques y otros. De lo que se deduce que las pérdidas públicas y privadas son bastante elevadas.

 

Por su parte, las autoridades de protección civil entrevistadas consideran que una parte importante del problema deviene de algo que no se puede manejar o planear, pues en muchos casos son eventos naturales que escapan del control humano, y como organismos encargados de la protección civil, su enfoque es salvar las vidas humanas cuando se presentan desastres. Surgen entonces algunas interrogantes; primero, si existen elementos que no son controlables pero que pueden generar cuantiosos daños materiales, no solo a hogares, sino también pérdidas de infraestructura pública, como caminos y puentes, escuelas, alumbrado y otros, porqué desapareció el Fondo de Desastres Naturales FONDEN, así como el esquema de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) y su Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), que permitían no solo la reconstrucción e inmediata respuesta financiera ante desastres, sino que también apoyaban la prevención de desastres. El pasado 6 de junio se publicaron los lineamientos para solicitar recursos a través del fondo sustituto del FONDEN, el “Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales”, sin embargo, cabe destacar que no hay presupuesto asignado y que en este caso no se contemplan coberturas aseguradas, ni mecanismos de prevención, siendo así una estrategia más deficiente que la anterior. Segundo, si la problemática de encharcamientos e inundaciones se presenta a veces con tan solo una lluvia torrencial, porqué no se ha cambiado la estrategia de planeación para reducir estos sucesos, que parecen incrementar año con año. Tercero, según expertos, otra arista en el tema es que con la tala de árboles, el crecimiento de las ciudades y la construcción de carreteras, se han incrementado los escurrimientos hacia las zonas urbanas, lo que sugiere entonces que la tendencia es que el problema se agrave, entonces qué hacen los organismos de planeación municipal en el tema del manejo de agua y especialmente, las descargas pluviales, nada hay en IMPLANES municipales del estado en el tema, con relación a obras de infraestructura que puedan reducir la vulnerabilidad, como lo es el drenaje pluvial profundo.

En suma, en esta temporada de lluvias, los Sinaloenses saltaremos de júbilo por las copiosas lluvias que lleguen, mientras que familias en más 200 colonias susceptibles de encharcamientos e inundaciones pedirán para que este año no les toque la inundación.

 

 

*Cristina Isabel Ibarra Armenta es doctora en economía por la Universidad de Glasgow, maestra en economía regional por la Universidad Autónoma de Coahuila, y licenciada en economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Actualmente es presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa.