Culiacán.- Una nueva compra millonaria se avecina, con la que se busca comprar mil nuevos “ojos” que puedan vigilar las ciudades más pobladas de Sinaloa.

La administración de Rubén Rocha Moya tiene el proyecto de comprar mil cámaras de videovigilancia, un propósito que se alineará a un programa de seguridad que ha costado instalar, pues implica a la iniciativa privada y a los empresarios consecionarios del transporte urbano.

“Se tiene un proyecto para expandir el sistema de videovigilancia, pero esto va muy aparejado con el tema de la sociedad”, dijo Víctor Cisneros, titular del Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia (C4i).

“(…) (La compra sería) de aproximadamente mil equipos, mil cámaras”.

 

Ese Centro es como el cerebro de la Seguridad Pública del Estado. Aquí se aglutina la información de los 3 millones de personas que habitan el Estado, desde sus datos generales como el nombre o la fecha de nacimiento hasta si se tienen multas u órdenes de aprehensión.

En este Centro también tienen información valiosa recopilada con las cámaras que están instaladas y de aquellas que fueron destruidas o dañadas por fenómenos naturales.

Actualmente hay 615 cámaras instadas en 256 puntos de cuatro ciudades del Estado. Son Mazatlán, Culiacán, Altata y Los Mochis. De todas esas, 460 cámaras se encuentran activas, pues hay otras 155 fuera de servicio por ataques a balazos por grupos criminales durante las fiestas de Año Nuevo y otras más por falta de mantenimiento.

Ahora mismo hay en Culiacán 132 cámaras en operación, en Mazatlán otras 275, Los Mochis 53 y Altata 4.

Cisneros reconoció que hablar de 616 cámaras puede resultar poco si se habla de tener que vigilar ciudades como Culiacán o Mazatlán que concentran altos índices delictivos sobre crímenes como robos, asaltos, violencia familiar, desapariciones forzadas y robos de vehículos. Sin embargo, ese número supera por mucho a lo que se tenía en 2017.

Cisneros llegó ese año a Culiacán, es un militar que se integró a labores de seguridad pública civil, asumiendo el rol del “vigilante”.

“En 2017 había únicamente 35 cámaras activas”, dijo el titular de C4i en entrevista.

 

La estratgia fue la de comprar videocámaras, pero conforme se colocaban equipos, estos eran averiados por grupos criminales.

“Con recurso federal se ha ido reponiendo las cámaras, lamentablemente en el caso de Navolato donde alguna vez hubo cámaras, ya no se reconstituyeron”, dijo Cisneros.

En total, fueron 2 mil 641 equipos comprados entre 2013 y 2021 por el gobierno de Sinaloa, y se invirtieron por lo menos 236 millones 443 mil 376 pesos, más 200 millones de pesos que pagaron a la empresa Comunicación Segura, que arrendó entre 2012 y 2016 equipo de seguridad a la administración de Mario López Valdez, sin que este hiciera el finiquito del contrato.

De todas esas, solo quedan 615 cámaras.

Un nuevo sistema de seguridad

La estrategia que inició en la primera parte de la administración de Cisneros cambió con el tiempo, se decidió ampliar la red de videovigilancia con una estrategia que incluye a privados.

El proyecto lo denominó como “ecosistema de videovigilancia”, cuyas característca principal es que no se depende únicamente de cámaras colgadas de postes, sino de ampliar una red de monitoreo a través de camiones urbanos y tiendas de autoservicio.

“Te mostraba el tema de camiones urbanos que son parte del sistema y ecosistema de vigilancia urbana, de tal manera que cada vez que se oprime un botón de pánico no esperamos a que el monitorista vaya a la imagen, sino que las cámaras del mismo negocio nos es proporcionada, mismo esquema con camiones urbanos”, explicó Cisneros.

 

Para ecplicarlo, el titular de C4i se colocó frente un grupo de pantallas y comenzó a manipular un mapa con íconos, algunos fijos y otros más que se desplazaban sobre el mismo mapa de manera autónoma. Entre esos puntos están las cámaras en postes, pero también botones de pánico puestos en camiones urbanos y de empresas privadas.

Son por lo menos mil 200 botones de pánico y con ellos cámaras instaladas en cada lugar donde están los dispositivos. Hay en tiendas departamentales, farmacias, fraccionamientos y al menos 200 camiones de transporte público.

Esta red podría parecer un disparate si se piensa que las cámaras están instaladas únicamente para ver dentro de esos puntos, pero no es así, hay equipos funcionando en los frentes de cada uno y pueden ser activados manualmente desde la Secretaría de Seguridad Pública en momentos que se necesiten.

Por ejemplo, si se sabe que hay un incidente de violencia en alguna avenida donde no hay cámaras, se puede buscar en ese mapa de monitoreo si hay camiones o tiendas con botones de pánico, pues de ser así el C41 podrá activarlas y ver qué es lo que pasa o, al menos, hacer registros de lo que sucede alrededor.

El plan es ambicioso, señaló Cisneros, pero es posible que pueda servir en un contexto como el de Sinaloa donde una gran parte de los crímenes están relacionados con el crimen organizado.