Por: León Forte
El 2024 además de ser el año con la jornada electoral más grande y compleja de México, el país lo inicia con la exacerbación de factores estructurales nada favorables como violencia, impunidad y desigualdad, de cara al Examen Periódico Universal (EPU) en la ONU.
La gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19 y los impactos negativos de los megaproyectos gubernamentales, han intensificado la vulnerabilidad de la población sobre sus derechos económicos, sociales y culturales, en especial a comunidades indígenas y campesinas, de acuerdo a los resultados del Informe Conjunto para el cuarto EPU México 2024.
Crisis en los órganos autónomos
El examen reportó que tras la designación de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, hubo un declive en la autonomía de órganos e instituciones clave para la protección de los derechos humanos y la democracia.
La independencia y criterios de actuación de la CNDH se han puesto en duda debido a sus vínculos con el partido en el poder.
El documento señala que mientras la reforma al Poder Judicial de la Federación busca atacar la corrupción y fortalecer un nuevo sistema judicial, las reformas a la Fiscalía General de la República limitan derechos de las víctimas y erosionan los controles de rendición de cuentas, contraviniendo el espíritu de su autonomía de investigación.
Debilitamiento del Estado de derecho
Por otro lado apunta un «debilitamiento y reducción del espacio para la sociedad civil», lo cual afecta el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Las cifras más desoladoras de personas asesinadas entre 2018 y finales de 2023, período a cargo del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador son:
- 56 defensores de derechos humanos
- 59 periodistas
- 82 defensores del medio ambiente
- 10 víctimas buscadoras de familiares desaparecidos
Se mencionan ataques digitales y casos de espionaje presuntamente perpetrados por el Ejército, así como la criminalización de la protesta social.
El estudió también señala una extensión sin precedentes de la militarización en distintos ámbitos de la vida pública en México, pues las Fuerzas Armadas participan en más de 240 tareas civiles.
Entre dichas tareas se encuentra la política migratoria con un despliegue significativo de la Guardia Nacional y la designación de perfiles militares en el Instituto Nacional de Migración.
A esto se suma que a pesar de la creación de la Guardia Nacional como una entidad civil para la seguridad pública, en la práctica se ha consolidado como un órgano con mandos, composición y entrenamiento militar.
México en examen ante ONU: crisis prolongada
El informe destaca la escalada de violencia con más de 158 mil homicidios dolosos a nivel nacional, de diciembre de 2018 a junio de 2023. Así como un aumento significativo en feminicidios en el año 2021.
La impunidad prevalece, evidenciada por el bajo porcentaje de delitos investigados y resueltos, particularmente en casos de desaparición forzada y homicidio doloso.
Además de la alarmante crisis de desapariciones en México, con más de 111 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 40 mil ocurrieron durante la administración actual.
Este fenómeno se ha acentuado desde 2006, vinculado a la «guerra contra el narcotráfico», con una diversidad de modalidades y víctimas.
Según el EPU, el Estado mexicano carece de una política integral para abordar esta situación.
A la cual se suma la crisis forense con más de 52 mil personas no identificadas bajo custodia estatal y una infraestructura inadecuada para cumplir con este procedimiento.
Por otra parte, se registró un uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que ha dejado como resultado la muerte de 162 y 739 personas, respectivamente, hasta el cierre de 2022.
La tortura no se ha dejado de practicar
Por último, el estudio hace hincapié en la prevalencia de la tortura en México -practicada por diversas autoridades- incluyendo agentes de seguridad y fiscales, como lo reflejan más de 9 mil 500 quejas interpuestas entre 2019 y 2022.
A pesar de la aprobación de la Ley General en la materia hace seis años, la tortura es una práctica común en entornos de detención como «método de investigación». Las mujeres son especialmente vulnerables a esta violencia, con altos porcentajes de casos de tortura sexual registrados en cárceles.
De acuerdo con el estudio, el país carece de una política eficaz de persecución penal contra la tortura. Las fiscalías tienen dificultades para investigar este delito y las sentencias emitidas por casos de este delito a nivel federal son mínimas.
Urgente: respeto a los derechos humanos
El EPU Mx 2024 enfatiza la falta de avances sustanciales en la implementación de las 262 recomendaciones que fueron aceptadas en los ciclos previos.
A pesar de los esfuerzos normativos, no se observa un progreso significativo en mejorar las condiciones de vida ni en el respeto a los derechos humanos de la población.
Se insta al Consejo de Derechos Humanos a considerar la persistencia de ciertas problemáticas abordadas en recomendaciones anteriores, así como a emitir recomendaciones específicas sobre asuntos no previamente abordados.
Las recomendaciones principales de este nuevo documento sobre México en examen ante ONU: crisis prolongada, se centran en tres aspectos fundamentales:
- Ejecutar una política de seguridad ciudadana que cumpla con estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo un plan para retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública.
- Implementar una política integral para prevenir y erradicar las crisis de desapariciones y la problemática forense. Promover acciones efectivas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
- Desarrollar mecanismos para combatir la impunidad, especialmente en casos de graves violaciones de derechos humanos, como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.
El colectivo EPUmx (Examen Periódico Universal México) es una coalición de organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil que ha trabajado para contribuir de manera conjunta en la realización del Examen Periódico Universal de México desde su primer ciclo en 2009.
Este trabajo fue publicado originalmente en Perimetral, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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