Ciudad de México.- Una Jueza federal ordenó desde el sábado la liberación de ocho de los 13 militares señalados por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, luego de que revocara la prisión preventiva oficiosa que se les había impuesto.

Los militares, identificados como ​Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, podrían abandonar hoy mismo la prisión del Campo Militar 1-A, después de pagar una garantía económica de 50 mil pesos, entregar sus pasaportes y comprometerse a firmar periodicamente el libro de procesados.

Sin embargo, Duarte Cedillo impuso a los militares las medidas cautelares consistentes en el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, la firma periódica del libro de procesados y la entrega de sus pasaportes.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, fue quien decidió que ya había riesgo de fuga para ninguno de los imputados, alterando las condiciones por las que se les dictó prisión preventiva oficiosa el pasado 22 de junio.

 

La acción emitida este fin de semana, fue ordenada en noviembre por un Tribunal colegiado que exigió modificar la medida y eliminar la prisión preventiva oficiosa de los militares.

Los ocho militares podrían abandonar hoy mismo la prisión del Campo Militar 1-A al pagar una garantía de 50 mil pesos. Foto: Marco Ugarte

Dos meses antes, el general retirado Rafael Hernández Nieto ya se encontraba enfrentando su proceso en libertad porque también se le modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Hernández Nieto por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, ligada con la organización criminal Guerreros Unidos en 2014.

Condena CoVAJ decisión de cambiar medida cautelar a 8 militares

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de medida cautelar dictada por la Jueza Segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en cumplimiento de la sentencia dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para beneficiar a ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas.

Pese a que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la FGR propuso el resguardo domiciliario de los inculpados, la Jueza determinó imponerles medidas cautelares: la firma periódica cada quince días ante el juzgado del proceso; garantía económica de 50 mil pesos; prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él; prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas; prohibición de acercarse al estado de Guerrero. Además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.

“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados ‘sabadazos’, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”, señalaron en el comunicado.

 

Por lo anterior, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, aclaró que, con ello “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.

Asimismo, la CoVAJ afirmó que se coordinará con la Ueilca para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad en “este caso que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México”

“Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.”

 

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa visitó las instalaciones del 27, Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero.

Familiares dejan reunión con Segob

 

El 11 de enero pasado, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos hace nueve años en Iguala, Guerrero, se levantaron y dieron por terminada la primera mesa de diálogo que encabezó este jueves el Subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medina, en la que darían seguimiento al caso con la apertura de los archivos que ofreció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante un encuentro privado que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), los familiares de los jóvenes estudiantes manifestaron su inconformidad por la presencia de familiares que han marchado a favor del exalcalde José Luis Abarca y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como un intento del Gobierno para dividirlos.

En la conferencia de prensa también exigieron la entrega de documentos militares que hacen falta en la investigación, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), petición que no fue atendida.

 

Ante la falta de claridad por parte del Gobierno federal, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes, exigió al titular del Ejecutivo que se den resultados al terminar su mandato al denunciar que en la reunión que sostendrían hoy estarían presentes los compañeros vinculados al exedil, quien ha sido señalado como uno de los responsables.

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