Por Juliana Manjarrés / InSight Crime

El estado sureño de Chiapas recibió el 2024 con un recrudecimiento de la violencia entre organizaciones criminales mexicanas. Esta escalada parece ser el resultado de una guerra prolongada entre el CJNG y el Cartel de Sinaloa.

El 5 de febrero retornaron algunos desplazados por la violencia a las poblaciones de Nuevo Chejel y Puerto Rico, ubicadas en el municipio Socoltenango, Chiapas. El 16 de enero, decenas de familias tomaron la decisión de salir de sus hogares tras la imposición de cuotas extorsivas a la producción de maíz por parte de grupos del crimen organizado.

Las disputas, entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa, estarían detrás de los hechos de desplazamiento. Ante la situación, el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento ha dado inicio a un plan de retorno tras el éxodo de miles de personas al sur de Chiapas.

La guerra entre ambas facciones responde a la lucha por el control del estado de Chiapas, cuya frontera con Guatemala lo ha convertido en un epicentro de tráfico ilícito de bienes y personas. Anteriormente, el Cartel de Sinaloa dominaba los municipios fronterizos del sur de Chiapas, pero el CJNG ha disputado el poder de su rival desde 2021 con el objetivo de obtener el control sobre las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas, según documentos internos generados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México entre el año 2020 y 2022, extraídos por el grupo de hackers llamado “Guacamaya” y filtrados por el grupo hacktivista “DDo Secrets”.

A continuación, InSight Crime analiza tres factores que hacen parte de la guerra en Chiapas:

Rutas de tráfico de migrantes en auge

La zona centro sur del estado de Chiapas se ha constituido como una de las principales rutas de tráfico de migrantes que conectan Centroamérica con Estados Unidos y México, por lo que las estructuras delincuenciales disputan el control sobre estos territorios. El flujo migratorio genera una oportunidad para los grupos criminales que operan en la zona, pues los migrantes se convierten en presa fácil de secuestros y extorsiones.

La Comisión Mexicana de Refugiados (COMAR) registró un número de solicitudes récord en 2023, con 140.982 solicitudes, 55% de las cuales provenían de Tapachula, Chiapas.

Pero muchos migrantes también dependen de rutas irregulares que utilizan traficantes de personas para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Investigaciones de InSight Crime han revelado que grandes organizaciones criminales, como el Cartel de Sinaloa, generan cobros de al menos US$100 por migrante por transitar las rutas controladas por el grupo.

De hecho, algunos inmigrantes que no pagan por el permiso para cruzar el territorio dominado por el grupo criminal, a menudo son secuestrados para pedir rescate a sus familias. Además, suelen ser víctimas de extorsiones y otros abusos por parte de autoridades, que, en ocasiones, conspiran con grupos criminales que los violentan.

Otras economías criminales

Pero además de la disputa por las rutas de tráfico de migrantes y la influencia política, el CJNG y el Cartel de Sinaloa se enfrentan por el control de otras economías ilícitas como el secuestro, el despojo de propiedades a la población local y la extorsión. Uno de los tipos de extorsión más común es el cobro de piso, mediante el cual el grupo criminal exige un pago periódico a comerciantes a cambio de seguridad.

“A ojos de la población y de los grupos delictivos, el pago del cobro de piso implica pasar a ser un integrante de la estructura criminal, pues se colabora con una parte del sustento económico para el conflicto”, señaló un informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en Chiapas al que InSight Crime tuvo acceso exclusivo.

El cobro de piso afectó inicialmente a los transportistas de Chiapas. Sin embargo, se ha extendido a otros sectores de la economía, como el agrícola. En diciembre de 2023, medios locales reportaron que al menos el 30% de los productores de café en la Sierra de Chiapas habían abandonado sus cultivos como resultado del cobro de piso.

Interés por influir en la política

El recrudecimiento de la violencia en Chiapas también obedece a la necesidad de los grupos por influir en la política local, un elemento esencial para afianzar el control del territorio.

De cara a las elecciones estatales de junio, “los grupos de delincuencia organizada se están disputando, por un lado, los votos, pero también la administración del territorio”, señaló un miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

“Lograr cooptar la administración pública local, además de ser una fuente de poder, es un medio para acceder al erario público”, añadió.

La violencia electoral en Chiapas no se ha hecho esperar. El 5 de enero asesinaron a David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal del municipio fronterizo de Suchiate.

Aunque la violencia electoral ya es preocupante, es probable que los asesinatos políticos y las amenazas en contra de candidatos aumenten de cara a las elecciones federales previstas para junio de 2024. El Cartel de Sinaloa y el CJNG se verán favorecidos por las ganancias provenientes del tráfico de drogas sintéticas y el creciente flujo migratorio, lo cual alimentará su capacidad de ejercer violencia en contra de los aspirantes con el objetivo de proteger y beneficiar sus operaciones.

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Este reportaje fue publicado en InSight Crime, para consultar el texto original puede dar clic aquí.