El Gobierno del Estado está obligado a activar todos los mecanismos de investigación y transparencia al momento de asignar obra pública de manera directa o licitada, para impedir que personas vinculadas a delitos de diversa índole se involucren y echen a perder el propósito y la pertinencia de infraestructura urbana que sí necesitan las ciudades sinaloenses pero no a costa de tratos que generan sospechas.
Derivado de la información respecto a que un supuesto operador del cártel de Sinaloa con ficha en el gobierno de Estados Unidos por la presunta participación en la fabricación de fentanilo, cedió el derecho de un terreno para que la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa pueda hacer un puente que conectará el bulevar Enrique Sánchez Alonso y el bulevar Santa Fe en la Culiacán, quedó al descubierto el deficiente ejercicio de revisión sobre a quién se le inmiscuye en obra pública.
El gobernador Rubén Rocha dijo en la conferencia de prensa del lunes 22 de abril que desconocía la negociación para que el puente afectara terrenos de particulares, y el secretario de Obras Públicas, Joaquín Landeros Güicho, le informó allí al mandatario que las gestiones iban avanzadas, sin dar el nombre de quién donó dicha superficie y tampoco mencionar que se trata de una empresa que está señalada de proporcionar al Cártel de Sinaloa precursores químicos para el diseño de drogas.
Aparte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sinaloa cuenta con una serie de instituciones y herramientas para no caer en sospechosismos derivados de actos o buena o mala fe que, sí delatan asignaciones de obras públicas desde la comodidad de oficinas sin tomarse la molestia de hacer el mínimo ejercicio de verificación de la calidad moral y es estatus legal de quienes se involucran en tales procesos.
Independientemente de que la empresa y personas señaladas efectúen las acciones legales para deslindarse de las acusaciones que les realiza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Gobierno de Sinaloa debe reforzar las barreras de transparencia e investigación de posibles delitos al considerar a quién se le encargará o se inmiscuirá en los contratos de obra pública.
Aquí aplica la adaptación a lo local de la frase que aconseja que la mujer del césar además de ser honesta también debe parecerlo.
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