Nuevos datos sobre el encarcelamiento de mujeres en México sugieren que un mayor número de ellas participa en grupos criminales. Sin embargo, un análisis detallado revela una realidad más matizada y compleja.
Por Daniel Valle / InSight Crime
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México.- Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), entre 2017 a 2022 se registró un crecimiento en el número de mujeres privadas de la libertad por delitos asociados al crimen organizado.
Las cifras de mujeres sentenciadas y en prisión preventiva por estos delitos pasaron de 9.754 en 2017 a 11.295 en 2022, lo que equivale a un incremento en la tasa de 15 a 17 por cada 100.000 habitantes.
Este crecimiento se dio de forma paralela al de los hombres arrestados por delitos asociados al crimen organizado, quienes incluso registraron un mayor aumento, pasando de tener una tasa de 215 a 241 por cada 100.000 habitantes en el mismo periodo.
Al igual que en el caso de los hombres, los dos principales delitos por los que se acusó a las mujeres fueron homicidio y secuestro, lo cual coincide con las tendencias de crecimiento en la incidencia delictiva y los índices de violencia del país durante ese periodo. Aunque el número de mujeres presas por homicidio se mantuvo estable, el secuestro fue uno de los delitos que registró un mayor incremento en 2022, con un alza del 73% en comparación con 2017.
Los siguientes delitos más comunes, tanto en hombres como mujeres, fueron los delitos relacionados con armas, narcomenudeo y narcotráfico. En el caso de las mujeres, se registró un repunte del 75% en delitos de armas y del 35% en narcotráfico.
También se registraron aumentos considerables en los delitos de desaparición forzada, con 6.800%, y tráfico de personas indocumentadas, con un incremento del 278%. Anteriormente, el número de mujeres presas por estos delitos era casi nulo.
Estas tendencias se dan en un contexto en el que varios estudios han encontrado que el papel de las mujeres en los grupos de crimen organizado en México se está diversificando. Un informe del International Crisis Group publicado en 2023 encontró que las mujeres consideran cada vez más viable la participación en estructuras del crimen organizado para adquirir poder y protección en contextos de creciente violencia basada en género.
Además, en diversas investigaciones sobre la participación de mujeres en redes de narcotráfico en México, la académica Cecilia Farfán-Mendez, asociada a la Universidad de California en San Diego y experta en crimen organizado, ha encontrado que las mujeres asumen diversos roles dentro de estas estructuras. Esto, a pesar de que predominan los estereotipos de roles de género y la violencia basada en género tanto por parte de actores criminales como de las autoridades.
Las mujeres detenidas
Los datos del INEGI sugieren que hay un número considerable de mujeres que participan en delitos de alto impacto, como homicidio y secuestro. Sin embargo, en el caso de economías criminales, como el tráfico de armas o drogas, las autoridades usualmente arrestan a mujeres en los eslabones más bajos de las cadenas de suministro.
Por ejemplo, el 65% de las mujeres presas por narcomenudeo en 2022 estaban acusadas de posesión simple y posesión con fines de comercio. En el caso del narcotráfico, el 30% fueron detenidas por posesión y el 25% por transporte de drogas.
Esta dinámica se repite en los delitos relacionados con armas. El 93% de las mujeres está presa por portación y posesión, comparado con el 1% que está presa por tráfico.
La tendencia es similar en el caso de los hombres. Sin embargo, en comparación con las mujeres, una mayor proporción de ellos fueron detenidos por su presunta participación en eslabones más altos, como suministro y tráfico de armas y drogas.
Farfán-Méndez considera que esta disparidad en la detención podría estar relacionada con la actual estrategia contra el narcotráfico, que se ha enfocado en atender el problema desde una política criminal, en lugar de una de salud pública.
“Cuando existen enfoques punitivos, justamente son las personas más vulnerables las que terminan en prisión,” dijo a InSight Crime.
Angélica Ospina, investigadora de International Crisis Group, añade que hay por lo menos otras dos razones para explicar esta dinámica. Por un lado, la mayoría de las mujeres que participan en redes de narcotráfico están en la base de la estructura, en lugar de posiciones de liderazgo, lo que aumenta sus probabilidades de ser detenidas.
Por otro lado, muchas de las mujeres en los eslabones bajos enfrentan una situación de vulnerabilidad económica y social, en la que suelen carecer de recursos y el apoyo necesario para defenderse legalmente o financiar su salida de prisión. Los grupos criminales tampoco suelen respaldarlas.
“No ofrecen apoyo porque [las consideran] como fácilmente reemplazables”, dijo Ospina a InSight Crime.
En parte, la falta de apoyo legal también se refleja en los datos. Según el INEGI, las mujeres acusadas por delitos de crimen organizado son más propensas a permanecer en prisión preventiva en comparación con los hombres. Por ejemplo, para el final de 2022, el 47% de ellas no había recibido sentencia, comparado con el 36% de los hombres presos por los mismos delitos.
Congruencia con dinámicas criminales locales
La concentración geográfica de las mujeres privadas de la libertad parece coincidir con las dinámicas criminales que predominan en cada estado y con las tendencias que han desarrollado los mercados ilícitos en México durante los últimos años.
En 2022, la entidad que concentró la mayor tasa de mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados al crimen organizado fue Baja California, con 29 mujeres por cada 100.000 habitantes.
Los delitos cometidos por mujeres con mayor incidencia en este estado fueron homicidio, narcotráfico y narcomenudeo. La frontera que Baja California comparte con Estados Unidos es uno de los principales puntos para el trasiego de drogas ilícitas que provienen de toda América Latina, y no exclusivamente de México, al tiempo que alberga pasos cruciales donde convergen migrantes irregulares y víctimas de tráfico de personas. Allí, diversos grupos criminales, entre ellos facciones asociadas al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel de Sinaloa, se disputan el acceso.
Además, la violencia también responde a los mercados locales de drogas. Según diversas instituciones de seguridad en Baja California entrevistadas por InSight Crime a finales de 2022, la mayoría de los homicidios en el estado están vinculadas a los intentos de diversas pandillas por controlar el narcomenudeo. Esto ha llevado a que ciudades como Tijuana registren algunas de las tasas más altas de homicidios en el país.
Por su parte, Chihuahua, el segundo estado con mayor concentración, aumentó más del triple su tasa de mujeres en prisión, pasando de 5 a 17 por cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2022. Los principales delitos que se registraron también fueron narcotráfico, narcomenudeo y homicidio. Al igual que Baja California, la entidad es un corredor importante de drogas sintéticas y ha mantenido una ola de homicidios, particularmente en la fronteriza Ciudad Juárez.
Ospina asegura que protegerse de esta prevalencia de violencia es una de las principales razones por las que un mayor número de mujeres decide ingresar a organizaciones criminales, lo que podría explicar por qué ambos estados concentran a la mayoría de mujeres privadas de la libertad.
Sin embargo, Farfán-Méndez resalta que las cifras carcelarias son principalmente una indicación de las tendencias de aplicación de la ley y eso puede explicar por qué se perciben incrementos en algunos estados por encima de otros.
“En Baja California, por ejemplo, ha habido varios operativos en los últimos años, precisamente para [controlar] la frontera,” dijo.
Los tipos de delitos por los que se detiene a las mujeres también se concentran de manera geográfica. Por ejemplo, las mujeres presas por desaparición forzada se encuentran predominantemente en Jalisco, donde ha habido un aumento sostenido entre el 2017 y el 2022. Estos datos coinciden con la actual crisis de desaparecidos en la entidad, causada, en parte, por intentos del CJNG de establecer control territorial y social, al tiempo que mantiene bajos los índices de violencia en la vía pública. Jalisco, la base de operaciones de esta organización criminal, es el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con un registro de más de 14.700 casos.
No obstante, solo una de las mujeres presas por este delito en Jalisco contaba con sentencia a finales de 2022, lo cual Farfán-Méndez nuevamente relaciona con estrategias de mano dura.
“Es un indicio de que las autoridades están haciendo arrestos, no necesariamente que aquellas mujeres sean culpables”, enfatizó.
Por otro lado, las mujeres presas por extorsión y secuestro extorsivo se han concentrado en el Estado de México, con 198 y 951 casos respectivamente en 2022. Esta concentración se podría explicar por la densidad de población de esta entidad. Sin embargo, la región del centro del país también ha registrado aumentos constantes en el número de víctimas que reportan ser extorsionadas durante los últimos seis años.
Las extorsiones suelen ser llevadas a cabo por grupos criminales, como la Familia Michoacana, remanentes de los Caballeros Templarios y el CJNG, y han afectado a diversas industrias como el transporte y el suministro de alimentos.
Según Ospina, el aparente incremento en la participación de las mujeres en la extorsión, y otros delitos violentos como homicidios y secuestros, también responde al deseo de ascender dentro de la estructura de grupos criminales, quienes han instrumentalizado la violencia para alcanzar sus objetivos.
“Si [las mujeres quieren] ascender tienen que aceptar ejercer y recibir violencia”, concluyó la especialista.
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*Nota metodológica: los delitos asociados al crimen organizado considerados en este análisis incluyen narcomenudeo, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro, delitos en materia de armas, desaparición forzada, trata de personas, tráfico de menores, tráfico de indocumentados, robo de vehículo, delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y delitos en materia de medio ambiente.
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