Por Annie Pforzheimer

Unos días antes del Super Bowl LVI, en febrero de 2022, el día de mayor consumo de guacamole del año en Estados Unidos, una llamada amenazante entró al teléfono celular oficial de un inspector de seguridad agrícola estadounidense que trabajaba en Michoacán, México.

Michoacán es el corazón de la industria multimillonaria del aguacate. Para facilitar el comercio transfronterizo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos envía inspectores como este para asegurarse de que los aguacates no porten enfermedades o insectos que puedan dañar la producción estadounidense.

Michoacán, sin embargo, también es un lugar estratégico para los grupos criminales, cuyas actividades van desde la extorsión a todo tipo de actividades económicas, hasta la producción y tráfico de drogas sintéticas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México publicó la noticia mediante un comunicado de prensa. Aunque no detalló lo que se le dijo al inspector por teléfono, las palabras fueron suficientes para que el gobierno de Estados Unidos suspendiera de manera abrupta todas las exportaciones de aguacate hasta que se implementaran nuevas medidas de seguridad.

Alarmados por la posibilidad de perder el acceso al enorme mercado de fanáticos del fútbol americano, los productores de aguacate, unidos mediante la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México (APEAM), creada en 1997, contactaron a su gobierno. En menos de una semana, Estados Unidos anunció la reanudación de las exportaciones.

Por un lado, el caso sirvió como advertencia. Los grupos criminales de México ejercen una enorme presión sobre empresas en todo el país. Los productores de aguacate, por ejemplo, son extorsionados de manera regular según su extensión de tierra y niveles de producción.

Pero, por otro lado, el caso demostró cómo el comercio internacional puede ser una palanca útil para presionar a las fuerzas de seguridad en México para que actúen. Es decir, cuando el gobierno es adecuadamente presionado y motivado por el sector privado, puede responder frente a una amenaza criminal.

En ese sentido, el ejemplo de los aguacates contrasta de manera considerable con la forma en que el gobierno está enfrentando otra amenaza: la producción ilícita de fentanilo y metanfetamina.

México es el principal proveedor de estas drogas sintéticas a Estados Unidos, donde decenas de miles de personas mueren por sobredosis cada año, especialmente a causa del fentanilo. Los efectos de este comercio ilícito también se experimentan en México. La violencia por el control de estos mercados contribuye a decenas de miles de homicidios y desapariciones, y el país enfrenta cada vez más obstáculos en materia de salud pública debido al creciente consumo interno.

Sin embargo, los esfuerzos para frenar el desvío de las sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas en laboratorios clandestinos no han sido efectivos, y los productores ilícitos continúan accediendo a ellas con relativa facilidad.

“Normalmente los productos químicos nos los venden empresas mexicanas que tienen permisos de conseguirlos”, dijo uno de los varios productores de metanfetamina en Michoacán que hablaron con InSight Crime, lo cual ha sido un hallazgo constante durante los dos años en que estudiamos el flujo de precursores químicos por el país.

Dada la mutabilidad de la metanfetamina y el fentanilo, y las cantidades relativamente pequeñas de productos químicos requeridos para producirlos –varios de los cuales tienen usos legales– el gobierno necesitaría recibir apoyo de la industria para regular las sustancias o de lo contrario promulgar un régimen prohibicionista que interrumpiría el comercio lícito.

Para evitar esta última opción, el sector privado debe desempeñar un papel cooperativo en la regulación de productos químicos y, así, “coproducir” la seguridad y aplicación de la ley en este tema. Ciertamente, las alianzas público-privadas (APP) son parte del relativo éxito de la industria del aguacate, donde los productores, el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense trabajan en conjunto para mitigar los riesgos de seguridad.

Y en una variedad de circunstancias alrededor del mundo, algunas de las cuales se describen a continuación, el sector privado y los gobiernos han trabajado en conjunto para combatir elementos del crimen organizado transnacional que ponen en peligro la vida de las personas y la economía lícita.

Sin embargo, aún no han tenido impacto los esfuerzos similares que podrían mitigar los efectos negativos del tráfico de drogas sintéticas. Y, según numerosas fuentes de la industria, funcionarios gubernamentales, representantes de organismos internacionales y expertos en temas empresariales que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del tema, hasta que el sector privado y el gobierno de México sientan urgencia por el tema, la situación continuará.

Motivar una respuesta colectiva: el ejemplo europeo

 

El sentido de urgencia se puede manifestar de diversas maneras. En Europa, este surgió a mediados de la década de 2010, tras una serie de ataques terroristas en varias de sus ciudades emblemáticas. Uno de estos ataques involucró ácido sulfúrico y nitrato de amonio, productos químicos utilizados para fabricar lo que algunos insurgentes palestinos alguna vez llamaron «madre de satán».

La madre de satán es triperóxido de triacetona, un polvo explosivo que un grupo de terroristas fabricó en un edificio de apartamentos vacío en un barrio de clase media en Bruselas, Bélgica, en preparación para una serie de atentados suicidas en el metro y el aeropuerto de la ciudad el 22 de marzo de 2016. Estos ataques resultaron en la muerte de 32 personas.

Los terroristas habían adquirido algunos de los productos químicos de manera local. Este patrón se observó en otros ataques entre 2015 y 2019 en París, Bruselas, Manchester y Lyon, donde se cree que los químicos explosivos provenían de tiendas de ferretería locales y otros proveedores sin antecedentes sospechosos.

Tras los atentados terroristas, la Unión Europea (UE) trabajó de manera diligente para crear una evaluación común de amenazas relacionadas con los precursores químicos utilizados para fabricar bombas. Para esto, la Comisión Europea llevó a cabo una Consulta Pública Abierta, en la que participaron la industria y grupos académicos, incluida la Sociedad Química Europea.

En 2019, tras esta consulta, la UE aprobó regulaciones amplias sobre dichos productos químicos, que modificaron las regulaciones menos estrictas promulgadas seis años antes. Estas reformas se basaron en fortalecer las distinciones entre usuarios profesionales y el público en general; en requerir la conservación de los datos de transacciones comerciales durante más tiempo, dada la tendencia al retraso en la fabricación de bombas; y en incluir regulaciones sobre los mercados en línea y la «dark web».

La Comisión Europea también estableció un Comité Permanente sobre Precursores compuesto por estados miembros y asociaciones industriales, para ayudar con la implementación de las nuevas reglas en las múltiples jurisdicciones de la UE. Las responsabilidades de las empresas ahora incluyen informar si un cliente potencial actúa de manera «sospechosa» al comprar material que parece no comprender, en cantidades «inusuales para uso legítimo» o si se niega a proporcionar su prueba de identidad. También se establecieron puntos de contacto nacionales con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana, para gestionar los informes de la industria sobre dichos clientes.

A pesar de las carga administrativa que implica cumplir con estas nuevas regulaciones, las empresas parecen haber aceptado el programa, incluyendo aquellas en países que no forman parte de la UE. Por ejemplo, una empresa noruega de exportación de alimentos destacó el razonamiento de la UE en su sitio web, y señaló que el objetivo de la nueva legislación es mantener materiales peligrosos fuera del alcance de terroristas, y que la intención de la empresa es cumplir con los informes requeridos.

Aunque varios factores pueden explicar este fenómeno, el número de ataques terroristas e incidentes de bombas caseras ha disminuido desde entonces, según el informe de Situación y Tendencias del Terrorismo de la UE de 2023. Además, según el informe, los grupos terroristas se están aconsejando mutuamente en foros en línea sobre cómo intentar evadir las restricciones sobre precursores de bombas.

Acción colectiva, incentivos positivos y paquetes de herramientas

 

Las APPs exitosas requieren más que solo una motivación para obtener ganancias o mejorar la reputación. Para ser sostenibles, tanto el gobierno como el sector privado deben proporcionar beneficios e incentivos que mantengan el compromiso mutuo.

Por ejemplo, activistas y reguladores gubernamentales de todo el mundo han encontrado que los esfuerzos contra la corrupción que involucran al sector privado necesitan adoptar un enfoque de «acción colectiva», definido como aquel en el que todos los participantes de una industria acuerdan actuar en conjunto. Esto es imperativo ya que, como señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en un manual sobre anticorrupción, la percepción prevalente es que si una empresa no soborna, “alguien más lo hará”.

Ese sentimiento de suma cero fue parte del desafío que el gobierno del Reino Unido tuvo que superar cuando creó el Centro Nacional de Delitos Económicos (National Economic Crime Centre – NECC). Establecido en 2018, el NECC tiene la intención de coordinar y amplificar los esfuerzos combinados de varios ministerios gubernamentales y el sector privado para combatir el crimen económico organizado, proteger al público y salvaguardar la «prosperidad y reputación del Reino Unido como centro financiero».

El gobierno convenció al sector privado de formar esta alianza al señalar el aumento de los niveles de criminalidad económica y resaltar la importancia de mantener la reputación del Reino Unido como un centro bancario internacional seguro y respetado. La colaboración entre ambas partes ahora implica trabajar de manera conjunta en investigaciones civiles y criminales para lograr impactos positivos en el sector bancario.

Como ejemplo de su trabajo, en abril de 2023, el NECC fue parte de un esfuerzo coordinado por el gobierno y la industria bancaria para establecer nuevos procedimientos que protegieran las transacciones bancarias que se realizaban en las oficinas de correos. El NECC también fue fundamental en la Operación Henhouse en mayo de 2023, la cual llevó a una serie de incautaciones de activos que habían sido producto de fraudes.

En otros casos, las empresas han tomado medidas colectivas debido a una amenaza por parte del Estado. En Argentina, por ejemplo, los inspectores gubernamentales solicitaban sobornos a las empresas navieras para liberarlas de un arduo proceso de inspección. Negarse a pagar podría costar a las empresas decenas de miles de dólares al día en ingresos perdidos, ya que los inspectores tenían el poder de simplemente retrasar las descargas de contenedores. Según la organización que descubrió el esquema de corrupción, la Red de Anticorrupción Marítima (Maritime Anti-Corruption Network – MACN), se pagaban hasta US$30 millones al año a inspectores corruptos y sus cómplices.

En respuesta, la MACN se asoció con una organización local para investigar la raíz del problema, lo cual implicó decenas de entrevistas con partes interesadas y funcionarios gubernamentales. Posteriormente, esta colaboración ideó una solución: un proceso modernizado y transparente que fuera menos discrecional. También estableció los medios por los cuales podría implementarse. En total, el proceso llevó tres años pero resultó en un nuevo marco regulatorio que fue implementado de manera colectiva por actores privados y estatales.

Los incentivos positivos también son importantes. Estos incluyen beneficios fiscales, mejoras reputacionales o mejoras para el consumidor. Un ejemplo de ello es la influyente certificación «Energy Star» de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para la eficiencia energética, aplicable a una variedad de productos como edificios, electrodomésticos, tecnología e iluminación. Esto puede marcar la diferencia entre una amplia aceptación del sector privado y una iniciativa de APP por parte del gobierno que fracase.

Los gobiernos tienen incentivos para buscar alianzas con el sector privado. Por ejemplo, una APP puede ayudarles a diversificar y ampliar su conjunto de herramientas, ya que varias de ellas, como el uso de tecnología, podrían estar más avanzadas en la industria que en el gobierno. Un caso notable de esto son los esfuerzos para combatir la trata de personas a nivel mundial. La ONUDD ha señalado que las empresas tienen la capacidad de abordar la trata y explotación laboral mediante una mejor supervisión de sus cadenas de suministro y procesos de adquisición. Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha destacado el importante papel en la lucha contra la trata de personas desempeñado por el grupo Camioneros Contra la Trata (Truckers Against Trafficking), los propietarios de tiendas de conveniencia y los conductores de Uber.

Uno de los logros más prometedores de esta alianza ocurrió en México tras una reunión del Grupo Regional de Expertos organizada por la ONUDD en 2020. Este evento reunió a gobiernos, bancos, organizaciones no gubernamentales, y representantes de las industrias de transporte y tecnología. Desde esa reunión, Truckers Against Trafficking se ha asociado con el gobierno mexicano, con una organización no gubernamental mexicana, el Consejo Ciudadano, que administra la línea nacional contra la trata de personas y un proyecto conocido como Guardianes del Asfalto, para proporcionar capacitación a los conductores de camiones y taxis. Además, Truckers Against Trafficking y Guardianes del Asfalto obtuvieron un compromiso con asociaciones nacionales de transportistas para lanzar una campaña de concientización en las terminales de autobuses de todo México.

Cómo funcionan, o no, las APP en México

 

En México existen acuerdos de APP en muchas áreas, como el comercio internacional, la seguridad del consumidor y la infraestructura, constituyendo esfuerzos para «cocrear» bienes públicos de prosperidad y protección ciudadana contra la violencia, el tráfico ilegal y la corrupción.

Sin embargo, estas asociaciones a menudo flaquean debido a debilidades sistémicas. Los partidos políticos y candidatos a menudo tienen agendas antiregulatorias; las iniciativas enfrentan problemas de sostenibilidad durante cambios políticos que eliminan a figuras gubernamentales cuya contribución personal fue vital para crear de la APP; y algunos en México consideran que el papel de combatir actividades ilegales es solamente del gobierno.

Por otro lado, varios representantes del sector privado en México le dijeron a InSight Crime que sus responsabilidades de cumplimiento empresarial son gestionadas por múltiples entidades gubernamentales, a veces en conflicto entre sí, lo que dificulta la cooperación. Sin un mecanismo de coordinación o un punto de contacto único, las entidades gubernamentales pueden terminar emitiendo múltiples regulaciones sobre un mismo tema, sin mantenerse al día con las preocupaciones o soluciones propuestas por el sector privado, o ignorando el problema porque atribuyen la responsabilidad a otra institución.

En ese sentido, la industria del aguacate puede ser la excepción a la regla. Hay varias razones para ello. En primer lugar, hay incentivos claros. La industria del aguacate genera casi 400.000 empleos directos e indirectos en México y representa un comercio de miles de millones de dólares.

También tiene objetivos claros. Por ejemplo, el capítulo sobre medidas fitosanitarias en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluye un conjunto de definiciones del objetivo del acuerdo comercial y justifica las regulaciones estrictas, ya que deben: «proteger la vida y la salud de las personas y los animales o preservar los vegetales en los territorios de las Partes, al mismo tiempo que se facilita el comercio entre ellas».

Las regulaciones también establecen un programa de inspección a cargo del Servicio de Inspección de Agricultura y Sanidad de Plantas de Estados Unidos (US Agriculture and Plant Health Inspection Service – APHIS), que es financiado, en parte, por un impuesto a los exportadores de $0,04 por kilogramo de aguacate, según señaló Jesús Moreno, miembro de la APEAM, a InSight Crime.

Además, existe una participación local significativa en todo el proceso. Moreno destacó que existe un grupo de trabajo que facilita la comunicación entre la industria y el gobierno, mediante el cual se les informa sobre cambios en las regulaciones del T-MEC (por ejemplo, en relación al uso de fertilizantes). Sin embargo, la industria a menudo se mantiene más actualizada al respecto que el gobierno.

Por último, el gobierno mexicano y la industria trabajan en conjunto para mitigar los problemas de seguridad que afectan a los agricultores en México y a los inspectores de APHIS, cuya importancia quedó demostrada por el breve cierre comercial previo al Super Bowl de 2022 por parte de Estados Unidos.

Las APP también han abordado problemas de seguridad pública en otras partes del país. Por ejemplo, empresarios en varias de las principales ciudades de México han participado en una variedad de «mesas de seguridad», junto con contrapartes del gobierno municipal, utilizando acciones conjuntas para disminuir los niveles de violencia que amenazan a las personas y a la economía.

Entre los ejemplos se incluyen el esfuerzo Todos Somos Juárez de principios de la década de 2010; el apoyo de la comunidad empresarial de Monterrey desde 2011 a las Fuerzas Civiles (incluidos esfuerzos exitosos para reclutar policías de ciudades de todo México); los esfuerzos de Alto al Secuestro en Guadalajara; y las mesas de seguridad intermitentes en Tijuana, iniciadas en 2008 y recientemente reiniciadas en abril de 2023.

Estos esfuerzos comparten la característica de haber comenzado con definiciones y acuerdos sobre los problemas de seguridad a resolver, que generalmente eran los más visibles o perturbadores para las élites de la ciudad. También implicaron iniciativas por parte del sector  empresarial para aumentar los presupuestos de las ciudades. Aunque inicialmente fueron efectivos, se enfrentaron a problemas de sostenibilidad, como la pérdida de interés del sector privado y cambios en el gobierno.

Otras iniciativas de APP también han fracasado. Por ejemplo, los esfuerzos de México para instaurar un sistema de reporte bajo la Ley de Instituciones de Crédito (Artículo 115) para cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –el organismo regulador internacional que supervisa el cumplimiento contra el lavado de dinero– han sido un “fracaso”, según tres expertos en anti-lavado de dinero en México, incluidos dos exfuncionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hablaron con InSight Crime.

El GAFI recientemente calificó a México con “bajo cumplimiento” en el requisito de evaluar riesgos y aplicar un enfoque basado en riesgos. Específicamente, el informe del GAFI de 2023 señaló que los países generalmente no necesitan un “seguimiento” de sus cumplimientos técnicos tres años después de haber recibido una mala calificación. Sin embargo, México está ahora en el quinto año de dicho seguimiento, lo que podría llevarlo a la “lista gris” junto con otros países que no cumplen con sus obligaciones en materia anti lavado de dinero. El estar en la lista gris puede tener implicaciones serias para el comercio internacional y la inversión extranjera.

APP y la industria química en México

 

La mayoría de los esfuerzos de APP con la industria química han tenido poco éxito. Fuentes dentro de este sector señalaron a InSight Crime que la mayoría de los esfuerzos para proteger a las empresas contra el desvío y otras actividades potencialmente ilícitas han surgido de iniciativas voluntarias de autorregulación.

Por ejemplo, la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) requiere que todos sus miembros realicen la debida diligencia con sus proveedores y clientes, así como evaluaciones de riesgos, y que mantengan registros que demuestren el cumplimiento de normas nacionales e internacionales. Sin embargo, el gobierno aún no ha reconocido este esquema ni ha proporcionado incentivos positivos para que participen otras empresas del sector químico que no estén afiliadas a la ANIQ.

“Creemos que el reconocimiento de este programa podría venir acompañado de mayor confianza hacia nosotros”, dijo a InSight Crime una fuente que trabaja en la industria química y que pidió no ser identificada.

Según nuestras conversaciones con diversos actores en la industria química, parece haber tres obstáculos principales para lograr APP constructivas en México. En primer lugar, el gobierno y el sector privado definen el problema y perciben su magnitud de manera distinta. Si bien la industria reconoce la existencia de desvíos para la producción de drogas sintéticas, muchas empresas tienden a evadir la responsabilidad y atribuir el problema a una minoría que presuntamente participó en actividades ilícitas.

Por otro lado, varios expertos, incluyendo funcionarios y exfuncionarios gubernamentales consultados por InSight Crime afirmaron que el gobierno ha minimizado el problema y ha responsabilizado a los consumidores estadounidenses y a las empresas químicas en China. Esta obstinación comienza desde arriba: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha negado que México sea un productor importante de fentanilo ilícito, a pesar de que existe evidencia que demuestra lo contrario.

“Parece que la autoridad se cierra cada vez más a la oportunidad de diálogo”, dijo la fuente de la industria química.

Esa actitud cerrada podría persistir por algún tiempo. Claudia Sheinbaum, candidata por el partido gobernante, es la favorita para ganar la elección presidencial del 2 de junio, según diversas encuestas. Y, hasta ahora, ha expresado su intención de mantener la postura del actual presidente en varios temas.

En segundo lugar, la falta de confianza afecta el intercambio de información, la denuncia de actividades ilícitas y la participación en mesas de trabajo con el sector público. Fuentes en la industria química señalaron a InSight Crime que conocen varios casos de secuestros, extorsiones y amenazas por parte de grupos criminales hacia empleados de empresas químicas, lo que hace que estas sean extremadamente cautelosas al compartir información sensible sobre sus clientes o colegas con entidades gubernamentales potencialmente corruptas. La falta de coordinación continua entre las instituciones gubernamentales mexicanas –que parecen operar de forma aislada entre sí– también afecta el potencial de éxito de las APP.

En particular, funcionarios y exfuncionarios de gobierno consultados por InSight Crime, así como miembros de la industria química, expresaron preocupación sobre el papel de la Secretaría de Marina en la seguridad portuaria, debido a la falta de capacitación en el manejo y el mantenimiento de datos sensibles. Contar con un solo punto de contacto –de mando civil– que garantice la coordinación entre las diferentes agencias, es una práctica que podría aumentar la confianza del sector privado y que podría establecer coherencia burocrática.

El tercer obstáculo es la percepción de que las regulaciones son excesivas y generalizadas, por lo que se necesita un enfoque basado en riesgos que cuente con información del sector privado. Las fuentes de la industria química afirmaron sentirse “ahorcadas” por las regulaciones, al tiempo que señalaron que aquellos que pueden llegar a participar en desvíos encuentran lagunas legales u operan por fuera del marco legal.

Para abordar esto, varios expertos consultados por InSight Crime resaltaron la importancia de colaborar con la industria para evaluar el riesgo de cada producto químico y los métodos más probables de desvío o importación ilegal, en lugar de regular todo el comercio de la misma manera. Este enfoque también contemplaría, por ejemplo, a las empresas de transporte marítimo, a los agentes aduanales, a los sitios de comercio electrónico y a las pequeñas o medianas empresas más propensas a ser utilizadas como fachadas. Las empresas químicas podrían elaborar mapas de riesgo que determinen qué productos químicos deben estar sujetos a restricciones y cuáles deberían de ser desregulados por no representar un riesgo real.

Un desafío global

 

México no está solo en la lucha para motivar a la industria química a autorregularse o para establecer APP efectivas. A pesar del aumento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, las autoridades de ese país también han tenido dificultades para establecer sus propias APP que les ayuden a actualizar el marco regulatorio sobre empresas químicas.

El marco actual identifica explícitamente algunos puntos de contacto gubernamentales para recibir y responder a las preocupaciones de la industria, tales como la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration – FDA), la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency – EPA), la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration – DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation – FBI). Pero ofrece a las empresas pocos incentivos o motivaciones para actuar.

De hecho, un área poco explorada de cooperación entre la industria química y el gobierno para combatir el desvío de sustancias químicas sería la creación de incentivos positivos para las empresas que cumplen y son transparentes. Por ejemplo, crear una “lista blanca” en lugar de una lista negra. Algunas herramientas podrían ser un código voluntario de mejores prácticas, incentivos fiscales, sellos de integridad empresarial y otras prácticas de relaciones públicas, como una campaña sobre los efectos de las drogas sintéticas y el papel de las empresas para combatirlos.

En general, este enfoque requeriría comunicación y diálogo constructivo, posiblemente en grupos de trabajo público-privados, sin que ninguno de los dos lados etiquete al otro como corrupto o que no cumple las normas. También requeriría que los miembros del sector público enfrenten consecuencias negativas por no trabajar de manera cooperativa con la industria.

Hasta entonces, en zonas de producción de drogas sintéticas como Michoacán, el mismo lugar donde los grupos criminales amenazaban la cadena de suministro de guacamole del Super Bowl, los productores ilícitos tendrán pocos problemas para obtener sus productos químicos a nivel internacional o local.

En una visita reciente a la zona, preguntamos a un productor de metanfetamina dónde obtenía los materiales para fabricar la droga. No dudó en revelar el nombre de su proveedor: una empresa mexicana, de tamaño mediano, a unos 300 kilómetros de distancia.

*Steven Dudley, Victoria Dittmar, Sara García, Parker Asmann, Jorge Lara y Jaime López contribuyeron a la investigación de este artículo. Los hallazgos también se basan en consultas con un grupo de expertos, que incluye a miembros de la industria química, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de agencias multilaterales, personal diplomático y funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexicano. 

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Este trabajo fue realizado por InSight Crime. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.