“Cuando la justicia no es pronta y expedita, no es justicia”

Culiacán, Sinaloa.- “Soy Martha, madre de una adolescente abusada sexualmente cuando tenía 11 años y por este delito iniciamos un proceso en 2022, se judicializó en diciembre de ese año y la primera audiencia fue programada para enero del 2023”.

“Desde entonces van 15 audiencias diferidas que no permiten iniciar con el proceso judicial del caso de mi hija y es tiempo y dinero invertido en el que no se ha priorizado el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, menos el acceso a la justicia”.

“He tocado todas las puertas que he podido para que esto avance, pero hasta el momento lo único que ha pasado es que la persona denunciada y sus allegados han enviado mensajes de texto a mi, a mi hija y mi familia tratando de intimidarnos y asegurando que tiene comprado al personal de la Fiscalía y del Poder Judicial, pero no hemos desistido”.

 

“A mi hija, a quien represento, esto le ha generado un desgaste en su salud mental y en todo este proceso los retrasos se han presentado principalmente porque el acusado ha presentado recetas argumentando que está enfermo, pero la realidad es que sabe que está dilatando el proceso y tiene abogados que lo respaldan para solo dar largas. Es cuando pregunto ¿cuándo van a ver por el derecho de mi hija a tener justicia? Solo se han centrado en los derechos de él”.

“Mi familia y yo ya no vivimos en esta ciudad, por lo que cada vez que nos dan una fecha de audiencia yo me programo e invierto mi dinero para poder estar aquí. Son 15 audiencias en las que el proceso ni siquiera inicia. Insisto ¿en dónde está el derecho de mi hija a tener acceso a la justicia y en dónde está el interés superior de las niñas, niños y adolescentes?

“Dado que el proceso lleva un año y siete meses, desde noviembre del 2022 cuando pusimos la denuncia, y con las 15 veces que se ha diferido la audiencia inicial, puedo decir con certeza que la justicia no está siendo pronta, ni expedita”.

“Durante ese tiempo se me han dado largas en el juzgado, he recibido malos tratos por parte de las autoridades, cambios en los jueces, cambios de personal de la fiscalía, lo cual se contradice con garantizar los derechos de las niñas y adolescentes y sus derechos como presuntas víctimas sobre todo en delitos graves, como son los de índole sexual”.

 

“El prolongamiento para que el juicio inicie, ha provocado un ambiente de incertidumbre, inseguridad, zozobra, ansiedad y depresión en mi hija, en mi y en mi familia, ya que confiando en que las autoridades actuarían rápido para garantizar el derecho a la justicia en menores de edad, como el caso de mi hija, es que acudimos a la autoridad correspondiente a realizar la denuncia”.

“Cooperaron con ofrecer las pruebas necesarias para que se iniciaran las investigaciones, sin embargo, aún y cuando la Fiscalía judicializó la carpeta, hay obstáculos para comenzar con el proceso de ley que es el juicio, donde cada parte tenemos derecho a dar las versiones de los hechos y aportar pruebas”.

“Pero, durante estos 19 meses, he notado con tristeza y coraje como se han respetado más los derechos de la parte inculpada que los de mi hija menor de edad, y eso me ha generado desconfianza en la autoridad ya que, como familia, como su madre, he estado en la disposición de colaborar”.

“He acudido a todas las instancias de gobierno estatal posibles, donde he recibido apoyo y escucha, sin embargo, el poder judicial es independiente y depende de la voluntad y conocimiento del juez o jueza que le toque en su caso”.  

“Por eso, exijo al poder judicial que inicie el día de mañana viernes 28 de junio con el juicio para el desahogo del caso… Si se llegara a diferir nuevamente la audiencia, haré una convocatoria a un plantón en el palacio de justicia a familiares y víctimas que se encuentren en una situación similar, donde sus casos han sido dilatados en los tribunales”.

 

Martha, quien a pesar del trato que ha recibido del Poder Judicial y de allegados al victimario de su hija no deja de exigir justicia, fue acompañada este jueves en una rueda de prensa con integrantes del Colectivo Pitaya Árida, Red de Mujeres apoyando Mujeres.

Natalia Reyes, activista e integrante del Colectivo Pitaya Árida, se sumó al llamado de la señora Martha y a la exigencia de justicia, pues afirman que en este caso el Poder Judicial en Sinaloa está violentado el derecho a una justicia pronta y expedita, además de contribuir a generar un ambiente de revictimización y hostilidad durante el proceso.

“El derecho de acceso a la Justicia está previsto en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queremos dejar una cosa en claro: la justicia que no es pronta ni expedita, no es justicia. Y que el acceso a medias a la justicia, es impunidad”, afirmó Natalia.

 

Recordó que en este caso hay una menor de edad víctima de un delito de índole sexual, por lo que invitó a las autoridades judiciales a que dejen de dilatar los procesos y que no permitan que las personas inculpadas sigan retrasando el desahogo de pruebas.

“La obstaculización de la justicia no es más que una invitación a que se sigan consumando estos delitos, en una cadena en la que no hay sanciones para los agresores y eso genera desconfianza en el actuar de las autoridades, que merma en que las víctimas y sus familiares recurran a su derecho a denunciar, se investigue y eventualmente su caso llegue a juicio para la obtención de justicia”, señaló.

Lamentó que, por desgracia, este no es el único caso del que como colectivo tienen conocimiento respecto a que ya son 15 audiencias que se han diferido y también tienen relación a denuncias de delitos contra mujeres.

“El llamado es enérgico para que las autoridades judiciales garanticen la justicia expedita, que remedien las veces que han hecho esperar a las víctimas y se retomen los casos”.

 

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