Texto: Arturo Contreras Camero / Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue una imagen insólita: Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximos representantes del Poder Judicial, asistieron a la Cámara de Diputados, sede de una de las dos cámaras del Poder Legislativo, para inaugurar una serie de nueve foros en distintas regiones del país para discutir la Reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador.

Ministros, y algunos magistrados, jueces, y consejeros de la judicatura se reunieron con los líderes de bancada de los distintos grupos de la Cámara de Diputados. Con diferentes tonos y matices, la mayoría coincidió en la urgencia de mejorar las prácticas judiciales en el país.

“Tenemos una justicia elitista que privilegia a los que más tienen frente a los que no, maltratándolos”, dijo durante la intervención final el exministro de la Suprema Corte, Arturi Zaldívar, que formó parte del equipo de campaña de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y quien aportó diversas ideas a la reforma que ya existía.

“Tenemos un mandato popular que no podemos traicionar, 36 millones votaron por el Plan C, para que elijamos a nuestros jueces y juezas” añadió.

El Plan C, como ha explicado en innumerables conferencias el presidente López Obrador, consistió en que Morena tuviera una victoria arrasadora (como la que tuvo) en las elecciones y lograr así la mayoría en el Poder Legislativo para poder hacer reformas constitucionales como esta.

Ante la innegable mayoría que tendrá Morena a partir de septiembre, hasta el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, aceptó que se buscará el diálogo y la negociación durante los foros. “Un mensaje que entendemos es que tenemos que centrarnos en proponer. No nos vamos a señalar, queremos argumentar”, dijo.

Entre las propuestas de la reforma que el panista aseguró que su bancada, la mayor oposición que podría enfrentar Morena en el Congreso, está de acuerdo con propuestas de la reforma como recortar los tiempos de resolución de los casos, crear un órgano de administración y otro de disciplinario e incluso, a hacer un órgano más austero.

Sobre la elección por medio del voto popular, el panista aseguró que se buscará construir un punto medio para que se garantice la autonomía y profesionalidad de las personas juzgadoras.

Renovación progresiva y con carrera

 

La reforma propone hacer una renovación de los jueces, magistrados y ministros que integran el Poder Judicial de la Federación mediante su elección por voto popular, una de las propuestas que más revuelo ha causado. Estos puestos se eligen actualmente mediante la Carrera Judicial, un sistema meritocrático y de carrera profesional que va seleccionando a quienes juzgan mediante exámenes y pruebas.

“Hace 30 años se apostó por la Carrera Judicial, que puso en el centro la profesionalización de los mil 647 juzgadores que están en su cargo y que han trabajado por un posible reingreso o prórroga y ascenso que esté de acuerdo a sus aptitudes. Yo temo que esta propuesta pueda agravar varios problemas”, dijo el ministro Javier Laynez Potisek.

 

Así como Laynez Potisek, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que de sus 74 años, 55 los ha dedicado a la carrera judicial, defendió este proceso. El ministro empezó en este servicio como mecanógrafo y fue ascendiendo hasta ser presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. En la misma línea se posicionaron el ministro Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Sin embargo, Alcántara Carrancá contempló la posibilidad de diseñar una reforma que permita hacer convivir la carrera judicial con la elección popular de los cargos al interior del Poder Judicial.

Un poder independiente del pueblo

 

Las ministras Lenia Batres como Yasmín Esquivel se mostraron a favor de la reforma, pues coincidieron en que el Poder Judicial no solo es ineficiente, sino también elitista. Para demostrarlo, la ministra Batres, citó un análisis de las decisiones de la Suprema Corte.

De las cerca de 258 mil tesis únicas y jurisprudencias que ha emitido el máximo órgano de justicia del país solo 195 son sobre Educación, 70 de Salud, 30 sobre el Derecho a la Vivienda y 13 sobre el Agua; mientras que 12 mil 845 versan sobre impuestos, mil 387 sobre propiedad privada y 381 sobre el libre mercado, que se ha considerado un derecho humano, según dijo la ministra.

“Para nuestra población, la justicia en México es cara, es elitista, es desgastante, es humillante, es inaccesible e inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta y parcial. En una palabra, es injusta”, dijo durante su intervención.

Después propuso agregar controles a la Suprema Corte para que no pueda invalidar leyes nuevas (como ha sucedido con las reformas Eléctrica y Minera, aprobadas en esta administración, pero  impugnadas y detenidas por la Suprema Corte).

Por su parte, la ministra Esquivel propuso que la renovación que se haga de los jueces, magistrados y ministros de la justicia federal sea progresiva según se vayan dando sus renuncias o salidas de los cargos actuales para no interrumpir el trabajo y los casos que actualmente se desarrollan.

La defensa de Piña

 

Casi al inicio del foro, dentro de las primeras cinco intervenciones, se solicitó la intervención de la ministra presidenta de la suprema corte, Norma Lucía Piña, quien desde que fue nombrada en el cargo en enero de 2023, se plantó como una fuerte oposición al gobierno de López Obrador y de su reforma. La ministra cedió su lugar en la lista de oradores y pidió ser la última en usar la palabra, sin embargo, el exministro Arturo Zaldívar le quitó ese lugar.

“Seamos críticos de la justicia en México”, aceptó. “La realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro las necesidades de las víctimas y de los usuarios del sistema”, dijo durante la penúltima intervención.

“Compartimos el objetivo de mejorar la justicia en México, precisamente en este entendido entendemos nuestra responsabilidad, por ello, a inicios de este años el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una Agenda Nacional de Seguridad y Justicia, el objetivo más importante ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para proteger sus derechos”, dijo Zaldívar.

Después, presentó la síntesis de un trabajo que tomó más de 4 meses y llevó la escucha de miles de trabajadores del sistema judicial como defensores públicos, peritos, estudiantes y profesores de derecho y miembros de la sociedad civil.

Posturas firmes de rechazo

 

A pesar de que la mayoría de las posiciones se demostraron abiertas al diálogo, hubo tres que rechazaron por completo la propuesta del presidente o la posibilidad de debatir sobre ella y construir un piso en común.

Uno de ellos fue el ministro Antonio Gutiérrez Ortiz Mena, quien habló del costo económico que podría tener la reforma, de cómo la justicia se podría convertir en una subasta al postor con más votos y de cómo las empresas y la inversión podrían alejarse de México por la poca certidumbre; un discurso que se ha repetido no solo en su voz, sino en diversos medios corporativos.

Rubén Moreira, el líder de la bancada del PRI aseguró que el final de un sexenio no es el momento para proponer una reforma de la profundidad que tiene esta, por lo que las consecuencias podrían ser desastrosas.

Dante Delgado, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano aseguró que esta reforma más bien parece un proceso de la Santa Inquisición que busca doblegar la independencia de los jueces y magistrados a la voluntad presidencial.

***

Esta nota fue publicada originalmente en Pie de Página, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.