Sinaloa.- Con motivo de la próxima revisión del T-MEC ya a las puertas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revisa los conflictos existentes entre el tratado comercial y las iniciativas de política públicas que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca sean aprobadas antes del término de su mandato.

En lo que se ha catalogado como “Plan C”, se contemplan 18 iniciativas de reformas constitucionales. Entre estas, se incluye garantizar aumentos al salario mínimo no menores a la inflación, becas a estudiantes en situación de pobreza, el derecho a una pensión, junto con otras cuestiones. Según la investigación del IMCO, al menos 5 de las iniciativas propuestas podrían contradecirse con los acuerdos del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“El funcionamiento del T-MEC se enfrenta a posibles retos relacionados con acciones del gobierno de México, específicamente por una serie de iniciativas de reformas constitucionales que serán presentadas ante la nueva legislatura que entra en funciones en septiembre de 2024”, se puede leer en el comunicado de la institución.

 

Los conflictos entre las reformas constitucionales del Plan C y el T-MEC.

 

Una de las 5 reformas que, a ojos del instituto, atentan contra los estatutos del tratado, es la Reforma en Materia de Simplificación Orgánica. Esta consiste en la extinción de varios organismos autónomos, incluyendo a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Mientras que sus funciones se delegarían a dependencias alineadas al ejecutivo como la Secretaría de Economía o la Secretaría de Energía.

Lo anterior entra en potencial conflicto con los capítulos 18, 21 y 22 del T-MEC. Los primeros dos establecen que debe existir un organismo autónomo e independiente del poder federal que regule las telecomunicaciones, y una autoridad nacional especializada en aplicar las leyes de competencia. El 22 señala que los organismos administrativos que regulen a las empresas de propiedad estatal deberán ser imparciales.

La Reforma en Materia de Industrias Energéticas del Estado, que establece la preponderancia de la CFE en el mercado de la energía eléctrica y limita en gran medida a las empresas del sector privado, se contradice con el capítulo 14 del tratado. Esta cláusula indica que, si un país abre más su economía permitiendo más comercio o inversión extranjera, no podrá retroceder esas medidas en el futuro ni cerrar sectores previamente abiertos a participación privada.

En desacuerdo con el mismo artículo están, tanto la propuesta que da preferencia de la disponibilidad del agua para consumo personal y uso doméstico, como la que prohíbe las concesiones para actividades de minería a cielo abierto. Específicamente, con la indicación de que no se deberá favorecer a las empresas públicas por encima de las privadas extranjeras.

También, la prohibición de maíz genéticamente modificado que se incluye entre las reformas podría considerarse contraria a lo que estipula el capítulo 2, al imponer restricciones al comercio sin presentar evidencia científica.

De aprobarse las iniciativas, advierte el IMCO, podría resultar en demandas de arbitraje o sanciones comerciales por parte de Canadá o Estados Unidos.

“Las nuevas administraciones tienen la oportunidad de tomar decisiones que promuevan una mayor integración productiva en América del Norte, para lo cual es indispensable asegurar el cumplimiento de los compromisos comerciales”, termina el comunicado.

 

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