Ciudad de México.- En el marco de la reunión entre autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del Gobierno de Rubén Rocha Moya con la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, integrantes de la asociación civil CIVITAS-Universidad entregaron un documento en dichas oficinas para exigir que los procedimientos judiciales por presuntos actos de corrupción contra funcionarios universitarios no sean parte de la mesa de negociación.
Jorge Ibarra, integrante de CIVITAS-Universidad, confirmó la entrega de dicho documento a Secretaría de Gobernación, en el que expresaron su rechazo a que la mesa de negociación con autoridades de la UAS verse sobre los asuntos judiciales de presunta corrupción que pesan sobre autoridades universitarias.
“Eso debe transcurrir por las vías legales ya establecidas, pero estamos a favor, como lo ha señalado el presidente, de una mesa de negociación que sea la puerta de entrada a una nueva reforma universitaria”, expresó.
El también académico afirmó que la Universidad demanda ya una nueva ley orgánica que se adecúe a los cambios que han venido ocurriendo en materia democrática, de transparencia en todo el país. “Ya es tiempo que la Universidad se adecue a los cambios que el país ha avanzado”, añadió.
En el documento entregado en oficinas de la Secretaría de Gobernación, la asociación civil expresa lo siguiente: “Los universitarios sinaloenses coincidimos con el Presidente de la República en su llamado a una mesa de diálogo para destrabar el conflicto por el que atraviesa nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Empero, ese escenario debe tener como único fin la liberación de nuestra vida universitaria del grupo que la controla y por ende la mejora de la misma en todos sus aspectos”.
Y añaden que “evadir la responsabilidad de liberar a la universidad sería un fracaso que no podemos permitir. Claudicar en este propósito no solo significa traicionar a una institución que nos merece la más alta gratitud, también sería la invitación a que otras instituciones sean tomadas por los astutos, sin mayor principio que la ambición de poder”.
Incluso lamentan “la exigencia que hacen las autoridades universitarias en Sinaloa para que la mesa de diálogo sirva para revisar procedimientos judiciales”.
“Nos parece desafortunado, no solo por el desdén que esto significa al sistema judicial mexicano, sino también por la lamentable imagen que se proyecta, pues olvidan que sus actuaciones forman parte del compromiso con la legalidad y la cultura cívica”, agregaron.
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