La depuración de malos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Mazatlán se ha colocado en la lista de prioridades del alcalde Edgar González Zataráin, pero también requiere de la urgente intervención del Gobierno de Sinaloa y del Consejo Estatal de Seguridad Pública para que inicie la destitución de elementos que representan peligro para la población y los turistas cuya protección está a cargo de policías que decidieron ser parte del bando criminal.
La tarea que se ha echado a cuestas el presidente municipal reclama la intervención de dependencias estatales y federales para que el saneamiento suceda a profundidad y con la celeridad que el caso plantea, pues simultáneamente a dar de baja a agentes que incurren en abusos y actos delictivos debe implementarse la sustitución con criterios de profesionalización, respeto a los derechos humanos y colaboración con la gente pacífica.
Es importante conocer hasta qué niveles ha penetrado la conducta indebida de los policías y afrontar las decisiones en el caso de que también los mandos de la corporación estén implicados, por acción u omisión, porque de lo contrario si se opta por limpiar la superficie del problema y ampliar la permanencia de directivos cómplices, tarde o temprano el remedio resultará peor que la enfermedad.
Al tratarse de una operación gubernamental completa se hace indispensable el mayor involucramiento social, con colegios de abogados, organismos de derechos humanos y líderes de movimientos cívicos, trabajando a la par con instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Universidad de la Policía y el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán.
La crisis policiaca de Mazatlán no admite justificaciones ni desidias de parte de los diferentes niveles de autoridad y tampoco se acepta el argumento de que le sale económicamente muy caro al gobierno cortar de tajo a los elementos nocivos.
El costo de que permanezcan activos, que se les confíe el cuidado de la población y visitantes, sería más alto en razón de las víctimas y la negligencia de que la seguridad pública continúe a cargo de potenciales infractores de la ley.
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