La aprobación en el Congreso del Estado por la vía rápida de la minuta de decreto del Senado que le dio luz verde a la reforma al Poder Judicial, misma que atenta contra la autonomía de los poderes de la Unión, significa una evidencia más de que los sistemas parlamentarios nacional y estatal funcionan ágiles para satisfacer a camarillas políticas y se traba al tratarse de asuntos de interés público.

Con 31 votos a favor y en una jornada fast track, la 64 Legislatura del Congreso de Sinaloa respaldo anoche la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el contexto de traiciones políticas, rechazo social y advertencias de organizaciones nacionales e internacionales que avisan del paso que da México hacia la dictadura.

La bancada del Movimiento Regeneración Nacional y diputadas y diputados aliados demostró la enorme capacidad de someterse a los dictados de López Obrador y la resistencia a atender el cúmulo de iniciativas ciudadanas que la gente les confía, con la idea de que los asambleístas trabajan para el pueblo que los eligió, no para el partido o el poder que los coptó.

 

Se trata de una maniobra servil que se ha generalizado en los congresos estatales controlados por Morena, y que reedita el modelo de aplanadora legislativa de la 4T en las cámaras de diputados y senadores que se olvidaron de la sana separación entre Ejecutivo y Legislativo, operando incluso para someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los designios del presidente de la República en turno.

Los representantes populares, sin duda, se reducen a servidumbre de partidos y políticos abdicando a la misión de proteger a los ciudadanos en general. Con el reciente manotazo cínico y autoritario que inclina la balanza de la justicia hacia donde lo ordenen en Palacio Nacional se derrumba un contrapeso monumental y se erige una peligrosa estructura de autoritarismo.

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