Culiacán, Sin.- Aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa mantiene la figura del Rector y del Consejo Universitario como las máximas autoridades al interior de la institución.

Y es que aun cuando la reforma contemplaba la creación de un nuevo órgano de autogobierno con autonomía técnica, el Tribunal Universitario, que además se perfilaba como el único contrapeso al interior de la Universidad, esta propuesta fue eliminada de última hora a propuesta del ahora exdiputado local José Manuel Luque Rojas.

¿Por qué era importante el Tribunal Universitario de la UAS?

 

De acuerdo con la Ley Orgánica, el Tribunal Universitario sería un órgano colegiado y autónomo en su funcionamiento y resoluciones, encargado de conocer y resolver sobre las faltas a la legislación interna de la Universidad, así como las violaciones a los derechos de las y los universitarios.

Es decir, este ente se perfilaba para tener competencia en la resolución de controversias que resultaran de la interpretación de la normatividad universitaria y la aplicación de su ley, y en dado caso, imponer sanciones y medidas disciplinarias a quienes infrinjieran estos ordenamientos. En pocas palabras, funcionaría como un contrapeso frente a posibles arbitrariedades.

“Sus resoluciones serán obligatorias para todos los universitarios, incluyendo a las autoridades”, ordenaba la Ley Orgánica de la UAS, hasta unas horas antes de ser aprobada por la 64 Legislatura.

De esta manera, el Tribunal Universitario tendría autonomía técnica, presupuestaria y de gestión en su actuar y determinaciones.

De acuerdo al artículo 81 de la Ley Orgánica, el Tribunal debía estar conformado por cinco integrantes que debían contar con mínimo licenciatura en Derecho, ellos tendrían voz y voto y designarán entre ellos a una presidenta o presidente.

En el artículo 82 se señalaba que los integrantes del Tribunal Universitario serían electos mediante voto libre, secreto y directo de la comunidad universitaria, en un proceso organizado por la Comisión de Elecciones Consultivas. Dicha comisión estará conformada por integrantes del Consejo Universitario.

“Cualquier miembro de la comunidad universitaria que cumpla con los requisitos que marca esta ley, podrá postularse para integrar el Tribunal Universitario”, se indicaba hasta antes de la propuestra del diputado Luque Rojas.

“Para formar parte del Tribunal, los aspirantes deberán ser parte de la comunidad académica en activo, contar con reconocida trayectoria profesional y experiencia de cuando menos tres años en el ámbito del derecho”, se mencionaba0.

 

Asimismo, sería el Consejo Universitario quien emitiera la convocatoria pública y abierta al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y las personas integrantes del Tribunal Universitario durarían en el cargo tres años.

El Tribunal Universitario contemplaba también una Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya función sería la defensa de los derechos de quienes integran la comunidad universitaria, previa solicitud de estos.

“La persona titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios será designada por el pleno del Tribunal Universitario”, se especificaba en la nueva Ley Orgánica de la UAS.

 

Pero al final, antes de la aprobación en una sede alterna al Congreso Local, “se desechó la idea de fortalecer al Tribunal Universitario como un órgano de control de la legalidad y con ello se mantienen irrevocables las decisiones del Consejo Universitario como autoridad suprema”, criticó Jorge Ibarra en su columna publicada en Noroeste el 26 de septiebre.

La crítica de Jorge Ibarra a la Reforma, uno de sus principales promotores

 

La crítica de Jorge Ibarra, académico de la UAS y uno de los principales promotores de la reforma a su Ley Orgánica, lamentó que la nueva Ley, por su contenido, no es la que necesitaba la UAS para construirse un nuevo futuro.

Ibarra reconoció avances en paridad, democracia, gratuidad y equidad de género, pero criticó que “no fueron tomadas en cuenta las principales inquietudes plasmadas en las 36 propuestas entregadas al Congreso”.

Y se refirió concretamente a tres puntos que de haber sido considerados, “hubieran robustecido la democracia, la legalidad y la preponderancia académica en la Casa Rosalina”.

Entre estos elementos, mencionó el haber desechado el fortalecimiento de un Tribunal Universitario; la no eliminación de la figura de la reelección, pues sostiene que “con ello se deja abierta la posibilidad de que cualquier grupo permanezca en la administración hasta por ocho años”; y, finalmente, la eliminación de una serie de “requisitos de idoneidad que aseguraban la solvencia académica de la persona a ocupar la Rectoría”, es decir, la flexibilidad de los mismos para quien aspire a llegar a la rectoría.

*Con información de Francisco Castro

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