El Gobierno de Sinaloa acusó que existen problemas de corrupción en la administración de la UAS.

A través de un desplegado se da a conocer que hay un presunto daño patrimonial por un monto acumulado de 533 millones 784 mil 433.75 pesos por procesos de compras, contrataciones y adquisiciones entre los años 2020 y 2022.

Dichos montos fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en la auditoría forense 1705, publicada en marzo de este año, así como por la Fiscalía Anticorrupción del Estado en 10 procesos penales.

En esos procesos se encuentran señalados los ex rectores Juan Eulogio Guerra Liera y Jesús Madueña Molina. Este último se encuentra retirado del cargo como medida cautelar para que enfrente los 10 procesos penales y otros dos por presunto abuso de autoridad al no dejar que la Auditoría Superior de Sinaloa revise los ingresos propios de la Universidad.

El 4 de octubre, un juzgado local retiró del cargo también a Robespierre Lizárraga Otero, quien era el director jurídico de la Universidad y luego encargado del despacho de la Rectoría, en sustitución de Madueña Molina.

Ese mismo día se nombró a Candelario Ortiz Bueno como nuevo encargado del despacho y su primer acto de administración fue convocar a un paro de labores, el cual comenzó el 7 de octubre, solicitando la intervención a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ortiz Bueno dijo en su posicionamiento que se trataba de una forma de protesta por los “atropellos cometidos durante año y medio contra la institución”, pues además de la destitución de Lizárraga Otero se suma la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica de la UAS, la cual se publicó el 2 de octubre.

Rocha Moya señaló que lo que se hace en la Universidad Autónoma de Sinaloa es un atropello a la autonomía, negando así el acceso a la educación a estudiantes, así como utilizando recursos de manera indebida.

“Manejan a la Universidad como si fuera propiedad privada”, expresó el mandatario en conferencia de prensa el 7 de octubre.

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Imagen: gobierno de Sinaloa

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