El ataque dirigido contra el periódico El Debate de Culiacán es una agresión directa de la delincuencia organizada hacia periodistas y medios de comunicación de Sinaloa, la cual plantea la exigencia a los gobiernos federal y estatal de la acción enérgica e inmediata sustentada en la ley para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto actual de violencia de alto impacto.
La cobertura de la prensa a la crisis que presenta la seguridad pública en Sinaloa ha sido de alto riesgo para reporteros y medios, obligando a que éstos asuman medidas de autoprotección en cuanto a sus líneas editoriales y trabajadores, en menoscabo del derecho a la información que la Constitución otorga a la ciudadanía.
Sin embargo, de la amenaza y el amedrentamiento el crimen organizado transmutó al ataque directo escalando al atentado que al enderezarse contra El Debate transgrede libertades y derechos que les son inherentes a la sociedad en general, y por lo tanto la repetición y la impunidad darían paso a la ingobernabilidad donde los transgresores del marco jurídico se sitúen por encima de instituciones y autoridades obligadas a proveer la legalidad y estabilidad.
Ninguna actividad humana legítima encuentra condiciones de desarrollo en situaciones de anarquía que en cuanto más tarda el Estado en imponerse es mayor el poder de la delincuencia para alterarlo todo, siendo el caso de Culiacán donde se ha informado de la presencia de bastante fuerza pública militarizada y civil sin que la población note el resultado traducido en paz y orden.
Sinaloa necesita de la acción cualitativa y cuantitativa de las autoridades que detenga, ya, la jornada criminal de mes y medio de muertes y heridos, desapariciones forzadas, secuestros, robos, asaltos, bloqueos a vías de comunicación, peligros para periodistas y medios, y delincuentes que se desplazan con arsenales de guerra sin ser detectados o aprehendidos. Ya, presidenta Claudia Sheinbaum; ya, gobernador Rubén Rocha.
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