Uno de los cerebros detrás del enfoque militarizado de México contra el crimen organizado fue sentenciado a más de 38 años en prisión en Estados Unidos, aunque persisten las preguntas sobre la efectividad de los juicios a antiguos aliados del país para frenar la corrupción en América Latina.

El juez federal, Bryan Cogan, dictó la sentencia de 460 meses a Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad de México, en un audiencia el 16 de octubre en el Distrito Este de Nueva York. La sentencia viene después de que García Luna fuera condenado —en febrero de 2023— por aceptar sobornos a cambio de proteger a narcotraficantes durante su tiempo como secretario de seguridad pública entre 2006 y 2012.

El juez Cogan dijo que aparte de su «comportamiento muy agradable y
articulación», García Luna tenía el «mismo tipo de carácter mafioso que El Chapo”, el exlíder del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, condenado en 2019 a cadena perpetua por el mismo juez.

En una carta escrita a mano enviada un día antes de su audiencia, García Luna le pidió a juez la sentencia más corta posible, además de pedirle que considerara “la información falsa presentada por el actual gobierno de México y los testigos criminales”.

En un memorando de sentencia presentado el mes pasado, los fiscales describieron cómo García Luna “aprovechó su poder y autoridad aceptando millones de dólares” del Cartel de Sinaloa, una “organización de tráfico de drogas que juró perseguir”.

García Luna ha negado vehementemente las acusaciones. En su memorando de sentencia, su equipo legal resaltó más de 40 premios internacionales recibidos por el exoficial de gobiernos de todo el mundo por su “vigilancia”. Esto incluye al menos ocho galardones de agencias gubernamentales de los Estados Unidos como la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA).

García Luna fue una figura clave en la administración del expresidente mexicano Felipe Calderón, que inició la “guerra contra las drogas” en el país cuando asumió el poder en 2006. Durante su juicio, un número de traficantes testificaron que habían sobornado a García Luna en varias ocasiones a cambio de protección oficial. Esto, al tiempo que García Luna colaboraba con las autoridades de Estados Unidos en actividades antinarcóticos.

Jesús Zambada, alias “El Rey”, el hermano del recientemente capturado líder del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada, alias “El Mayo”, dijo que había entregado pagos en efectivo a García Luna en persona y a través de uno de sus colaboradores de confianza, Luis Cárdenas Palomino. Las autoridades de Estados Unidos acusaron a Palomino de narcotráfico en junio de 2020. Era el encargado de supervisar las operaciones regionales de la policía federal y trabajó directamente debajo de García Luna, pero sigue prófugo.

“Es difícil sobreestimar la magnitud de los crímenes de García Lina, las muertes y la adicción que facilitó y su traición al pueblo mexicano y los Estados Unidos”, afirmaron los fiscales estadounidenses en el memorando de sentencia.

Análisis de InSight Crime

 

La larga sentencia de García Luna es otra victoria simbólica, pero vacía, para el gobierno de Estados Unidos. A pesar de llevar casos de alto perfil contra políticos y oficiales de seguridad corruptos, no es claro si enjuiciarlos sirve para prevenir estos crímenes.

“Me parece que no es necesariamente un inhibidor para la corrupción del lado mexicano”, dijo Eunice Rendón, analista de seguridad y experta en el crimen organizado en México, a InSight Crime. “Lo que sí puede inhibir a lo mejor es que quien comete ese tipo de ilícitos, pues no vaya a Estados Unidos”.

Luego de dejar su cargo, García Luna se instaló en Estados Unidos. Eventualmente, fue arrestado por agentes federales en Texas. El año siguiente, agentes de la DEA arrestaron al exministro de defensa mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda por cargos de tráfico de drogas en el aeropuerto de Los Ángeles. La acusación fue desechada rápidamente luego de una disputa diplomática entre ambos países y Cienfuegos fue enviado a México, donde no enfrentó cargos. Además, en 2019, el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigations, FBI) arrestó a Edgar Veytia, el exfiscal general del estado costero de Nayarit, que luego testificó contra García Luna, mientras intentaba cruzar a Estados Unidos a través de San Diego.

La sentencia llega un momento crítico para la relación de seguridad entre ambos países. El juicio a García Luna y el incidente con Cienfuegos generaron importantes debates políticos en ambos países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el próximo jefe de Estado en Estados Unidos tendrán que restaurar la tensa relación. Recientemente, las autoridades estadounidenses dejaron de lado a sus contrapartes mexicanas durante el arresto de El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, líderes del Cartel de Sinaloa.

“Siempre ha habido una desconfianza hacia las agencias estadounidenses … en México en materia de seguridad”, dijo Rendón. “La DEA, que fue de las autoridades más cercanas al secretario, ¿cómo no se dieron cuenta o por qué no dijeron nada en el momento que ellos estaban más metidos que nadie en México?”

Adicionalmente, el juicio a García Luna fracturó las instituciones de seguridad en México al exponer la corrupción en su interior, explicó Rendón. Es el oficial de más alto rango en el país en enfrentar la justicia en Estados Unidos.

“Es una historia que va a seguir sucediendo hasta que no se consoliden instituciones de seguridad que estén bien organizadas, bien vigiladas, con controles también, no solo de confianza, sino con controles internos y externos”, le dijo a InSight Crime.

*Alex Papadovassilakis, investigador de InSight Crime, colaboró en la elaboración de este artículo.

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Este trabajo fue realizado por InSight Crime. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.