Un trabajo pro bono es aquel que se realiza sin recibir una remuneración económica. José Mario de la Garza Marroquín, quien se desempeña como presidente de la Barra Mexicana de Abogados y se ha enfocado en el ejercicio de la abogacía por las causas sociales, define al trabajo legal pro bono de la siguiente manera:
“La defensoría pro bono es la atención de problemas sociales jurídicos de forma gratuita por parte de abogados y abogadas”
El propio sufijo “pro bono” viene del latín “Pro bono público”, que indica de manera literal que algo se hace para el bien del pueblo.
Algunos ejemplos de defensoría pro bono se pueden encontrar en el trabajo de la fundación Perteneces. Presidida por de la Garza Marroquín, esta defiende a personas en situación de vulnerabilidad que han sido encarceladas injustamente, y emprende litigios estratrégicos en diversas comunidades para la reformación de espacios públicos, como escuelas u hospitales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Todas estas acciones, se efectúan sin fines de lucro.
Por su naturaleza, el trabajo legal pro bono resulta mucho menos redituable que otras modalidades de ejercer la profesión. El abogado explica esta limitación en entrevista para Revista Espejo:
“El trabajo pro bono en México sí es muy mal pagado. Las organizaciones de la sociedad civil tienen pocos recursos, no hay mucho dinero, entonces sí tiende a pagarse mal. Entonces un jóven que se gradúa prefiere trabajar en una organización donde les van a pagar más dinero, que meterse a trabajo pro bono, con poco dinero y donde el tema del crecimiento puede ser poco”
En México, el trabajo legal pro bono tiene un gran potencial de impacto, asegura el abogado, al existir tantas personas que necesitan representación legal pero no pueden costear un litigante a la usanza. Sin embargo, tanto la academia como el sector público han descuidado el papel de esta labor dentro de la atención a los problemas sociales, especialmente a aquellos que afectan a poblaciones en situación vulnerable.
“De alguna manera muy limitada, en algunas escuelas de derecho se abren clínicas, van y buscan casos y los defienden. No es un plan institucional donde todas las universidades tengan actividades pro bono y vayan a las comunidades. No existe, son esfuerzos aislados. Salvo eso, yo te diría que es una práctica básicamente olvidada. La mayoría de la abogacía en México no está haciendo trabajo social”
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